08 de Septiembre del 2013, 13:30
Ese es el saldo tras el fallo que prohibió el ingreso de detenidos por dos meses a la cárcel. El Estado provincial apeló la medida.
Por Andrea Pérez
En Mar del Plata, sobre todo en el último tiempo, la cuestión carcelaria se incorporó como tema a la agenda pública. No sólo por las propuestas disparatadas de los que sueñan con mudar el complejo penitenciario de Batán, sin decir cómo, ni dónde, ni para qué. Se instaló también, en buena hora, por los cuestionamientos formales del Poder Judicial a las condiciones de detención de las personas privadas de libertad.
En esta línea, justamente, se inscribe el fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, que a principios de julio –frente a un habeas corpus colectivo presentado por la Defensa provincial- prohibió por 60 días el ingreso de detenidos a las unidades 15 y 50. Para la 44, en cambio, los magistrados introdujeron sólo una condición: entrarían tantos internos como personas abandonaran la prisión por día.
En esa misma medida cautelar, los camaristas Marcelo Madina, Walter Dominella, y Adrián Angulo ordenaron también “la reubicación progresiva y provisoria de los detenidos que no pertenezcan a los departamentos judiciales de Mar del Plata, Necochea y Dolores.
El fallo de la Sala II, que respondió al recurso de habeas corpus colectivo y correctivo interpuesto por Mario Coriolano, defensor de Casación; Cecilia Boeri, defensora departamental y Fabiana Danti, secretaria del área de Ejecución Penal, estableció plazos que vencen hoy mismo, 8 de septiembre.
Por eso 0223 conversó con Madina y Boeri. Ambos coincidieron en que en estos dos meses la población carcelaria en la Unidad Penal 15 de Batán “se redujo en un 10%”.
Con los internos dependientes de otros departamentos judiciales, la “progresiva relocalización” planteada en el fallo no fue tan efectiva. Sólo 30 de 270 detenidos fueron trasladados más cerca de su localidad y familia. De todos modos, como aclararon, la reubicación debía concretarse “sin mayores perjuicios para la calidad de detención” de las personas privadas de libertad.
Respecto a los reclamos por falta de comida y medicación, que no solamente motivaron este habeas corpus colectivo sino que además generaron la huelga de hambre de los internos a fines de julio, el cambio “es relativo”.
“No podemos decir que esté regularizada la alimentación, pero al menos no existe el vaciamiento del depósito como cuando presentamos el habeas corpus”, sostuvo Boeri, al aclarar que la sanidad “sigue en veremos porque no hay médicos ni remedios”.
Del papel a la práctica
Antes de trazar un balance, Madina advirtió que la resolución se fundamentó “en gran medida” en las devoluciones que jueces y defensores que recorren la cárcel por decisión de la Suprema Corte han formulado durante las audiencias previas al dictado de la resolución.
De este modo, el presidente de la Cámara de Apelaciones destacó el compromiso de sus pares para con las visitas institucionales y dio cuenta también de “lo crucial del monitoreo del Poder Judicial en contexto de encierro”.
En tal sentido, frente al vencimiento del plazo para el ingreso de detenidos al complejo penitenciario de Batán, Madina sintetizó: “Ha bajado el número de detenidos dentro de la 15. Estamos en un número cercano a los 900, cuando en julio estaba cerca de los 1000. Y de un total de 274 detenidos que había del Gran Buenos Aires en este momento hay unos 240. Todo esto presenta un número menor de prisionización”, aseveró el magistrado, que si bien reconoció que la resolución “no cambió realidades” sí ofició de resorte para llegar al arco político y ejecutivo.
“De hecho, a partir de la resolución y de un episodio bastante confuso, como fue la huelga de hambre que empezó por las condiciones generales en el penal y derivó extrañamente en un reclamo hacia las autoridades judiciales, se obtuvo una urgente provisión de carne y de productos, como lácteos y huevos, que hacía tiempo que no había en Batán”, describió Madina.
Sin embargo, a lo dicho, el camarista agregó: “Advertimos que a pesar de que uno observa los depósitos con una gran cantidad de medias reses y carne, la comida que se traslada a los pabellones no es de la mejor calidad. Por eso que hay que hacer un seguimiento permanente desde el fallo hasta ahora”.
Apelación estatal y Amicus del Cels
En Casación, el habeas corpus fue recurrido por el secretario de Política Criminal, César Albarracín, con el patrocinio de la Fiscalía de Estado. “Incluso hay una recusación y hay también un recurso de Casación contra la resolución que fuera tomada por la Cámara. La recusación fue rechazada por parte del Tribunal y el recurso ante Casación fue concedido”, apuntó Madina.
“La interposición de ese recurso no suspende los efectos de la resolución. Entiendo que en algunos aspectos que tienen que ver con el litigio estructural puede ser, pero en otras que tienen que ver con la verificación diaria del cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad, no. Eso no puede suspenderse a la espera de una resolución”, razonó el juez.
Por su parte, Boeri confirmó que el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) se presentará ante Casación como Amicus Curiae, es decir, como órgano especialista asesor del tribunal. “Es de mucha importancia porque se trata de acercar información necesaria como para resolver del mejor modo el conflicto. Pensemos que el Cels es el promotor del caso Verbitsky que derivó en una nueva visión sobre el cumplimiento de la prisión en la Provincia de Buenos Aires”, subrayó Madina.
