El órgano de la ONU encargado de vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas mostró ayer su «preocupación» por la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que despenaliza la producción y distribución de marihuana.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) dijo en un comunicado que de aprobarse definitivamente dicha ley -falta el Senado-, estaría en «completa contravención» con las disposiciones de los tratados internacionales sobre drogas, de los que Uruguay es parte.
La JIFE aseguró que siempre ha tenido como objetivo mantener un diálogo con las autoridades uruguayas sobre esta materia, y lamentó que el gobierno de Uruguay se negara a recibir a una misión de este organismo antes de presentar el proyecto de ley.
La Junta, formada por trece expertos, instó a las autoridades uruguayas a que aseguren que el país sigue cumpliendo de forma completa el derecho internacional, y a limitar el uso de estupefacientes, incluido el cannabis, exclusivamente para fines médicos y científicos.
Según los expertos, de aprobarse esta ley podría tener «graves consecuencias para la salud y el bienestar de la población y para la prevención del uso indebido de cannabis entre los jóvenes», por lo que pidieron a las autoridades que consideren «todas las consecuencias posibles antes de tomar una decisión».
La posición de la JIFE va en línea con lo que opinan algunos juristas en Uruguay. Carlos Álvarez Cozzi, experto en derecho penal internacional, dijo a El País que de aprobarse la ley que regula la venta de marihuana Uruguay «pasaría a violar» la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobada en 1988 y que se conoce como Convención de Viena.
«Con esto Uruguay pasaría a violar un tratado que ha ratificado, y todo país que viola una regulación de este tipo se expone a sanciones internacionales. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la ONU podría emitir un comunicado contra Uruguay», dijo Álvarez Cozzi.
La Convención de Viena prevé en su artículo 3° que los países firmantes deberán penar la «producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica».
Álvarez Cozzi explicó que «ningún país puede violar un tratado internacional alegando la aprobación de una ley interna, sino que en todo caso lo que se debe hacer es denunciar el convenio para dejar de aplicarlo».
Su colega Edison González Lapeyre, experto en derecho internacional, dijo a El País que el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados «es violatorio de la Convención de ONU sobre Estupefacientes». Consultado sobre las consecuencias que podría generar para Uruguay si el proyecto finalmente es ley, González Lapeyre indicó: «El derecho internacional no tiene un gendarme que uno lo lleve preso ni le aplique medidas sancionatorias, pero sería un factor de desprestigio para Uruguay a nivel internacional».
Otras herramientas.
La respuesta del gobierno la dio el secretario de la Junta Nacional de la Droga, Julio Calzada. El funcionario minimizó la posición de la JIFE. «Es lo que naturalmente un organismos que se dedica a la fiscalización de esto hace», dijo.
«Es lo que ha hecho desde hace 33 años sistemáticamente con Holanda y supongo que habrá hecho lo mismo con Estados Unidos», por la posición de los estados de Washington y Colorado, que despenalizaron el consumo de marihuana.
Según Calzada, el gobierno «comparte la preocupación» de la JIFE sobre el problema de las drogas y el narcotráfico, pero aseguró que en Uruguay «vamos a trabajar con otras herramientas porque las que tenemos en la actualidad no nos dan los resultados que esperamos».
Calzada también respondió la posición del organismo de la ONU en cuanto a que la legalización de la comercialización y producción de la marihuana viola convenios internacionales. En ese sentido, dijo que el gobierno se afilia a la tesis del abogado Leonardo Costa en cuanto a que se incumplirían los tratados sobre derechos humanos «si se siguiera estrictamente el tratado de Viena sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas».
PROYECTO VOTADO EN DIPUTADOS
Los principales puntos del proyecto son la venta de marihuana en farmacias, el autocultivo para uso personal, los clubes de cannabis y las prohibiciones similares a las del tabaco.
El Estado regulará y los privados producirán
El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en la noche del miércoles pone en manos del Estado la regulación de la importación, exportación, plantación, almacenamiento y distribución de cannabis. La producción queda en manos de privados.
Farmacias podrán vender hasta 40 gramos de droga
Se autoriza al Instituto de Regulación y Control de Cannabis (Ircca) a otorgar licencias para la venta de marihuana en farmacias. Se permite el retiro de hasta 40 gramos mensuales por usuario; para poder hacerlo hay que registrarse.
Autocultivo de hasta seis plantas por hogar
El articulado habilita la plantación de hasta seis plantas de marihuana por hogar para uso personal o compartido, esto equivale a un máximo de 480 gramos anuales.
Clubes de membresía
El Ircca podrá autorizar la plantación de marihuana a clubes de membresía, los cuales deben tener un mínimo de 15 y un máximo de 45 socios. Podrán plantar hasta 99 plantas y hacer un acopio anual.
Investigaciones científicas y uso medicinal
El proyecto autoriza la plantación, el cultivo, la cosecha para fines de investigación así como para la industrialización con fines farmacéuticos. Se permiten los jarabes, extractos y aceites, cuyo contenido de tetrahidrocarbocannabinol (principal constituyente psicoactivo) sea igual o superior al 1% de su volumen.
Prisión para los que planten sin autorización
El que sin autorización legal produzca marihuana puede ser castigado con pena de 20 meses de prisión hasta 10 años de penitenciaría.
Prevención del consumo
El sistema de educación pública deberá disponer políticas para la prevención del uso problemático de cannabis por medio de la inclusión curricular en Primaria y Secundaria.
Publicidad y auspicio de eventos
Queda prohibida cualquier tipo de publicidad directa o indirecta o patrocinio de productos de consumo psicoactivo.
Rigen las mismas prohibiciones que para el tabaco
Queda prohibida la venta de marihuana a menores de 18 años e incapaces. Los conductores quedan inhabilitados para conducir vehículos en zonas urbanas, suburbanas o rurales cuando la concentración de la droga en el organismo sea superior a la permitida en la reglamentación. En caso de incumplimiento se podrá retener la licencia de conducir.
http://www.elpais.com.uy/informacion/onu-advierte-uruguay-violacion-tratado-drogas-ilicitas.html
