La impunidad persiste. Ninguna de las cinco sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano emitidas en 2009 y 2010 han sido cumplidas en su totalidad, las víctimas aún demandan justicia.
Además, los casos contra el gobierno de México siguen llegando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el país ocupa el segundo lugar después de Colombia en el número de denuncias, y las medidas cautelares que dicta este tribunal tampoco se acatan.
Organizaciones como el Centro Prodh, los Centros por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, entre otras que han acompañado legalmente estos casos, coinciden en este balance negativo de México frente al Sistema Interamericano de la Organización de Estados Americanos (OEA), pues en los hechos la denegación de justicia prevalece.
A pesar de las sentencias, los responsables siguen libres, las investigaciones no registran avances, e incluso se acusa que dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional en al menos un caso entorpece las pesquisas.
Jaqueline Sáenz, coordinadora del Área de Defensa Integral del Centro Prodh, señala a EL UNIVERSAL que el escenario es grave, pues ante el grado de incumplimiento de México, éste no sólo falla en sus responsabilidades internacionales, pone en entredicho el futuro que le espera a los casos denunciados ante la CIDH y los que llegan a la CoIDH.
La abogada que litigó el caso de los campesinos ecologistas ante la CoIDH, por el que se condenó a México, dice que cada expediente que llega a estas instancias y es admitido, implica que “la justicia a nivel interno no está resolviendo los casos, y el hecho de que sigan llegando a la Corte también habla de la ausencia de una política efectiva y real en materia de derechos humanos del gobierno actual”.
Actos fallidos
El 16 de noviembre de 2009, la CoIDH sentenció a México en el caso del Campo Algodonero, por los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, de Esmeralda Herrera, Laura Berenice Ramos y Claudia Ivette González, cuyos cuerpos fueron hallados en noviembre de 2001. Investigaciones para ubicar a los culpables, actuar contra los servidores que permitieron la impunidad e indemnizaciones para los deudos, forman parte de una lista de acciones que el Estado está obligado a realizar.
En el caso de Rosendo Radilla Pacheco, activista víctima de desaparición forzada en 1974, la CoIDH también condenó a México el 23 de noviembre de 2009. A dos años de la sentencia sus restos no han sido localizados, a pesar de las excavaciones que realiza la Procuraduría General de la República (PGR).
La abogada Jaqueline Sáenz señaló que todas las organizaciones involucradas en la defensa de los cinco casos emblemáticos en los que se condenó a México “hemos denunciado incumplimiento en distintas etapas, en todos se puede decir que vencieron los plazos establecidos que iban de seis meses a un año o plazos razonables para acatar los fallos”.
Resulta lamentable, dijo, que después de años de litigio ante las instancias internacionales y de obtener fallos contra el Estado mexicano “el problema es cómo instrumentar a nivel interno las decisiones”, cuando las autoridades ni siquiera son capaces de satisfacer a las víctimas al organizar de forma unilateral los actos públicos de perdón.
En julio pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico en el que refrendó la obligatoriedad del Estado a cumplir las resoluciones internacionales, y decretó que las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército deben ser investigadas en el fuero civil, sin excepción.
Ausencia de justicia
En agosto de 2010, la CoIDH concluyó —en sentencias por separado—, que el Estado también es culpable en los casos de Valentina Rosendo e Inés Fernández, indígenas del estado de Guerrero violadas sexualmente y torturadas por militares —en febrero y marzo de 2002, respectivamente—. Se ordenó la reparación del daño y que los responsables sean ubicados y procesados en juzgados civiles.
Pero el gobierno federal solicitó una “interpretación” del fallo alegando que la Corte había violado la presunción de inocencia al dar por sentada la responsabilidad de militares. Sin embargo, los jueces internacionales desecharon la petición.
A nueve años de su violación, Valentina Rosendo sigue en espera de justicia, no sólo para que se detenga a los militares que la abusaron, también para regresar a la comunidad que la repudió, donde la indígena me’phaa que no hablaba español fue humillada y acusada de mentirosa por atreverse a denunciar.
El 26 de noviembre de 2010, el gobierno también fue sentenciado por la tortura a los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, detenidos por el Ejército el 2 de mayo de 1999.
En este caso el Centro Prodh y el CEJIL acusaron el 2 de diciembre pasado que la PGR inició en julio la investigación contra los militares responsables, pero la Sedena ha entorpecido las pesquisas, “ha sido omisa en cooperar con la justicia ordinaria, el Ministerio Público le ha solicitado a través de diversos oficios que le entregue toda la documentación que tiene sobre el caso, pero se ha negado”.
Frente a este escenario, en noviembre pasado cerca de 80 organizaciones nacionales e internacionales, exigieron al gobierno de Felipe Calderón que cumpla con las sentencias.
Denuncias que se acumulan
El informe de labores 2010 de la CIDH revela que México ocupa el segundo lugar —después de Colombia— en el número de denuncias presentadas por víctimas que no encontraron justicia en el país, con 267 casos de los mil 598 recibidos. Después de la revisión de expedientes ese tribunal sólo aceptó iniciar trámite en 29 expedientes.
También el documento indica que los casos y peticiones pendientes en trámite hasta el 31 de diciembre de 2010 eran 96 para el caso de México de mil 584 ocupando el sexto lugar después de Perú, Argentina, Colombia, Ecuador y Brasil
Destaca además que el año pasado la Comisión concedió 13 medidas cautelares para víctimas o defensores de derechos humanos ante los riesgos a su seguridad y ordenó su protección, lo que implica un aumento al considerar que en 2008 sólo hubo cinco de estos casos.
El 2 de noviembre pasado, la CIDH admitió investigar otro caso emblemático: abusos sexuales y tortura por parte de policías locales y federales en San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006, en contra de 11 víctimas, al considerar que existen indicios de que se cometieron delitos.
La experta Jaqueline Séenz destaca que este caso evidencia que las condiciones de impunidad no han variado y “tenemos que ir a instancias internacionales, para encontrar una vía hacia la justicia”, aunque es grave el incumplimiento incluso de las medidas cautelares.
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