Un enorme crucifijo preside la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal número 1. La diputada provincial del partido SI, Alicia Gutiérrez, que es querellante de la causa Porra, más conocida como Guerrieri II solicitó al Tribunal que «se retire el crucifijo y cualquier otro símbolo de carácter religioso de la sala donde he de declarar en carácter de testigo en el debate oral». La compañera del desaparecido Eduardo Toniolli, que estuvo secuestrado en el circuito represivo Quinta de Funes-Escuela Magnasco-La Intermedia, consideró que «dicho objeto simbólico u otros similares de carácter religioso, lesionan el derecho al tratamiento igualitario de las personas ante la justicia». Gutiérrez, como así también su hijo, el diputado provincial del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli y Julio Raffo, declararán mañana en la audiencia, prevista para las 10 de la mañana. Hoy será el turno de Carlos Novillo e Ignacio Laluf.

Para fundamentar su pedido, la legisladora citó la Constitución Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos. «La permanencia del objeto símbolo citado genera en mi persona, un sentido de intimidación y angustia, que me recuerda la ‘absolución’ que realizara esta institución eclesiástica, a quienes desaparecieran a mis seres queridos, como mi compañero, y asesinaran a mi hermana en época del terrorismo de estado. Considero además, que la religión y sus imágenes deben ser un acto privado en la intimidad de las personas y no de utilización pública».

Gutiérrez arguyó también que «este accionar estatal resulta claramente violatorio de los derechos a una justicia imparcial y a ser tratado por la autoridad judicial sin discriminación alguna con base religiosa».

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