Los tiempos de la política tienen hoy un momento trascendente en la elección de intendente de Bariloche, la ciudad de Río Negro con mayor número de habitantes.
El comicio está atravesado por singular expectativa en todo el arco político.
Para el oficialismo provincial, representa una compulsa interna entre las dos fuerzas partidarias que integran la coalición gobernante.
Para la oposición, una oportunidad inigualable de escalar posiciones y mejorar chances hacia la elección parlamentaria general de octubre.
Vidriera en el país y el mundo, paisaje soñado y dueña de una compleja situación económica y social, Bariloche elige su piloto de tormentas.
Con menos ruido, también se vota hoy para renovar parcialmente los concejos deliberantes en Darwin, Maquinchao y Los Menucos.
Más allá del resultado que hoy indiquen las urnas, el gobernador Alberto Weretilneck y el senador Miguel Pichetto se han propuesto en forma coincidente, desde mañana, la tarea de reconstruir en lo institucional y político el Frente para la Victoria en Río Negro.
Independiente de la puja electoral de Bariloche, el oficialismo también ha registrado disputas territoriales internas en Ñorquinco, Jacobacci y El Bolsón.
En Ñorquinco, un comicio interno para unos 50 afiliados derivó en graves acusaciones de «delincuencia», luego de que la Junta Electoral pretendiera oficializar una lista sin los avales que exige la Carta Orgánica y que la otra nómina había presentado. Finalmente, se impuso la cordura.
En Jacobacci, la votación para definir candidatos a concejales estuvo rodeada de agresiones verbales y físicas, seguidas por el robo a la casa del intendente Mario Del Carpio, que el funcionario calificó de «mensaje mafioso» y al que vinculó con anteriores pintadas xenófobas y con la presunta participación de un funcionario del gobierno de Weretilneck y esposo de una legisladora del FpV.
En El Bolsón, el oficialista Frente para la Victoria desnudó su división al impedir dos ediles la incorporación al Deliberante de un suplente, ante la enfermedad de un titular.
En lo institucional también espera a Weretilneck menuda tarea si –como afirmó– tratará de imprimirle a su gabinete mayor ritmo de trabajo, para garantizar a su gestión «un destino colectivo».
En tres aspectos se ha manifestado en forma reciente el deplorable efecto de esa falta de efectividad:
• El corte de tránsito que realizaron en varios puntos de la Ruta Nacional 22 usurpadores de las viviendas construidas por el IPPV en el marco de acuerdos entre ese organismo y el sindicato de Viales. El gobierno nunca definió en ese tema la defensa igualitaria de las víctimas y dejó librado el terreno a quienes eligieron atropellar, sobre los derechos de los demás.
• El corte de la Ruta 22 por parte de fruticultores de Regina, Godoy, Chichinales y Valle Azul en reclamo de fondos comprometidos en compensación por daños provocados por el granizo. La dispersión en los reclamos no es buena noticia para el gobierno, que tiene pendiente un pedido de audiencia dirigido al gobernador por el presidente de la Federación de Productores, Jorge Figueroa. La crisis marco del sector vuelve ineficaces los parches que se intentan a nivel ministerial.
• El juez de Ejecución Penal Juan Pablo Chirinos condenó al gobernador y a cuatro de sus funcionarios a pagar como astreintes el 10% de su salario por incumplir todos los plazos previstos para comenzar la remodelación de la cárcel de Roca, que sigue siendo –a casi dos años de iniciado el gobierno del Frente para la Victoria– el mismo edificio inadecuado para albergar vidas humanas que era durante la gestión anterior, agravado por los daños producidos por varios motines sobrevinientes.
Además de hacer personalmente responsables al gobernador y a sus funcionarios por el incumplimiento de una orden judicial, el juez Chirinos advirtió que, si no se reduce la cantidad de internos de la exalcaidía hasta un número que posibilite las obras –tiene actualmente más de 320 y debe alojar sólo 250– dispondrá la liberación de los reclusos que estén más cerca de obtener su libertad. Esta decisión seguramente acarreará para el magistrado –y también para el gobernador– un costo de descontento social.
«No puede esperarse magia» en las mejoras en las cárceles, dijo esta semana Martha Arriola, secretaria de Seguridad de la provincia, también condenada por Chirinos.
Lejos de «magia», el juez reclama el cumplimiento de los plazos que cuatro veces consecutivas se han fijado y han vencido sin que se iniciaran los trabajos, aun cuando ya se han hecho pagos parciales a la empresa.
Pese a que la gestión Weretilneck insiste en culpar a gobiernos pasados, lo que está en cuestión es la estrategia de soluciones que su gobierno propuso al asumir. En mayo del 2012, la Provincia declaró la emergencia penitenciaria para aportar ocho millones de pesos de ágil disposición a través de contrataciones directas. Aun así, todavía no se han iniciado las obras estructurales, cuando el estado del edificio y la superpoblación son –a criterio del juez– germen de otros problemas. Pese a que el magistrado reconoció esfuerzos en otras áreas –integración de gabinetes técnicos y mejoras en la alimentación y en la oferta educativa en el penal–, ponderó que tampoco se cumplió en separar a las personas condenadas de las procesadas ni se acondicionó un sector para mujeres ni para internos que pertenezcan a las fuerzas de seguridad.
Contra las soluciones ha conspirado, además de demoras administrativas, el continuo cambio de funcionarios a cargo de Seguridad, del Servicio Penitenciario, de la Jefatura de Policía y de los propios penales provinciales. Cada nuevo motín genera relevos o renuncias y siempre hay nuevos responsables que requieren de tiempo para ponerse «en tema».
Desde el gobierno provincial objetan ahora que el juez no debió haber condenado a astreintes sin haber intimado personalmente al gobernador pero, desde el punto de vista técnico, el fallo encuentra pleno asidero en el artículo 54 de la Constitución provincial y en la evidente violación de los artículos 16, 18 y 23 de esa misma norma.
En una provincia que se jacta de tener una Secretaría de Derechos Humanos, Chirinos se ha convertido en la piedra en el zapato, porque muestra con su fallo no sólo el grave incumplimiento de los derechos a la dignidad sino también a la vida de los internos. El juez consignó en su fallo que en los últimos tres años ha muerto al menos un preso por año sólo en el penal de Roca, lo que hace que «la posibilidad de morir (en ese lugar) es 5.000 veces más alta que fuera de él». Su conclusión fue que «las cárceles rionegrinas son 2.000 veces más peligrosas que las calles de la provincia» y que, en ese sentido, «el actuar del Estado no es mucho mejor que el de las personas custodiadas» en los penales.
Para el ministro de Gobierno, Luis Di Giacomo, el fallo de Chirinos fue «irresponsable y mediático» y le reprochó haber enviado un «mensaje» a los internos en el sentido de que «si rompen o destruyen los pabellones pueden lograr la libertad más rápido».
Está por verse si, después de tanta palabra, algo se hará para solucionar un tema que constituye una afrenta a la dignidad de todos los habitantes de la provincia.
ALICIA MILLER Amiller@Rionegro.Com.Ar
http://www.rionegro.com.ar/diario/carceles-de-la-verguenza-1242703-9541-domingo.aspx
