Poco supersticiosos, los miembros de la Comisión de Seguridad del Senado bonaerense tratarán el martes 13 de agosto el proyecto de Policía Comunal enviado por el Poder Ejecutivo y reclamado enfáticamente por Sergio Massa y sus seguidores, entre los que se cuenta el intendente de Olavarría, José Eseverri.
Dos días después esa iniciativa, seguramente modificada, será tratada en la Cámara alta y muy probablemente recibirá media sanción.
Otra de las leyes del combo para la seguridad diseñadas por el gobierno bonaerense fue aprobada algunas semanas atrás. Se trata de la que limita las excarcelaciones cuando los imputados hayan empleado armas de fuego y que fue llamada, quizá sin exactitud, como de «pacificación».
La tercera y no la menos importante es la que establece el juicio por jurados para delitos graves, que supongan la posibilidad de una pena de 15 o más años de prisión.
El oficialismo quiere llegar a los comicios legislativos con esas leyes aprobadas, con lo que podrá presumir de contar con una legislación de «vanguardia», más allá de los reparos de opositores y miembros del Poder Judicial.
La «ley de pacificación es una versión de la que fue suspendida por la Suprema Corte de Justicia ante un planteo de organismos de derechos humanos, entre ellos el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), entidad que tampoco considera conveniente la norma que fue despojada de sus aristas más controversiales.
Antes de que la Corte resolviera la cuestión de fondo, es decir si se ajustaba a la Constitución o no, el gobernador Daniel Scioli decidió enviar a la Legislatura otra que en lugar de obligar a los jueces a restringir las excarcelaciones los faculta para ello.
Aunque los críticos sostuvieron en su momento que ya los magistrados podían decidir mantener en prisión a un sospechoso al que encuentren con armas de fuego en su poder y haya intentado eludir a la Policía, el Ejecutivo se congratula de la nueva norma y asegura que influirá en un descenso de la violencia.
Para el CELS, cualquier ley que envíe a más personas a prisión no hará más que agravar la explosiva situación carcelaria, donde hay poco más de 29.000 presos con una cantidad de plazas que no llega a las 19.000.
En la cuestión de las policías municipales para distritos de más de 100.000 habitantes -donde está incluida Olavarría- habrá seguramente un debate más intenso, ya que no todos los intendentes están dispuestos a aceptar hacerse cargo de una fuerza de seguridad conflictiva y plena de mañas. Eso por no hablar de la posibilidad de que termine convirtiéndose en una enorme aspiradora de fondos.
El massismo pretende que la Provincia se siga haciendo cargo de los gastos, al menos de los actuales. Pero dada la situación financiera provincial, no hay garantías de que el dinero llegue en tiempo y forma, y las arcas municipales podrían terminar siendo sangradas para mantener en funcionamiento a la Policía.
El proyecto original del Ejecutivo, girado meses atrás a la Legislatura, contempla que el manejo real de la fuerza siga a cargo del Ministerio de Seguridad, pero lo más probable es que eso sea cambiado en la reunión de la Comisión de Seguridad.
Los impulsores de las policías comunales creen que si los intendentes se hacen cargo de la fuerza, deben contar con las facultades para manejarla. Si se impone finalmente la versión de policía comunal elaborada por Marcelo Sain, que es la que cuenta con mayores apoyos, la Bonaerense prácticamente habrá dejado de existir como la conocemos hasta ahora.
Y los intendentes deberán aprender a lidiar con una fuerza de seguridad.
Si se cumplen los deseos del Gobernador, es muy probable que antes de votar en octubre unos cuantos ciudadanos ya sepan que han sido incluidos en la lista de jurados que pueden ser convocados para que decidan sobre la culpabilidad o inocencia de un acusado por delitos graves.
Es que el proyecto de ley sobre el juicio por jurados establece que quince días después de publicada la ley en el Boletín Oficial, la Junta Electoral deberá confeccionar los listados de ciudadanos en condiciones de formar parte del tribunal y proceder al sorteo en una audiencia pública.
Se debe designar un potencial jurado por cada mil ciudadanos en cada Departamento Judicial. Ese listado tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año para el cual hayan sido designados los jurados.
Aunque el juicio por jurados fue incluido en la Constitución de 1853, sólo fue instrumentado en la provincia de Córdoba, donde funciona un sistema mixto.
En la provincia de Buenos Aires se pretende un juicio por jurados con mayor participación popular, más o menos como el que hemos visto en series de televisión y películas norteamericanas. Para los fiscales y los defensores, el nuevo esquema les implicará, ni más ni menos, aprender toda una serie de nuevas reglas y tratar de olvidarse de parte de los métodos de trabajo que están acostumbrados a utilizar.
Y muy probablemente comience a operarse un cambio cultural en la relación de la gente con la Justicia, ya que ahora tendrá participación directa en una decisión tan trascendente como la decisión de enviar o no a una persona a la cárcel por una larga temporada.
