Adolescentes y Derechos Humanos vulnerados
Entre el 5 y el 6 de septiembre, se desarrollaron con gran éxito las I Jornadas de Derecho Penal Juvenil en la Provincia de Catamarca. En este marco, la disertante Claudia Cesaroni (Foto), presidenta del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), recalcó que hace pocos meses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la República Argentina por la vulneración de los Derechos Humanos a adolescentes, menores de 18 años, que fueron condenados a reclusión perpetua.
El evento fue organizado por la Escuela de Capacitación Judicial de Catamarca, la Corte de Justicia de Catamarca y la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia (ALAMFPyONAF), con el auspicio de la Cátedra de Derecho Penal II de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa) y Multimedios Unión. Por la importancia de la temática, las Jornadas fueron declaradas de interés por el Poder Judicial de la Provincia, la ALAMFPyONAF, la Facultad de Derecho de la UNCa y la ONG Paradigma del Derecho.
Ante más de 500 asistentes, junto con Cesaroni disertaron María Fontemachi, presidente de la ALAMFPyONAF; Julián Axat, Defensor Juvenil en la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires; Emilio García Méndez, presidente de la Fundación Sur; Eduardo Brandi (juez de la Cámara del Crimen de Menores de la Ciudad de Mendoza y miembro del Comité Científico de la ALAMFPyONAF) y Rodrigo Morabito -Foto- y Fabricio Gershani Quesada, Jueces de Menores de la Primera Circunscripción de la Provincia de Catamarca.
En su alocución, durante el primer día de las Jornadas, la titular del CEPOC recordó que las primeras condenas a reclusión perpetua a adolescentes de 16 y 17 años se efectuaron en 1999. Entre 2000 y 2002, remarcó, en la Provincia de Mendoza se volvió a condenar a jóvenes, menores de 18 años. En uno de estos casos, indicó, el fiscal había solicitado una pena de 20 años. Sin embargo, la condena impuesta fue mucho más dura.
Según Cesaroni, algunos de los adolescentes condenados murieron y otros fueron torturados. Además, destacó que los condenados a reclusión perpetua son confinados en cárceles del sistema federal. Otro caso resonante, señaló, es el del joven Maldonado, que data de 2005.
Luego de hacer referencia de estas condenas – que probablemente formen parte de los anales oscuros de la justicia argentina-, la fiscal Cesaroni señaló que la Convención de los Derechos del Niño (CDN) prohíbe tales castigos, incluso la de muerte. El fundamento es bastante claro, contundente y preciso: la prisión es mala para un niño porque es un reparto de dolor. También aclaró que la CDN diferencia la excarcelación de la libertad condicional.
Debido a la grave situación de condenas que se ejecutaron con tortura, que en algunos casos llevaron a los adolescentes a una muerte prematura, por su corta edad, hubo dos denuncias, aseguró la especialista. Para Cesaroni, estos jóvenes no pudieron construir un proyecto de vida y, probablemente, ninguna de sus metas fue alcanzada.
«Lamentablemente, Argentina es el único país que aplicó penas de prisión y reclusión perpetua a personas por delitos graves antes de los 18 años de edad. Por ese tipo de condenas, acaba de emitirse un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizando al Estado argentino por violar los Derechos Humanos de estos adolescentes, por aplicarles estas penas y por la manera en que se ejecutaron durante el tiempo que están presos», sostuvo.
Voces
María Fontemachi, presidente de la ALAMFPyONAF, fue la encargada de romper el hielo. Ante un importante público que se hizo cita para poder participar, consideró que ello es una muestra de interés y, por sobre todo, de un compromiso social. La Magistrada remarcó que la Justicia debe ser especializada e independiente. Además, debe tener integración a fin de establecer lazos y evaluar para una respuesta.
En la primera Jornada, Rodrigo Morabito, juez de Menores de Segunda Nominación, advirtió en su discurso que el Sistema Penal Juvenil está lleno de muchos eufemismos.
«Las leyes que se aplicaron durante años a los niños son leyes penales, por más eufemismos que se hayan utilizado en sus formulaciones. Instituto en lugar de cárceles; medida de tratamiento o readaptación tutelar o educativa en vez de pena; protección por represión. En realidad, se trataron de medidas de control social, de una forma de controlar a la niñez descontrolada», destacó.
En este sentido, remarcó que aún está en vigencia el Decreto Ley 22.278, que data de la última dictadura militar. El Magistrado cuestionó si esta legislación, con poco más de 30 años de su entrada en vigencia, puede ser aplicada. «Un Sistema Penal basado en eufemismos, los objetivos son ficciones», aseveró.
Para Morabito, basta que un delito cometido por un chico para crear una percepción, sin conocer su condición social. Esta situación surge, opinó, porque no se aborda el entorno social sino que se actúa sobre el efecto y no sobre las causas. Ante esta realidad, consideró que un Régimen Penal Juvenil con garantías puede solucionar sólo una parte del problema. Si control penal es igual a control social, remarcó entonces se produce una doble condena porque es fácil someter a un chico a un proceso penal por los efectos.
De acuerdo al criterio del Juez no sirve de nada endurecer penas sino que se debe poner énfasis en las causas para evitar los efectos. A mayor educación y reinserción, alertó, mejor sociedad.
Por su parte, el defensor juvenil Julián Axat, aseguró que un Sistema Penal Juvenil sin un Sistema de Protección y Promoción de Derechos, en paralelo, no tiene valor. Según Axat, el país sigue en la búsqueda de un Régimen Procesal Penal Juvenil.
Al respecto, señaló que es necesario un resorte social y que actualmente existe una especialidad vacía. También informó que en 2008, cuando en la Provincia de Buenos Aires aún no se había implementado el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, había 280 chicos en instituciones. Para 2010, el número ascendió a más de 650 y en 2013 se estima que hay más de mil. Debido a este incremento, se construyeron más instituciones y, en consecuencia, se produjo un efecto de hacinamiento.
Por último, Fabricio Gershani Quesada, juez de Menores de Primera Nominación de Catamarca, disertó sobre la especialidad penal, una mirada desde la perspectiva provincial. El Magistrado remarcó que ante la vigencia del Decreto Ley 22.278 de la época de facto se «parcha» con la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, consideró que el sistema actual es más duro para los niños que los adultos, debido a que en la práctica se sigue aplicando un régimen tutelar.
«Es más duro desde la comprensión como del sistema mismo. Una persona que vaya a pasar por los tribunales en calidad de imputado, hoy es detenido; sabe que en 24 horas se lo va a indagar y que en 48 horas se pedirá el control de detención; en el término de 10 días el fiscal pedirá la preventiva o no; se puede confirmar o no (…). Lo que es tan elemental en el Régimen Penal de adultos no lo es en el Régimen Juvenil», precisó.
En este sentido, explicó que por expresa disposición legal la prisión preventiva se da fuera de toda consideración y, por ende, toda la investigación penal se termina trasladando a un expediente tutelar.
