Los vecinos de Funes, un pueblo de 15 mil habitantes y a menos de 25 kilómetros de Rosario, inauguraron en 2004 el primer «buzón de la vida», una caja metálica que recibe denuncias anónimas principalmente de delitos vinculados con la venta de drogas. Una decena de ciudades replicaron la iniciativa y se pretende que se expanda a las 360 comunas de la provincia de Santa Fe. Pero la medida tiene sus detractores y unas 2000 denuncias fueron frenadas desde las fiscalías federales de la ciudad.
«Cuando impulsamos la idea nos hicimos eco de las advertencias que había en las escuelas donde los chicos comenzaban a ser dominados por la droga. Lo propusimos en Funes y fue muy positivo porque la gente se sacó el miedo de denunciar», explicó a Tiempo Argentino Héctor Franza, el creador del «buzón de la vida» y principal encargado de multiplicarlo en las ciudades de Chabás, Pérez, Sastre, Las Rosas y Cañada de Gómez, entre otras.
En 2009, el buzón llegó a Rosario de la mano de la Fiscalía Federal, que incluso prestó sus dependencias, en Entre Ríos 738, para colocar uno de los receptáculos. Además, Rosario cuenta con otros seis buzones y el barrio de San Lorenzo, tiene otros siete.
Estas cajas están estratégicamente colocados en lugares públicos, donde se garantiza que no serán destruidos, como hospitales, bomberos voluntarios, municipalidades o cualquier organismo del Estado, a excepción de las comisarías. «Sería como poner al lobo a cuidar a las ovejas», resumió Franza, quien sospecha que detrás de cada narco hay uno o varios policías que lo ampara.
Una vez al mes, cada intendente o presidente comunal abre los buzones en un acto al que no faltan eminencias deportivas o figuras destacadas de la región y ante la presencia de un juez de cada jurisdicción, se labra un acta enumerando la cantidad de las denuncias recibidas. En un sobre lacrado, las mismas son remitidas a las fiscalías federales de Rosario.
Luego, el fiscal de turno evalúa los escritos y confiere las investigaciones a la Policía de Santa Fe, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y Policía Federal; o bien, a Asuntos Internos en los casos donde se denuncia a integrantes de las fuerzas policiales.
Este circuito se cumplió hasta junio pasado, cuando el fiscal federal Juan Murray se negó a abrir el buzón de Entre Ríos 738 y a recibir el resto de las denuncias de los pueblos aledaños. Esto generó acusaciones cruzadas entre los defensores de la medida y los que la tildan de superflua, ineficiente y hasta estigmatizadora.
Por un lado, Franza cree que «el sistema es perfecto, muy simple y anima a la gente a denunciar lo que la policía, los fiscales y la política se resisten a ver. Genera una relación hermosa con los pueblos y bien aplicado saca la droga de los barrios».
El creador de los buzones sostuvo que se busca «voltear» la iniciativa porque hay una decisión política que impide a los fiscales que avancen: «En Santa Fe, como en otras provincias, la policía maneja una enorme caja negra conformada por la recaudación de delitos menores, abigeatos, narcotráfico, prostitución y el tráfico del puerto, entre otros», denunció Franza, quien recordó el caso de Hugo Tognoli, el ex jefe de la policía santafesina actualmente preso (ver aparte).
Para Franza, «las comisarías son las encargadas de recaudar y de enviar el dinero hacia las 19 brigadas de la provincia. Luego, sube al jefe de policía quien lo pasa al ministro de Gobierno. Manejan millones de pesos mensuales. Acá todos sabemos que hoy hay tres grupos políticos que se están disputando esta torta», lanzó.
Este debate se da en medio de la modificación del sistema de persecución penal en la provincia, donde los fiscales serán los encargados de dirigir las investigaciones en vez de los jueces. Para ello, Jorge Baclini fue designado fiscal regional de Rosario, quien tendrá a su cargo unas 80 fiscalías y otros tantos funcionarios judiciales que se pasen del viejo al nuevo sistema.
