Ocurrió el 18 de julio de 1992 durante la presidencia de Alberto Fujimori. Un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle –conocida como La Cantuta, debido al nombre de la zona donde se encuentra– fueron secuestrados y desaparecidos por el grupo paramilitar Colina, vinculado al Ejército peruano.
Ese suceso fue notable no sólo por las violaciones a los derechos humanos, sino por la impunidad de la que gozaron sus perpetradores. Fue una masacre que el gobierno peruano presentó como fundamento, en 2003, para pedir la extradición de Alberto Fujimori, primero a Japón y luego a Chile, países a los que había viajado el ex mandatario.
La Fiscalía Penal número 4 Supraprovincial de Lima nombró está semana al fiscal Juan Cruz Aguilar como miembro del equipo logístico que tendrá la tarea de buscar los restos de las víctimas de la masacre de La Cantuta que hasta hoy no se pudieron encontrar.
El fiscal superior coordinador de la Fiscalía Penal Nacional, Víctor Cubas Villanueva, informó que de esta manera “se cumple con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de agotar todas las acciones necesarias para encontrar a las víctimas”.
Cubas Villanueva también recordó que en abril, el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, emitió una resolución para formar un grupo de trabajo que adopte las acciones necesarias para buscar los restos de los estudiantes y del profesor, que no habían podido hallarse en las exhumaciones realizadas en agosto de 1993 en las fosas de Chavilca, Cieneguilla y Huachipa.
“Se han adoptado las primeras diligencias y hemos encargado a la Fiscalía Supraprovincial de Lima para que se encargue de esta investigación complementaria con el fin de hallar los restos”, señaló el funcionario.
El grupo de búsqueda está integrado por el director del Instituto de Defensa Legal, Gino Dávila Herrera, y el director ejecutivo del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), José Pablo Baráybar, y el recién designado fiscal.
La investigación hasta el momento
A 21 años de la masacre de La Cantuta, el fiscal Cubas informó que se han realizado investigaciones previas para determinar el lugar dónde se encontraba el expediente original del caso. El letrado explicó que el expediente se encuentra en el fuero militar, donde se trató el caso en la década del noventa.
Cubas refirió que el grupo de investigación hará una visita inicial a los terrenos para que los peritos de antropología determinen las acciones a realizarse.
Por su parte, Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes asesinados por los paramilitares, sostuvo: “Esta decisión es importante y ayudará a cerrar el proceso de duelo de los familiares de las víctimas, cuyos restos no han sido encontrados.
“Han pasado siete años de la sentencia de la CIDH y durante este tiempo hemos pedido que se cumpla con buscar a nuestros familiares. Al fin nos han escuchado”, dijo Ortiz. Todavía no se encontraron los restos de Armando Amaro Cóndor, Heráclides Pablo Meza, Marcelino Rosales Cárdenas, Felipe Flores Chipana y del profesor Hugo Muñoz.
Por su parte, la abogada de los familiares de las víctimas, Gloria Cano, recalcó que “la designación del fiscal para agotar la búsqueda de los restos que aún no se habían hallado es un paso positivo en el proceso de alcanzar justicia” y señaló que “la Sala Penal Nacional acordó iniciar las gestiones para encontrar a las víctimas”, a la vez que vio como un gesto de buena intención que la Fiscalía ordenara la búsqueda de los desaparecidos.
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