A pesar de que la Corte Suprema sentenció en abril que en los casos de violencia de género la probation no puede ser una alternativa para evitar el juicio oral, en la provincia de Buenos Aires no hay un criterio uniforme en ese sentido. Un caso emblemático es el de Andrea Arazco, a quien desde la Fiscalía Nº 5 de Mercedes le propusieron si quería “arreglar” con una probation la causa por amenazas y desobediencia iniciada contra su ex marido, Guillermo Eduardo Vázquez. “El problema es que la Procuración General de la provincia no se expidió sobre el tema y no indicó un criterio unificado para que los fiscales actúen en los casos que contemplan delitos penales en el marco de violencia de género”, denunció Flavia Delmas, integrante de la Red de Políticas Públicas para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la provincia de Buenos Aires, que integran más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil especializadas en la temática.
Andrea tiene 42 años y vive en la localidad de 9 de Julio aterrorizada por Vázquez, de quien se separó en 2011, después de 21 años de matrimonio, durante los cuales la violencia machista fue un tormento cotidiano, según denunció en la Justicia. El hombre tiene antecedentes de homicidio, anda con un arma blanca y no acepta la decisión de ella de dejarlo, según surge del expediente.
“Vas a terminar como la mujer del Boli Gammellía, vas a ver, así vas a terminar”, la amedrentó Vázquez, según denunció Andrea en la Justicia. Gammellía es un peluquero de 9 de Julio, amigo de Vázquez, que está preso imputado por el femicidio de su pareja. Vázquez finalmente no podrá eludir el juicio oral y público, como pretendía la Fiscalía. La primera audiencia del debate está convocada para el próximo miércoles a las 10 en el Juzgado en lo Correccional Nº 2 del departamento judicial de Mercedes, a cargo del juez Roberto Daniel Vila. Se le imputa el delito de amenazas simples hacia su ex esposa y desobediencia de un mandato judicial, al incumplir la restricción de acercamiento a Andrea que le impuso durante algunos meses la Justicia. “Si no volvés conmigo, te voy a matar. Ya vas a ver, nos vamos a ir los dos juntos”, es una de las frases con las que atemorizó a Andrea. El matrimonio tuvo 3 hijas, dos de ellas, de 7 y 14 años, viven con la madre; la mayor, de 23, está de novia y vive con su pareja. En 9 de Julio, Vázquez es conocido por su actividad de prestamista.
“El 7 de diciembre de 2012 entró a mi casa y me volvió a pegar. Sacó su navaja. Lo volví a denunciar. Actualmente no tiene prohibición de acercamiento, porque se la dictaron una vez más el 7 de diciembre, pero le dieron 90 días, y ya se vencieron”, contó Andrea a Página/12. La mujer, de 42 años, relató que vive “con pánico”. “Me destruyó psicológicamente, imponiéndonos el miedo con su cuchillo. Nunca sabía qué podía pasar en nuestra casa”, dijo Andrea. Cuenta que se siente desprotegida y que durante la feria judicial la llamaron de la UFI Nº 5, que lleva el expediente, para ver qué le parecía a ella una suspensión de juicio a prueba. “Yo no sabía de qué me hablaba, no sabía que era una probation”, dijo a este diario. La propuesta no prosperó.
“En el caso de Andrea Arazco, siempre se minimizó el caso. No es un dato menor que le hayan ofrecido arreglar el caso con una probation, hablándole con tecnicismos, cuando el imputado tiene un antecedente penal y una condena por homicidio”, cuestionó Delmas, directora de la Especialización en Género y Comunicación de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. También advirtió que la mujer víctima de violencia de género en el ámbito de la provincia de Buenos Aires tiene que sortear varios obstáculos cuando la denuncia sigue el curso de la Justicia penal. “El primero es que la fiscalía o ayudantía fiscal investigue los delitos como corresponde, sin minimizar relatos de la mujer. Si se logra que la investigación penal preparatoria avance y se eleve a juicio, el segundo obstáculo es que no se proponga la figura de la probation.” Delmas recordó el caso de Carla Figueroa, la joven de La Pampa a la que “en una situación de asimetría de poder” se indujo a que aceptara un “arreglo” o “acuerdo” a través de la figura jurídica del “avenimiento que le costara la vida”. Carla había denunciado a su ex pareja por violación. Como consecuencia de este caso, el Congreso derogó el avenimiento del Código Penal.
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