La Magistratura, en sesión extraordinaria, dispuso que Iara Silvestre lo reemplace. El representante del Poder Ejecutivo Nacional puso en duda que el magistrado asuma como juez federal en General Pico.
El Consejo de la Magistratura de la Nación suspendió ayer al juez federal subrogante, José Antonio Charlín por 30 días, por las denuncias de maltrato y acoso laboral -figuras englobadas en el concepto de violencia laboral- formuladas por una docena de empleados y funcionarios. En su lugar, designó a la secretaria penal, Iara Silvestre, una de las denunciantes, para que ocupe el cargo durante ese lapso. Además, el órgano judicial instruyó a la Comisión de Disciplina y Acusación para que investigue el desempeño del magistrado y que, en caso de ser necesario, tome las medidas correspondientes.
Alrededor de las 16.30, en la sede que el Poder Judicial de la Nación posee en el microcentro porteño, los integrantes del Consejo se reunieron en sesión extraordinaria, durante cuarenta minutos, para analizar las acusaciones que recayeron sobre Charlín -sustituto temporal del juez titular Pedro Vicente Zabala, quien permanece de licencia por cuestiones de salud-, por maltrato y acoso laboral. El cuerpo fue informado de ello por la Cámara Federal de Bahía Blanca.
Los consejeros emitieron un dictamen en la Comisión de Selección, que luego fue sujeto a votación en el plenario, donde la moción de suspender a Charlín obtuvo cinco sufragios afirmativos y tres negativos. La moción, propuesta por el presidente de la Magistratura, Mario Fera, instó además a que Silvestre asuma como jueza subrogante por 30 días. Fera argumentó que, haciendo uso de sus facultades, el organismo judicial asumía esa postura por la «situación de urgencia» y la «estricta excepcionalidad» del caso. Anoche trascendió que Silvestre recién aceptaría el cargo cuando hoy se reúna con el personal del Juzgado Federal a primera hora de la mañana.
Charlín nació en Capital Federal, tiene 43 años y se recibió en la Universidad de Buenos Aires en 1986. Su actividad laboral dentro del Poder Judicial fue desarrollado en tribunales porteños. Se presentó en al menos cuatro concursos para ser juez federal antes de que lo eligieran para quedar al frente del Juzgado Federal de General Pico. En Azul quedó cuarto y en Salta, Corrientes y San Justo no se presentó a los exámenes. El reivindicó haber firmado dos pronunciamientos de Justicia Legítima, un espacio que agrupa a funcionarios y magistrados judiciales ligados al kirchnerismo.
Votación dividida.
Los ocho miembros que asistieron a la audiencia acordaron que el presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación, Marcelo Fuentes, «proceda con las medidas que sean necesarias, a raíz de las denuncias formuladas contra el juez Charlín, con la mayor brevedad posible».
Si bien durante la reunión los presentes compartieron la preocupación por la gravedad de las acusaciones y el rechazo a los presuntos maltratos, no todos coincidieron en la manera en que el organismo debía proceder. Tras el debate en la sala, el abogado Daniel Eduardo Ostropolsky, señaló: «Creo que se ha tomado una medida que no corresponde, porque la facultad de designar subrogantes no está en cabeza del Consejo. Hay que aplicar la norma de acuerdo al momento en el que se estaba antes de la sanción de la ley que reforma el Consejo de la Magistratura». Según el letrado, entonces, le correspondería a la Cámara Federal y a la Corte Suprema de Justicia definir la situación de Charlín.
El senador por el radicalismo, miembro de la Magistratura, Mario Cidevilla, se sumó a la polémica y también rechazó la propuesta de Fera y sostuvo que la forma de actuar era «la consecuencia del proceso del Poder Ejecutivo, en el marco de las leyes para reformar la Justicia y avanzar sobre la independencia del Poder Judicial».
Por su parte, el representante del Poder Ejecutivo Nacional, Hernán Ordinales, opinó: «El Consejo tomó la decisión de hacer cesar como juez subrogante a Charlín, y designar a una nueva jueza, en vista de las graves denuncias recibidas de acoso laboral, acoso sexual y amenaza con arma de fuego. Esto ha sido discutido y el sector del oficialismo, por mayoría y con el voto también del presidente Fera, decidió apoyar esta postura de cambiar al juez federal, con la oposición del radicalismo. La decisión debía ser inmediata porque no tenía que subsistir el estado de situación».
Ostropolsky, Cidevilla y el abogado de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Fagosi, votaron en contra de la moción; mientras que el presidente Fera; Ordinales; los legisladores kirchneristas, Marcelo Fuentes y Carlos Moreno, y el académico Manuel Urriza apoyaron la proposición.
Un dato no menor fue que Ordinales puso en duda que Charlín logre ocupar el cargo de titular del Juzgado Federal de General Pico para el que fue designado por el Senado de la Nación: «Con estos antecedentes es difícil que pueda llegar a asumir», sentenció.
«Una tiranía absoluta».
La prosecretaria administrativa del Juzgado Federal, Alicia Traverso, calificó como «una tiranía absoluta» la forma en que el suspendido juez José Antonio Charlín ha venido manejando el tribunal, y pidió que «alguien le ponga el cascabel al gato, cueste lo que cueste». Además reclamó que se le practique «una pericia psicológica».
