APe).- Casi marcaba el reloj la mitad del día cuando ellos se pusieron en puntas de pie y dejaron en el mostrador de la receptoría, parte por parte, los expedientes que los nombran. Hojas y hojas con membrete de las organizaciones de infancia al borde del abismo. Larguísimas listas de sus propios nombres, miles de nombres de niños y niñas que ayer demandaron “el restablecimiento y el reconocimiento a la promoción y protección integral de sus derechos” y solicitaron “la reparación de los daños y perjuicios generados por la vulneración de los mismos” (textual Demanda Contencioso Administrativa. Medida Cautelar). Miles de nombres de niños y niñas visibilizados en papeles infinitos que los enumeran y dejan de ser, por un rato, masa uniforme, número estadístico, tumulto improductivo, gavilla de quien protegerse, semillas de transformación profunda que hay que sujetar.
Más de un centenar se juntaron en la puerta de la Casa de la Justicia de La Plata. Es la sede de la Suprema Corte. Llegaron de José C. Paz, Moreno, La Matanza, Quilmes, San Fernando, Lomas de Zamora, Tigre, Avellaneda, San Miguel, Morón, Miramar, Bahía Blanca. Del conurbano profundo e injusto pero también de ciudades del interior con otro perfil. Supuestamente, de menor infelicidad. Venían a agolparse frente al mostrador de la Justicia. A pedirla. A reclamar su compañía con la prepotencia de los olvidados. De los que traen la verdad arrugadita en el bolsillo, de tanto que se la postergan.
Hogares, centros de día, casas del niño, organizaciones sociales llegaron ayer hasta el corazón administrativo de la Provincia para decirle, en la cara formal, que “amenaza, desconoce y lesiona, en forma actual e inminente, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los derechos constitucionales, individuales y colectivos, de niños, niñas y adolescentes, e instituciones dedicadas a la protección y promoción integral de los derechos de la niñez y adolescencia” (textual Demanda citada).
No fue fácil entrar a la Casa de la Justicia. Que suele inquietarse cuando la gente llega en redes, en peligrosas colectivas que crean fuerza nueva donde no la hay. Cuando llegan los niños, se inquieta. Y los guardias de la Casa de la Justicia hacen saber cuánto inquieta mucha gente y tantos niños. Ya lo sabe Lomas: su intendente y candidato oficial cree que hay que aumentar la punición a los pibes. Es decir, juzgarlos y encarcelarlos más chicos, vigilarlos y castigarlos, enfocarlos con las cámaras y correrlos con la policía. Y la gendarmería y la prefectura.
“Hace años que venimos soportando que el gobierno de la provincia no tenga los niños en su agenda. Las organizaciones han dado muestras todo el tiempo de tener una política diferente. Sin embargo, no son reconocidas. Vamos a hacer una demanda judicial para poner las cosas por su nombre. Hay un gobernador que incumple la Convención de los Derechos del Niño. Y reclamamos que se cumpla. Que se cumpla con nuestras organizaciones. Que se cumpla con los pibes. Con las familias. Pero sobre todo que podamos pensar, de una vez por todas ,un país diferente”. (Laura Taffetani, Fundación Pelota de Trapo, frente a la Casa de la Justicia).
Entonces se demanda al Estado provincial porque:
-La Provincia destina siderales cifras presupuestarias a Seguridad: en los últimos cinco años aumentó un 266,5 %. Los programas de Niñez y Adolescencia (inexorables variables de ajuste) sólo vieron ampliarse en un 72% sus partidas presupuestarias.
– El monto de las becas que bajan de las UDI (Unidades de Desarrollo Infantil) y de la Secretaría de Niñez está congelado desde hace más de tres años. El atraso en el pago de esas becas es constante y genera el cierre de las obras o de varios de sus programas.
– Las organizaciones carecen de un marco laboral ad hoc para sus trabajadores y están regidas por las mismas normativas legales que las empresas con fines de lucro.
– Las obras no remplazan al Estado: hacen todo aquello que el Estado no haría jamás, por determinación sistémica: muestran que hay otra vida posible, otro abrigo, otro crecimiento, cimentado en pan y ternura.
– El Estado provincial decide invertir en seguridad falaz, en vigilancia de los que rompen los alambrados del confín al que fueron condenados, en decenas de miles de vigilantes en las calles, en patrulleros y en cámaras que apunten a la negritud de los arrabales. Nunca invertir en la seguridad de los otros. En la de los chicos con plomo, mercurio, cadmio y benceno en sangre de las orillas del Riachuelo. En la de los pibes atrapados por el paco, los que fuman cada cinco minutos y roban lo que pueden para comprar desesperadamente y tosen partículas de pulmón y neuronas y mueren en una calle, consumidos, o bajo la bala policial. En los que tienen hambre histórica y cuando van a la escuela se duermen en el pupitre y no comprenden la pizarra porque están desnutridos. En los chicos de la Pérgola, que tenían entre seis y trece cuando los echaron a piedras y palos de la Plaza San Martín de La Plata y el mismo Programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho de la UNLP (el mismo de la Demanda citada) presentó un amparo en 2008 para proteger sus derechos. Que nadie protegió porque terminaron muertos, presos, vulnerados, destruidos.
Por eso el juicio a la Provincia, que recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 3 de La Plata, a cargo del doctor Francisco José Terrier. Por eso fueron ellos, tan cortitos, más petisos que la pila de expedientes que dejaron en la Receptoría de la Casa de la Justicia. Porque son ellos los que construyen un futuro tenue, frágil, y les levantan todo el tiempo ventarrones que los devastan.
Por eso el juicio a los decididores de estos tiempos. Para que por una vez empiece a merodear la primavera.
