El diputado nacional, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos y exfiscal de la Oficina de Anticorrupción disertó en Jujuy en la Jornada “Hacia una reforma de la legislación contravencional” organizado por el Instituto de Políticas Públicas de Jujuy (IPP).

Trató la necesidad de derogar el Código de Faltas de Jujuy, de más de un siglo y que permitiría detener a una persona sin necesidad de orden judicial, que daría oportunidad para que se sucedan casos de violencia como los denunciados en Jujuy. Se planteó la idea de sancionar un código contravencional que permita reprimir conductas que afecten la convivencia y dañen a personas, de modo que se respete las garantías de las personas.
Garrido explicó que hay sistemas similares en otras provincias que ya fueron cuestionados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Habló de un fallo del 2010 en Tucumán del caso Núñez, donde la Corte Suprema de la Nación dijo que estas legislaciones son violatorias de los derechos humanos. Desde el Congreso impulsan la modificación de la Legislación Penal Juvenil.

¿Cuáles son las contravenciones vigentes que se cuestionan?

-Hay varias legislaciones provinciales que hoy no respetan los estándares que están establecidos en la Convención de Derechos Humanos, por eso acompañamos a los amigos de Jujuy para impulsar legislaciones que impliquen un cambio sustancial y reduzcan la posibilidad sobre el riesgo de abuso policial. También que se adopte una legislación moderna, que respete estándares de derechos humanos, y que avancemos en mejorar la calidad de prevención del delito, de una manera respetuosa de los derechos humanos. En Argentina y en el Congreso de la Nación es una preocupación, y tiene que ver con el incumplimiento de obligaciones que tenemos y con altos niveles de abusos policiales, casos graves de torturas que nos han llevado a aprobar hace poco el mecanismo nacional de prevención de la tortura pero que lamentablemente todavía no ha sido implementado. Este sistema se va a integrar con mecanismos semejantes en cada provincia, tenemos un camino que recorrer para establecer un sistema eficaz que prevenga la existencia de abusos, de malos tratos, de violencia institucional. Discutir el cambio de legislación contravencional es un paso adelante en Jujuy. Merece la atención y no debe ser dejado para cuando aparezca un caso de abuso que sacuda la opinión pública, sino que tenemos que trabajar en la prevención y modificar las normas vetustas que tenemos.
¿La reforma del Código Procesal Penal, donde fiscales investigan, no haría que sea más preponderante el papel de la Policía y que pudieran propiciarse así casos de abuso?
-Las reformas en materia procesal penal apuntan a garantizar más control, a que los fiscales hagan las investigaciones y los jueces jueguen un papel importante de control. Quizás en la implementación de estos sistemas haya un período de transición donde sea necesario adecuarse a las nuevas normas y a los nuevos criterios, y esto por ahí puede producir algún tipo de situación como la que describe. Estos sistemas apuntan a promover mayor eficacia en la investigación pero a la vez a contener y preservar de manera más amplia los derechos de las personas sometidas a proceso. Esto requiere un trabajo, una transición para que funcione, solamente con voluntad política es posible generar un impacto y un verdadero cambio.
¿Esta eficacia tiene que ver con casos que pueden llegar a caer por cuestiones técnicas vinculadas al tipo de abuso, que pudiera llegar a obstaculizar la investigación?
-Hay distintos niveles de problemas en lo que tiene que ver con la administración de justicia penal, que pasa por un sistema viejo de funcionamiento de la justicia, con la complejidad y el tipo de delito que hay que investigar. La Justicia penal ha sido muy ineficaz en investigar delitos de poder. Los escándalos de corrupción que surgen muestran que es muy difícil que esos casos se sancionen, y los casos que tienen que tienen que ver con abuso institucional, también hay un gran grado impunidad por la excesiva cercanía entre los que tienen que investigar estos delitos, y los investigados que son por lo general fuerzas de seguridad. El sistema que estamos promoviendo apunta a una complementación entre lo que tiene que ver con la justicia y la búsqueda de mayor eficacia de la justicia, y también de pensar en otros mecanismos que recomienda Naciones Unidas para prevenir con eficacia este tipo de prácticas que en una democracia son intolerables.

http://www.eltribuno.info/Jujuy/310000-Reformas-para-actualizar-codigos-contravencionales.note.aspx