Propone Marcelo Medrano: “Las dinámicas de discusión y lucha deben provocarnos para bregar por más y mejor democracia; más y mejor justicia (…) Debemos trabajar en la construcción de herramientas para que esta instancia de diálogo-disenso y consenso sea lo más inclusiva posible y no solo una conversación académica de abogados”.

Por Marcelo Medrano. Miembro de la organización civil Convocatoria Neuquina por la Justicia y la Libertad. Abogado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Neuquén.

Planteaba hace unos meses en algunos espacios de discusión y debate que definitivamente el Poder Judicial debía ser tratado y analizado como un Poder político y que concebirlo como un campo de disputa de altísima intensidad política se hacía necesario en un marco conceptual realista. De igual manera planteaba la importancia fundamental de modificar la matriz de conocimiento en las escuelas de derecho bregando por una concepción integral diferente. Y por último planteaba como eje primordial el trabajo con conflictos, con propuestas de soluciones en el territorio en términos de vulnerabilidad social.

Luego de ello vino la decisión de la Corte Suprema acerca de la inconstitucionalidad de la ley que reformaba el Consejo de la Magistratura Nacional. Decisión que obviamente desencadenó lecturas, interpretaciones, polémicas y desde ya diversas consecuencias. Como para reafirmar que lo que atañe al Poder Judicial –en este caso una sentencia que esencialmente dice que una ley del congreso no puede hacerse efectiva- genera y esta imbuido de política. Debo decir en este punto, teniendo en cuenta las observaciones que me hicieran a una anterior publicación, que Política es un concepto que excede lo partidario –lo contiene pero lo supera- y que además no es una mala palabra sino el motor esencial de un pueblo en todos sus sentidos.

Hecha esta introducción, una reflexión y una propuesta.

Creo que la decisión de la Corte requiere pensar, puesto que debajo de las letras hay concepciones, ideologías y estructuras, que existe una tensión expresa entre República y Democracia. Habitualmente se asocian los términos y se les asocia a ambos el sistema representativo. En este sentido debemos contribuir a aclarar los conceptos para que podamos –y aquí otra vez la política- expresarnos acerca del mejor camino posible. Por tal motivo resulta fundamental explicitar que, el origen, las características, atributos y realizaciones de República y Democracia no son los mismos y asociarlos constituye un error. Detrás de los conceptos existen dos visiones  acerca del Poder Judicial en particular; o bien que actúe, incluido cualquier juez de primera instancia, aún en contra de las decisiones del parlamento (que tampoco es el pueblo sino en todo caso su representación) para garantizar principios o derechos; o bien que existen campos o materias donde el Poder Judicial no debe meterse por cuanto revisar y revocar decisiones parlamentarias constituye una afrenta  a la democracia.

Si lo que digo puede estar cercano a alguna verdad, y si no es así no hay problema por cuanto igualmente la discusión aparece como absolutamente propicia, nos merecemos esa discusión. Si leemos en clave política la decisión de la Corte; voto mayoritario, disidencia del Dr. Zaffaroni y también la opinión del Profesor Julio Maier en editorial publicada en el diario Página 12; veremos como cambian los alcances y efectos de lo que en este caso la Corte Suprema e igualmente cualquier juez puede, no puede, debe o no debe.

Pensemos por ejemplo que en nuestra Constitución original se adoptaba para el gobierno la forma representativa republicana y federal, no se hablaba de democracia. Recién en 1957 aparece la primera referencia a la democracia, en relación a organizaciones sindicales (artículo 14 bis) y especialmente luego de la reforma de 1994 en otras tantas normas. Dato que confirma la diversa conceptualización e implicancias de República y Democracia.

Desde esta perspectiva se impone, acercar claridad para poder discutir con mas y mayor profundidad sistemas institucionales. Respondernos para comenzar las siguientes preguntas: ¿qué entendemos y qué queremos cuando decimos República; y qué cuando decimos Democracia? ¿Las decisiones del Poder Judicial en torno a no aplicación de leyes constituyen una afrenta a la democracia? -teorías contramayoritarias-. ¿Tales decisiones deben ser de principios o de políticas públicas? ¿Cual será la relación que puede establecerse entre funciones del Estado en este punto?, ¿el Poder Judicial es un límite a las expresiones de los poderes llamados de mayorías; en tal caso que tipo de límite? ¿Legitima la elección popular las decisiones del Judicial? ¿Alcanza con la elección popular de quienes elegirán a quienes dirán el derecho? ¿Incide en las posturas los nombres y calidades personales de los Jueces? En este sentido parece al menos en términos culturales que las concepciones varían según se hable de por ejemplo la Corte Suprema de la época menemista y la actual conformación. Si esto es así,  ¿el mérito personal esta por encima de lo  institucional?, ¿y es correcto que así sea? ¿Se impone a esta altura la creación de un Tribunal exclusivamente Constitucional?  Estas y otras preguntas formuladas y profundizadas nos conducirán seguramente a pensar en nuestro presente y perfectible sistema democrático, en la vinculación entre la constitucional fórmula “el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes”, los partidos políticos y los caminos hacia una democracia mucho mas participativa.

Propongo entonces la discusión pública y política, con el consiguiente esfuerzo de reflexión honesta de estos temas. Porque creo fervientemente que las dinámicas de discusión y lucha deben provocarnos para bregar por más y mejor democracia; más y mejor justicia. Debo decir en este punto, proposición de principios, que debemos trabajar en la construcción de herramientas para que esta instancia de diálogo-disenso y consenso sea lo más inclusiva posible y no solo una conversación académica de abogados.

En medio de la discusión que sugiero, insisto en devanarnos los sesos insistente y permanentemente por ir elaborando sistemas de solución de conflictos, especialmente para los más vulnerables. Pensar la gestión de la conflictividad como una de las políticas de Estado esenciales; en tanto reductora implacable de la violencia. Este punto en particular será motivo de una próxima reflexión.

Por ahora bregar porque esta y otras discusiones lleguen también a las provincias y contribuyan a diseños institucionales superadores de la consabida tensión Parlamentos vs Cortes o Tribunales Superiores; donde el carácter popular, progresista, reaccionario o conservador de unos u otros, según la circunstancia determina la coyuntura, pero sin resolver el problema. Los diseños institucionales esenciales en última instancia no pueden evaluarse en términos de ganar/perder sino en el tránsito a ideales superiores. Utilicemos la tensión real y política para cuestionar, reflexionar y avanzar;  siempre claro está en la medida que lo nuevo, lo “por venir” no sea retórica vacía sino un camino a  mayor igualdad y justicia social. Posiblemente de ese se trate todo.

http://fueradelexpediente.com.ar/2013/08/06/poder-republica-democracia-tensiones-posibilidades/