Cristina Beute advirtió que las muertes violentas por suicidios de personas detenidas “en muchos casos reconocen como causa “la reproducción de una política penitenciaria reconocible y reconocida: la sectorización y aislamiento extremo” y como condición de posibilidad a “la ausente política de asistencia psicológica y psiquiátrica”.
La fiscal Cristina Beute, subrogante de la fiscalía federal Nº2 de Neuquén, promovió una acción inhibitoria con el fin de que el juzgado de instrucción Nº5 del Poder Judicial provincial se abstenga de continuar con la investigación sobre la muerte violenta de un interno de la Unidad 9, y proceda la intervención del juzgado federal Nº2.
Cristián Alarcón apareció ahorcado el 17 de julio pasado. Su cuerpo fue encontrado sin vida, a las 7 de la mañana, en la celda del pabellón 10 de la cárcel federal neuquina. Estaba alojado en el establecimiento, a disposición del juzgado de Ejecución Penal Nº10 de General Roca (Rio Negro).
Beute sostuvo que del informe elaborado por el médico de la unidad “se desprende que el interno registraba antecedentes de numerosos intentos de suicidio, que incluían un intento de ahorcamiento en el año 2012, que habría ocurrido en la misma Unidad 9.”
La funcionaria afirmó que la muerte violenta de un detenido en una unidad del servicio penitenciario federal es competencia del fuero federal “por constituir el hecho en sí mismo –y sin perjuicio de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su producción que se determinen en la pesquisa- una afectación del buen servicio a cargo de un organismo nacional, cual es el Servicio Penitenciario Federal.”
Señaló que la misión y funciones legalmente atribuidas al servicio están vinculadas a una “posición degarante de la vida de las personas alojadas en su ámbito”. Y agregó:
Por ello, la extinción violenta de la vida de una persona que se encontraba “custodiada y guardada” por dicho organismo configura un evidente e irremediable fracaso de las funciones a su cargo, y en tal sentido resulta incontestable la afectación del servicio de la agencia estatal.
Asimismo, aseguró que no puede desecharse la responsabilidad del personal del servicio:
Considero que la comprobación de la eventual existencia de tal responsabilidad necesariamente debe integrar el objeto de la investigación del hecho. Y en tal sentido, advierto que –conforme se señala en el ya citado informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación- las muertes violentas por suicidio de personas alojadas en las cárceles nacionales en muchos casos reconocen como causa “la reproducción de una política penitenciaria reconocible y reconocida: la sectorización y aislamiento extremo” y como condición de posibilidad a “la ausente política de asistencia psicológica y psiquiátrica” .
Añadió que las condiciones en que se produjo la muerte de Alarcón:
no permiten descartar la concurrencia de los factores aludidos en el párrafo anterior, teniendo muy particularmente en cuenta que “el aura de tergiversación y ocultamiento que rodea a las muertes en prisión exige reconocer el carácter transitorio y problematizable de toda categorización alcanzada” .
