Río Negro reanudará el debate de la reforma del Código Procesal Penal, previendo el oficialismo su aprobación legislativa para antes de la conclusión del 2013.
La mayor discusión se advierte en la implementación del juicio por jurados, que ya introduce el proyecto original, elevado a la Legislatura hace más de dos años.
El gobernador Alberto Weretilneck adelantó que inicialmente su instrumentación «debería darse con experiencias piloto en las distintas circunscripciones. Sería un desafío demasiado importante plantear la reforma al mismo tiempo en toda la provincia. Su gradualidad –agregó– permitirá ver los impactos y realizar correcciones, y garantizar los recursos». El mandatario respondió así cuándo se lo consultó si con el Poder Ejecutivo garantizaría los fondos necesarios para esa reforma estructural de la Justicia. «Primero, hay que cuantificarla», afirmó también frente a esa pregunta periodística.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Tania Lastra, resaltó a «Río Negro» la firme decisión de avanzar en su tratamiento, partiendo de «la recopilación realizada de la documentación existente (proyectos y aportes) y su envío a los distintos actores (colegios de abogados y, entre otros, miembros de la comisión) para comenzar con el debate». Habló de acordar «un cronograma» de discusión con la participación de sectores, con «tratamiento por capítulos». La determinación -explicó- es llegar al tratamiento en el recinto para antes de concluir el año, reconoció.
El proyecto existente en la Legislatura –inscripto el 24 de junio del 2011 con el número 482– fue elevado por el ex gobernador Miguel Saiz. Fue elaborado por una Comisión creada con ese propósito, coordinada por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). Esa reforma se concentra en un «litigio controversial (acusación y defensa) y que un tercero imparcial resuelva (juez o jurado), con audiencias orales y públicas». También introduce la «participación de la comunidad» con los juicio por jurados.
A ese expediente se agregaron aportes profesionales y también un proyecto que presentó en junio pasado la legisladora Ana Piccinini, que desestima al juicio por jurados. Esa participación ciudadana en la Justicia concentra el mayor punto de debate.
No existen coincidencias en el flamante STJ. La mayoría comparte esa posibilidad, pero la jueza Liliana Piccinini rechaza esa inclusión por inconstitucional al oponerse a la Carta Magna provincial y los Tratados Internacionales.
Además, la Asociación Pensamiento Penal (APP) aportó a la Comisión legislativa su análisis, que fue entregado recientemente por el designado camarista penal Juan Bernardi. Se defienden las virtudes del juicio por jurado y también su encuadramiento constitucional.
Enmarcada en la reacción gubernamental, el vicegobernador Carlos Peralta se reunió el jueves con el Colegio de Abogados de Bariloche y se concretará esta semana una conferencia de especialistas del «Nuevo Código Procesal Penal, Hacia un nuevo Modelo Acusatorio» (ver nota aparte).
Así, el oficialismo retomaría aquel impulso inicial del 2012, que se diluyó en las semanas posteriores.
En enero del año pasado, el gobernador machacó con esa reforma, insistiendo que el sistema «es absolutamente vetusto, inconstitucional e ineficiente». También, se alentó a la profundización de la participación y de la discusión en los ámbitos parlamentarios pero, rápidamente, esta intención política se desvaneció. En ese estado continuo el año pasado la pretendida modificación penal, con las evidentes ataduras por las diferencias en el bloque oficialista y el proceso de integración y ampliación del nuevo STJ. (AV)
