Viedma.- El ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, dijo que es poco relevante la decisión del juez de Ejecución Penal Juan Pablo Chirinos de aplicar sanciones económicas al gobernador Alberto Weretilneck y funcionarios del Poder Ejecutivo por supuesto incumplimiento en los plazos de la obra de reacondicionamiento del Penal 2 de General Roca, porque “se basa en consideraciones erróneas y sin fundamentos” y consideró que “es una resolución “mediática, que será apelada a la brevedad.
El funcionario indicó que “resultan más graves e irresponsables las consideraciones del fallo que hablan de la posibilidad de ordenar una liberación parcial de los internos, ya que indudablemente pueden incitar a la violencia a la población carcelaria”.
En un comunicado oficial emitido esta mañana, Di Giacomo consignó también que “tan grave como esto es prohibir que se produzcan el ingreso de nuevos detenidos, porque esto coloca a los jueces y a la policía ante la imposibilidad de reprimir el delito”.
Di Giácomo aseguró que “el juez parte de una premisa errónea, ya que no es verdad que las obras no comenzaron, por el contrario, los trabajos fueron licitados, adjudicados y la empresa está ejecutando las obras”, adelantando que esa firma constructora entregará un informe con los avances que servirán de fundamento para la apelación que se realizará de la resolución judicial.
Explicó además que “si la obra hasta el momento no tiene el avance que le gustaría al juez, es por estrictas razones de seguridad que necesariamente limitan que se pueda realizar aceleradamente la parte central de las refacciones y reacondicionamientos edilicios”.
El ministro aclaró que “no existen cuestiones económicas o burocráticas que traben el desenvolvimiento de la obra, ya que la administración provincial está cumpliendo con todos los pagos y compromisos establecidos en el pliego con la empresa Roque Mocciola, que es la adjudicataria de los trabajos.
Señaló que “cuando se encara una obra en un establecimiento penal y hay imposibilidad de un traslado masivo de los internos a otra cárcel, como ocurre en este caso, “se deben ir haciendo reacondicionamientos parciales para producir movilizaciones internas que permitan encarar los trabajos más importantes sobre los pabellones”.
Aseveró que “no podemos generar desplazamientos masivos que pongan en riesgo la seguridad del penal y la posibilidad de intentos de fuga por parte de los internos, con la consecuente puesta en riesgo de vida del personal penitenciario y de la ciudadanía en general”.
Di Giácomo agregó que en última instancia la parte del fallo que fundamenta la aplicación de sanciones económicas “no preocupa ya que la administración provincial tiene toda la documentación y las pruebas que avalan que la obra y los plazos de los trabajos se están desarrollando de acuerdo a la manda judicial y a parámetros lógicos y responsables.
El funcionario criticó a la vez severamente, según el parte oficial, la presión del juez a las autoridades del Poder Ejecutivo al decir que de no cumplirse la obra en los términos que él prevé, se puede ordenar la liberación de una parte de los reclusos, lo que no solamente constituye un acto fuera de toda razonabilidad judicial, sino que atenta contra la seguridad pública.
Señaló que “parece que el señor juez no aprendió del dolor que le causó a la familia Araya cuando producto de su decisión de otorgar precisamente una salida transitoria a un interno con antecedentes de peligrosidad, esto desembocó en la muerte de un buen ciudadano”.
Puntualizó que “indudablemente, si el juez dice que puede liberar a una parte de los internos, esto puede incitar a la población carcelaria a realizar un motín exigiendo que el magistrado lleve adelante esta medida”.
Indicó que resulta por lo menos incoherente que por un lado se invoque aceleración de las obras en el penal, sin contemplar el contexto en que las mismas se tienen que llevar a cabo, para dar más seguridad, y por otro lado se ponga en riesgo a la misma al anunciar que podría liberar presos que en muchos casos tienen peligrosidad por sus antecedentes.
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