NEUQUÉN (AN).- Una de las leyes complementarias para la aplicación de la reforma procesal penal, la que establece la mediación penal, se debatirá hoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales luego de haber tenido el visto bueno de la comisión interpoderes que sugirió inclinarse por el proyecto del Poder Judicial que crea este mecanismo dentro de la estructura del poder.

El Tribunal Superior de Justicia indicó que sería posible utilizar en el 65% de los casos que llegan a los Juzgados este sistema de solución de los conflictos.

El esquema que elaboró la comisión interpoderes prevé la creación del sistema dentro del Poder Judicial para que dependa de la Fiscalía ante el TSJ. Raúl Dobrusín (Une) defendió su proyecto que prevé la creación por fuera del Poder Judicial como funciona en otras provincias como Santa Fe, indicó.

«Si se crea dentro del Poder Judicial es un poder esquemático y cerrado y no tiene la flexibilidad que merece una oportunidad como la de mediación», dijo. Recordó que existe un sistema de mediación en la ciudad de Neuquén «que funciona muy bien» en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la municipalidad e indicó que la ventaja es que al desestructurarse la mediación, de los rieles judiciales, se agiliza la obtención de un acuerdo porque se evita que se entablen demandas por dichos que no son los adecuados.

El Poder Judicial tiene un cuerpo de mediadores por lo que su implementación podría ser relativamente rápida antes de fin de año y de esa manera desestructurar la expectativa interna que genera en ese poder la implementación de la reforma procesal penal a partir de enero.

Quedan en trámite legislativo las leyes orgánicas del Poder Judicial y las del Ministerio Público Fiscal y de la defensa. Hay proyectos que presentaron la Asociación de Magistrados, el Tribunal Superior de Justicia y el Colegio de Abogados, escritos que fueron enviados a la comisión interpoderes para que los evalúe e indique lo más conveniente en términos de sugerencia.

El máximo órgano de Justicia de la provincia, por acordada, expresó su preocupación ante la posibilidad que no estén las condiciones óptimas para la implementación de la reforma que muta el actual sistema de administración de justicia penal a uno de tipo acusatorio y oral, donde el fiscal asume la responsabilidad de la investigación y se crea un colegio de jueces que designa a cada magistrado según el caso.

 

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