Traverso calificó de «escalofriantes y atemorizantes» las declaraciones públicas de Charlín y se quejó de su «grado de cinismo, a tal punto de no querer reconocer el maltrato» con el personal. También habló de amenazas y miedo por la integridad física de los empleados, y negó que exista un ritmo de trabajo lento.
La secretaria, al referirse a hechos puntuales, cuestionó que Charlín vaya a trabajar a la una de la tarde «cuando nosotros estamos desde las 7.30», que haga esperar «dos horas» a profesionales de la AFIP porque él está almorzando («no estamos acostumbrados a esa falta de respeto»), que «abuse del poder preguntándole a los contratados a qué partido político pertenecen» y que «mande a sentenciar en contra porque no le gusta el demandado».
Finalmente, Traverso aseguró que «hay grabaciones» que ratifican los hechos denunciados contra el juez, y destacó que éste amenazó con «echar gente para poner la suya» y que expresó que «lo ha puesto Cristina y que no iba a firmar nada en contra» de la presidenta.
El fiscal, instructor.
El juez Santiago Ulpiano Martínez, que fue designado por la Cámara Federal de Bahía Blanca para que se aboque a la denuncia por malos tratos y acoso laboral que existe contra el suspendido juez federal José Antonio Charlín, derivó ayer la instrucción de la causa al fiscal federal subrogante de Santa Rosa, Juan José Baric. Este, que durante el fin de semana recibió los testimonios de una docena de empleados y funcionarios judiciales, había pedido el apartamiento «urgente» del magistrado.
Protesta en el Juzgado Federal.
Los empleados del Juzgado Federal y de la Secretaria Electoral de Santa Rosa iniciaron ayer un paro y movilización en el tribunal de la avenida San Martín, en reclamo del apartamiento del juez federal subrogante, José Antonio Charlín, denunciado por acoso laboral.
Como consecuencia de esta situación, que mantuvo a los trabajadores sin concurrir a sus puestos laborales, se detuvo también el escrutinio oficial del acto eleccionario del pasado domingo, que había comenzado a desarrollarse en la semana en la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).
La protesta de los trabajadores, que se realizó dentro del Juzgado Federal y sobre la avenida San Martín -incluyendo corte de la calle-, contó con la presencia de José Luis Cataldo (vocal) y Osvaldo Hogdagneu Roig (secretario de Asuntos Electorales), referentes de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).
A través de un comunicado, se informó que la medida de fuerza fue adoptada «ante los graves acontecimientos ocurridos en el Juzgado, que han tomado estado público, y ante la no adopción por parte de las autoridades competentes de una decisión, al menos preventiva, que garantice la integridad física y psíquica de personal».
Anoche se estimaba que luego de la decisión del Consejo de la Magistratura de suspender al juez en sus funciones, los empleados resolverían hoy el retorno normal a sus tareas habituales, incluyendo el recuento de votos en la DPV.
Reclamo.
Los trabajadores, que denunciaron a Charlín por acoso laboral y mal desempeño de sus funciones, decidieron ayer en asamblea adoptar la medida de protesta «ante el riesgo que para nuestra integridad física representa compartir el espacio laboral con Charlín, que dista de ser imaginario y, en atención de los episodios de violencia física que protagonizó y que por ahora han tenido como blanco el mobiliario y las paredes, resulta cierto e inminente más si se tiene en cuenta que llegó a esgrimir un arma».
Afirmaron que a eso se sumó la circunstancia de que por los episodios vividos, como otros hechos de violencia verbal, de género e inconductas en el cumplimiento de su función que podrían constituir delitos, Charlín fue denunciado por un grupo de trabajadores por lo que «compartir el ámbito laboral subordinados al juez nos coloca en una situación de violencia moral evidente y nos expone al estrés de convivir con la amenaza inminente de ser víctima de un nuevo ataque de ira» del juez.
Apartamiento.
El prosecretario de la Secretaría Civil, Juan José Zabala, sobrino del juez titular que está con licencia por enfermedad, también había reclamado el apartamiento de Charlín, considerando además que se trataba de una situación de «gravedad institucional», ya que se afectaba el ámbito laboral de manera general afectando el servicio de justicia.
Además, Zabala comentó considerando que «los tiempos de la justicia son lentos, el riesgo que existía es que alguien del personal sea atacado, porque por ahora las rabietas del juez fueron con cosas materiales, pasando de un estado de calma a exaltación en forma imprevista y por motivos que realmente no lo ameritan, rompiendo puertas, paredes y sillones».
Zabala, por otro lado, aseguró que ante esta situación los empleados siempre intentaron garantizar el servicio de justicia aunque «es necesaria la firma de un juez». Agregó que «hay cosas urgentes, de salud, vinculadas con las obras sociales, y los trabajadores avanzamos hasta donde podemos, pero ante cualquier medida siempre es necesaria una firma».
Finalmente, Osvaldo Hogdagneu Roig, quien se hizo presente durante la manifestación, expresó la adhesión del gremio a nivel nacional. «Venimos a tomar intervención por esta situación, los compañeros están cansados de estos personajes, que ya hemos tenido en otras provincias», aseguró el sindicalista, acompañado por el secretario general del Sitraj, Ceferino Riela.
