El debate en torno a las políticas de seguridad se instaló en los últimos días en el centro de los cruces de campaña entre candidatos del oficialismo y la oposición. Y, en ese marco, la demora en el tratamiento legislativo del proyecto para instaurar en la Provincia el mecanismo de Juicio por Jurados se convirtió ayer en el disparador de una nueva polémica.
Como viene ocurriendo en este último tramo de la campaña electoral, la controversia tuvo como protagonistas a referentes del sciolismo y dirigentes alineados con Sergio Massa.
La polémica se inició a partir de las declaraciones que formó ayer temprano el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, quien envió un mensaje directo a la Legislatura por la demora en el tratamiento del proyecto para implementar los procedimientos con intervención de jurados.
El funcionario sciolista consideró que se dará “un paso muy fuerte” si la Cámara de Senadores provincial aprueba el proyecto de ley de juicios por jurados, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
“Es fundacional en lo que hace a la relación y el acercamiento de la Justicia con la ciudadanía. Es necesario que la ciudadanía comprenda cómo funciona la Justicia y ser parte de ese funcionamiento”, evaluó Casal.
En declaraciones a la prensa, el titular de Justicia y Seguridad provincial adelantó que “tendremos en la provincia de Buenos Aires el juicio por jurado con representación popular plena. Significa un juicio por jurados ciudadanos seleccionados por el padrón electoral. Va a ser un paso muy fuerte”.
debate sin fecha
El proyecto de ley de juicios por jurados impulsado por el sciolismo, que obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados en diciembre del año pasado, prevé la participación de doce miembros titulares bajo la presidencia de un juez, que ejercerá la dirección del debate y no intervendrá en el dictado del veredicto.
La iniciativa, cuyo debate en el Senado aún no tiene fecha, contempla que estarán capacitados para ser convocados como jurados las personas de entre 21 y 75 años de edad, argentinas o naturalizadas, que estén en pleno ejercicio de los derechos ciudadanos.
No se necesitarán conocimientos técnicos previos para valorar la prueba, y quedarán excluidos los funcionarios públicos, abogados, escribanos o procuradores, integrantes del Poder Judicial y fuerzas de seguridad.
“Fue una decisión del gobernador (Daniel Scioli). Y sería un paso muy fuerte si la Cámara de Senadores provincial aprueba el proyecto”, que ya cuenta con media sanción de Diputados, dijo Casal.
réplica massista
Las declaraciones del ministro sciolista no cayeron bien en el bloque de senadores del Frente Renovador, conducido por Jorge D’Onofrio, titular a su vez de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta.
Desde la bancada massista, recientemente conformada en el Senado, aseguraron que la demora en el tratamiento de la norma es responsabilidad del bloque del Frente para la Victoria.
“Luego de que se aprobara en Diputados el proyecto ingresó al Senado y recayó en las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales, presididas por Cristina Fioramonti y Santiago Carreras, ambos del Frente para la Victoria”, explicaron los legisladores del massismo.
“En ninguna de las comisiones tuvo tratamiento. Sin despacho de esos cuerpos no puede llegar al recinto. Si hablan de una demora en la sanción de la ley la responsabilidad es del propio oficialismo”, cargaron los senadores del Frente Renovador.
http://www.eldia.com.ar/edis/20130802/Round-electoral-demora-sancion-juicio-jurados-laprovincia2.htm