Respecto a los buzones, Baclini le dijo a Tiempo Argentino que «si bien Santa Fe aún no adhirió a la ley nacional que implica hacerse cargo del narcomenudeo, para resumirlo en pocas palabras pienso que el tema de los buzones se utiliza políticamente
para calmar los ánimos de una sociedad que necesita respuestas».
El fiscal regional, que estaría en funciones a finales de año, argumentó que «la información recabada de fuentes anónimas suele ser contradictoria, o cruzada por venganzas vecinales o entre las bandas. Habría que procesar y clasificar bien esos datos. Siempre voy a preferir los testigos de identidad reservada. No nos olvidemos que este tipo de denuncias secretas y anónimas tiene su origen cuando la Iglesia perseguía a los herejes durante la Inquisición.»
Este diario también consultó a Enrique Font, el ex secretario de Seguridad Comunitaria de la provincia, quien se mostró en contra de los buzones y a favor del 0800 que se implementó durante su gestión. «Se trata de una línea de atención gratuita con mayor reciprocidad entre el denunciante y el operador telefónico. Los datos son mucho más útiles y se filtra la información basura», continuó Font que coincidió con Fronza a la hora de juzgar a la policía: «Los buzones terminan beneficiando a las agentes vinculados al narcotráfico ya que se enteran de la apertura de los nuevos kioscos o bunkers y los ponen a trabajar bajo su órbita.»
«El show que conlleva la apertura de los buzones y todo ese folclore lo único que logran es lavarle la cara a la política y esto puede ser mucho más grave todavía», se quejó el ex funcionario y experto en criminalística.
En tanto, Franza se mostró más esperanzado al justificar que todo depende de la decisión política de permitirle a las fiscalías federales avanzar en las investigaciones.
«Si fueran a fondo y no hubiera corrupción, en un mes barremos con todo la droga», se animó a decir. «
Extenderlo a todos los municipios
La diputada provincial del bloque unipersonal La hora del Pueblo, Miriam Cinalli, le solicitó a la Legislatura santafesina que convoque al fiscal federal Juan Murray para que explique por qué no abrió en junio el «buzón de la vida» instalado en las fiscalía y por qué se negó a recibir unas 2000 denuncias acumuladas en Rosario y las ciudades de los alrededores.
Cinalli impulsó el proyecto de Ley que propone que el «buzón de la vida» llegue a todos los municipios de Santa Fe. La iniciativa fue apoyada por unanimidad en Diputados, pero espera la media sanción de Senadores.
La legisladora es oriunda de Chabás –un pueblo de 9000 habitantes– donde su marido, Osvaldo Salomón, fue presidente comunal durante dos años. “En nuestra ciudad la experiencia fue muy buena. Los vecinos somos los mejores informados y sabemos quién y dónde se vende la droga”, dijo a Tiempo Argentino.
«Cuando Salomón estuvo al frente, removió a 12 comisarios. La situación se desmadró. Antes, los consumidores debían ir a otros pueblos a buscar. Ahora, la tienen en cada esquina», explicó.
La protección policial
El ex jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, renunció a fines de 2012 luego de la difusión de una investigación judicial que lo vinculaba a la protección de grupos de narcotraficantes que operan en la provincia. En la actualidad, Tognoli está detenido por temor a que pueda entorpecer las causas en su contra.
El fiscal federal Juan Murray cree que Tognoli junto a sus subalternos indagó en 2009, cuando estaba al frente de Drogas Peligrosas, sobre las identidades y los vehículos en los que se movilizaban agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que estaban detrás de Carlos Ascaíni, uno de los entonces narcos más buscados del sur de Rosario.
La fiscalía sostiene que la información llegó a las manos de Ascaíni y que a cambio, Tognoli y sus hombres habrían recibido una gran suma de dinero.
Además, el ex jefe policial tiene otros procesos judiciales donde se le imputa encubrimiento doblemente agravado, violación de los deberes de funcionario público y omisión de persecución de imputados por amenazar a Lidia Castaño, una dirigente social que lo había denunciado varias veces por brindar una supuesta protección a los narcos.
El dato
Crímenes
Según un informe de la Universidad Nacional de Rosario, en el primer semestre de 2013 se produjeron más de 110 crímenes vinculados al narcotráfico. En 2004, hubo 70 homicidios.
