El TSJ confirmó la negativa de la Cámara a conceder el beneficio, al estimar que los procesados también deberían solventar la diferencia entre lo que efectivamente abonaron y lo que aparentaron haber pagado.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazó la casación deducida por la defensa del imputado Eduardo Otermin en contra de lo resuelto por la Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje, que no hizo lugar al beneficio de la suspensión del juicio a prueba formulado, al estimar que era irrazonable su ofrecimiento de reparación del daño causado.
A Otermin y a Rubém Monllor se les enrostra la presunta comisión del delito de defraudación por administración fraudulenta y uso de documento privado falso, en concurso ideal.
Las maniobras consistieron en aparentar que el pago por los bienes adquiridos en representación de los denunciantes fue de un importe mayor que el que efectivamente desembolsaron, a la vez incluir como una de las compradoras de uno de los inmuebles a una hija de Otermin.
Perjuicios
En relación con los perjuicios sufridos por los damnificados, de la plataforma fáctica contenida en la requisitoria fiscal de citación a juicio surge que los querellantes vieron perjudicados sus intereses al ser privados de una tercera parte de un inmueble y porque desembolsaron una suma mayor que la que los imputados abonaron por las operaciones que realizaron en su nombre. Como reparación, solicitaron que se considerara daño moral y material. A la vez, reclamaron la transferencia de la parte del lote. Por su parte, los encartados ofertaron concretar ese acto dentro de los 10 días de notificada la concesión del beneficio.
Al oponerse, las víctimas resaltaron que el proceso les ocasionó importantes pérdidas de chance, tiempo y dinero, puesto que residen en Estados Unidos. También denunciaron la “candidez” con la que los imputados toman la Justicia.
Posibilidades
En cuanto a las posibilidades económicas de éstos, del expediente surge que se trata de personas con instrucción, comerciantes, con viviendas propias, que no padecen ningún impedimento psíquico ni físico y que contrataron abogados particulares.
A su turno, con voto de la jueza María Esther Cafure de Battistelli (foto), la Sala Penal del TSJ -integrada, además, por Aída Tarditti y Mercedes Blanc de Arabel-, efatizó que de ninguna manera afirmó en un precedente, como intentó hacer ver el impugnante, que la sola transferencia de la titularidad de un inmueble pueda resultar suficiente a los fines de la reparación del daño causado.
En tanto, precisó que el núcleo del caso no sólo se focalizaba en que se incluyó como compradora a una persona que no puso dinero, sino también en que los imputados abonaron por los bienes adquiridos en representación de los damnificados una suma menor que la que aparentaron haber abonado.
“Contrariamente a lo que alega la defensa, la trasferencia de la tercera parte indivisa del inmueble en cuestión sólo resuelve una parte del conflicto penal”, resaltó la sala, estimando que, por consiguiente, además de ofrecer restituir aquélla, deberían también proponerles a los damnificados –por lo menos- hacerse cargo de la diferencia entre lo que efectivamente abonaron y lo que aparentaron haber pagado.
Además, la magistrada concluyó que el ofrecimiento económico realizado por los encartados lucía notoriamente desproporcionado al estar relacionado con la extensión del daño causado, ya que las víctimas, constituidas en querellantes particulares y actores civiles, no sólo pretendían la transferencia de parte del inmueble –tal como ofrecieron los encartados- sino que solicitan un resarcimiento económico equivalente a la suma de US$25.000.
“Si bien no se pretende aquí, tal como lo hace notar el sentenciante, una reparación integral del presunto daño, debe existir una equivalencia entre la existencia y extensión del supuesto daño, las pretensiones de la víctima y las reales posibilidades de pago del imputado, circunstancia que no se avizora en autos desde que en el caso los encartados ni siquiera realizaron una oferta que llegue a cubrir parte de la diferencia entre lo que efectivamente se pagó por los inmuebles adquiridos y lo que se hizo constar en el boleto, como tampoco lo percibido por Monllor en concepto de comisión inmobiliaria, como sí la habían realizado en su primer pedido de suspensión del juicio a prueba”, puntualizó.
Conflicto
Paralelamente, Cafure de Battistelli señaló que tampoco surgía de la causa ni intentó demostrar el quejoso que los encartados y, en particular su defendido, se encuentren en una situación de estrechez económica que les impida realizar una oferta que resulte razonable.
Para finalizar, subrayó que el nuevo pedido de probation formulado se presentó más como una forma de seguir dilatando el proceso penal -que lleva más de 10 años- y no como la mejor manera de concluir con el conflicto suscitado.
