Por ahora, no será juzgado el comisario Pablo Márquez, acusado de ordenar detenciones arbitrarias para mejorar las estadísticas del destacamento que estaba a su cargo.
En abril pasado, el fiscal que investiga a Márquez, Pablo Molina, pidió la elevación a juicio de la causa. Por entonces, todo indicaba que no faltaba mucho para que se fijara la fecha del debate oral y público.
Ante esta situación, la defensa de Márquez solicitó el sobreseimiento. El juez de Control 5, Carlos Lezcano, no hizo lugar a la solicitud del imputado, pero tampoco mantuvo el pedido de elevación a juicio, por lo que el lunes pasado remitió la causa nuevamente a Molina.
Fuentes de la Fiscalía de Distrito IV, Turno 5, informaron que la elevación a juicio no fue rechazada de plano sino que se ordenó que se profundice la investigación.
Márquez está imputado por abuso de autoridad reiterada en seis hechos y un hecho de coacción agravada contra una subordinada.
El caso. La denunciante, N.Z., de 32 años, con grado oficial subinspector, denunció que Márquez la obligaba a ella y a otros subordinados a realizar detenciones ilegales.
Concretamente, aseguró que este funcionario policial les ordenaba aprehender a ciudadanos con o sin motivos, existieran o no contravenciones o delitos, con el objetivo de “hacer número” y mostrar una ficticia eficacia policial”, según consta en su declaración.
Al momento de ser denunciado, Márquez era titular de División del Comando de Acción Preventiva (CAP) del Distrito 8 en la ciudad de Córdoba, que comprende una zona entre el río Suquía y las avenidas Juan B. Justo, Circunvalación y Monseñor Pablo Cabrera.
Unos días después de la presentación de N. Z., se conoció que ya había dos denuncias anteriores de otros subordinados contra el comisario.
La continuación. Tras las denuncias, Márquez fue trasladado como titular de la Comisaría de la localidad de Pilar. A los pocos meses de su gestión, se dictaron dos fallos críticos.
En el primero, de fines de 2012, la jueza de Control y Faltas de Río Segundo, Ángeles Palacio, exhortó al comisario de “a dar debido cumplimiento de las garantías constitucionales” luego de sobreseer a dos albañiles tras comprobar irregularidades en el procedimiento y en el dictado de la sentencia del comisario Márquez.
El segundo involucraba a otro joven, que había sido detenido al menos cuatro veces en la misma localidad donde estaba revistando el acusado.
Por el caso, la jueza ordenó “al personal policial que cese todo el hostigamiento en su contra mal utilizando el Código de Faltas”. “Lamentablemente, el personal policial hizo caso omiso a la grave llamada de atención (del primer fallo)”, señaló en la sentencia.
En detalles
Otra versión. En el momento en que se conocieron las denuncias, el entonces jefe de la Policía, Alejo Paredes (hoy ministro de Seguridad), negó terminantemente que existiesen órdenes desde la Jefatura para que el personal de calle haga detenciones arbitrarias.
Ampliación. Ahora, un juez de control pide ampliar la investigación sobre estas denuncias.
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