En reunión extraordinaria de las Comisiones de Legislación y de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, que se realizó el viernes, se presentaron los detalles del proyecto para modificar el Código Procesal Penal. Entre los avances se encuentra la reglamentación de la figura del querellante particular.
Es una tarea que reunió a representantes de la Legislatura misionera, del área de Justicia, asociaciones de funcionarios, magistrados y profesionales, quienes aportaron conocimientos y experiencias para conseguir procesos más rápidos y modernos, destinados a que la Justicia se pronuncie en tiempo y forma.
Esta iniciativa, impulsada por Carlos Rovira, se desarrolla en el marco de un convenio de cooperación institucional firmado por con el Centro de Capacitación Judicial, dependiente del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
“Estamos teniendo todas las miradas de la comunidad jurídica penal. En este tiempo vivimos los momentos más arduos porque son los de investigación y análisis no sólo de lo que nos plantean los profesionales y magistrados, sino también el trabajo sobre el derecho comparado y los tratados internacionales”, explicó Cecilia Britto, secretaria legislativa y coordinadora general por la Legislatura.
Entre las principales modificaciones discutidas se encuentran la exclusión del auto de procesamiento, la incorporación de los principios de oportunidad y de imposición de acción, la definición de competencias y creación de cámaras de apelaciones, con las premisas de garantizar la seguridad jurídica, igualdad en el acceso a la justicia y el debido proceso penal ajustado a las normas internacionales.
También se plantea el principio de igualdad de armas abordado en el debate sobre la reglamentación de la figura del querellante particular, enmienda incorporada por referéndum al artículo 21 de la Constitución Provincial el 30 de junio.
“Lógicamente hay posturas distintas debido a que la doctrina establece diferentes clases de querellante. Estará ahora en manos del legislador misionero, después del análisis, buscar la figura del querellante que más se ajusta a la demanda que hizo el soberano”, aseguró Britto.
A su turno, el Ministro del STJ, Jorge Rojas, manifestó que “nos vamos más que conformes de esta reunión porque los diputados han tomado debida nota y después por supuesto soberanamente como corresponde en todo proceso democrático decidirán cuál es la norma más adecuada al reclamo social que se está dando respuesta”.
“Ya se pronunció la ciudadanía y nosotros tenemos que respetar la voluntad del pueblo en el sentido de que quiere darle una participación más activa a la víctima del delito y eventualmente a sus familiares cuando corresponde”, expresó.
Estuvieron el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Alberto Álvarez, el Ministro del STJ, Jorge Rojas; la secretaria legislativa a cargo del Área Parlamentaria y coordinadora general de la Comisión Redactora por la Legislatura, Cecilia Britto; el Procurador General de la provincia, Miguel Piñeiro; el Juez de Instrucción, Ricardo Balor; el Defensor Oficial de Instrucción Nº 2, Ricardo Venialgo; entre otros funcionarios.
