El jueves, el Senado santafesino dio media sanción a un proyecto del senador Eduardo Rosconi que divide las investigaciones penales sobre drogas y asigna a la justicia de la provincia la competencia para perseguir el narcomenudeo. «Es un error porque va a generar impunidad para los grandes narcotraficantes», dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis. Y advirtió sobre las consecuencias de sacar una ley como la que propuso Rosconi y votaron sus colegas del PJ y del oficialismo. «Siempre termina cayendo el eslabón más débil, mientras los peces gordos tienen tiempo de escapar o de asegurarse la impunidad. Dividir la competencia beneficia a los grandes narcos», insistió.
Lewis sumó sus críticas a las que ya plantearon la diputada del Frente Progresista Alicia Gutiérrez y el fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal. Gutiérrez dijo que provincializar las causas por drogas «es una receta que fracasó» en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba porque «focaliza la mirada sobre el último eslabón de la cadena de tráfico» y «quiebra la investigación» de los narcos mayoristas. Mientras que De Olazábal sugirió «pensarlo mejor» porque si se traspasa a «la provincia la investigación» del narcomenudeo también tendrían que garantizarse los fondos respectivos. «Pasar la responsabilidad de investigación sin recursos es arriesgarse a un fracaso muy serio», dijo y recordó la transferencia de escuelas nacionales que «pasaron a las provincias (sin presupuesto) y todo se vino abajo».
El ministro Lewis dijo que los inconvenientes de esta normativa y cómo ha funcionado ya se vieron en las provincias de Buenos Aires y Córdoba: el traspaso de la competencia sin presupuesto. «No hubo ninguna transferencia de recursos de la Nación para asumir esta nueva competencia de las provincias. Esto termina por significar un desentendimiento total de la justicia federal para investigar, ya no las causas menores, sino cualquier causa relativa al narcotráfico», explicó.
«Dividir la competencia investigativa de esta manera termina beneficiando y dando más impunidad a los grandes narcotraficantes, en detrimento de los pequeños que están en el narcomenudeo. Porque si bien puede haber una investigación de grandes organizaciones, finalmente, termina cayendo el último eslabón, mientras los peces más gordos tienen tiempo de escapar o de asegurarse su impunidad», dijo Lewis.
En el tráfico de drogas, «la Policía santafesina, si alguien está cometiendo un delito puede intervenir, el que no es competente es el juez de la provincia, pero sí la Policía provincial puede intervenir tranquilamente. De hecho, la mayor cantidad de investigaciones sobre drogas son realizadas por la Policía provincial y no por ninguna fuerza federal», apuntó.
Lewis desestimó también el argumento que se planteó en el Senado, que hay pocos juzgados federales (tres en Rosario, dos en Santa Fe y uno en Reconquista) y están lejos. Y mencionó una entrevista con su colega de la Nación, Julio Alak, en la que participó también el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto. «Fuimos a pedir que se ponga en marcha el Juzgado Federal de Rafaela, que fue creado hace cinco años y un Juzgado Federal en Venado Tuerto. Tuvimos muy buena recepción de Alak y eso sería una cuestión que se superaría en breve», relató.
«Pero antes que crear juzgados federales, es mucho más importante que los fiscales federales recorran la provincia y ahí no hay ningún tipo de problemas con las distancias porque el fiscal no tiene que estar atrás de un escritorio, esperando que le lleven nada. Lo que tiene que hacer es estar encima de las investigaciones. El Ministerio Público de la Nación tiene una inactividad pasmosa: los fiscales está esperando siempre las cosas atrás de sus escritorios, con exigencias a las fuerzas de investigación que son más para inhabilitar persecuciones o investigaciones antes que para descubrir algún delito. Creemos que por ahí pasa el tema, no por tergiversar la norma y generar una instancia que va a generar impunidad para los grandes narcotraficantes».
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