¿El jurado ha llegado a un veredicto? Culpable. Diez de 12 jurados consideraron que una mujer debía ser condenada por el homicidio de quien era su pareja, en un simulacro de juicio por jurados que se realizó ayer en el salón del Consejo General de Educación (CGE) y que, sin embargo, no logró apagar el debate entre entusiastas y detractores.
La actividad fue organizada por el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de Abogados de Entre Ríos, en conjunto con la Asociación Pensamiento Penal y la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, que impulsa el debate sobre la reglamentación de un instituto previsto en la Constitución Nacional de 1853, aunque nunca implementado.
Se trata de una forma de juzgamientos que se caracteriza por la participación de los vecinos en la toma de las decisiones, es decir, los propios ciudadanos deciden si el acusado de un delito es culpable o inocente.
La experiencia reunió ayer a una gran cantidad de personas, entre jueces, fiscales, defensores, abogados del foro local y estudiantes. La novedosa experiencia consistió en el análisis de un caso real, con la presencia de un jurado conformado por un grupo heterogéneo de ciudadanos –seis hombre y seis mujeres, entre los que se contaban un desocupado, un joven de 18 años, jubilados, empleados estatales, docentes, personas que no eran de Paraná–; con actores que interpretaban a los testigos y a la acusada; con la participación de Fernando Ávila, funcionario judicial de Necochea, como fiscal; Pablo Iribarren, juez de Río Negro, como defensor; y Mario Juliano, integrante del tribunal de Necochea, como juez técnico.
El caso. Una mujer, que en el simulacro fue presentada como Tamara Peña, llegó al juicio acusada por el homicidio de quien era su pareja, Manuel Gómez. Ambos llevaban una relación sin compromisos en los últimos seis meses, marcada en el último tiempo por episodios de violencia y golpes de parte del hombre. Gómez fue presentado como “consumidor de cocaína”, “bebedor”, “mujeriego” y “agobiado por las deudas”. El 3 de marzo de 2011 fue asesinado de un disparo que Peña reconoció haber efectuado en medio de una fuerte pelea y tras recibir una golpiza.
Tras los alegatos de apertura, el juez moderador enumeró una serie de hechos objetivos sobre los cuales no había discordancias entre la versión del fiscal y la del defensor. Los miembros del jurado escuchaban con atención –algunos tomaban apuntes–, sentados como en semicírculo, de frente al público y a los testigos. Habían sido seleccionados con un criterio lo más diverso posible a partir de una preinscripción ante una convocatoria lanzada desde el Colegio de Abogados.
Después de la declaración de un puñado de testigos/actores, la acusada/actriz contó su versión. Con solidez, puso en aprietos al fiscal, contó el tipo de relación que tenía con la víctima, las agresiones que sufrió en los meses que estuvieron juntos y detalló cómo se produjo el crimen. “Yo me defendía, él intentaba agarrarme y yo intentaba separarlo con mis brazos”, contó. Dijo que mientras discutían, el hombre la insultaba, que la tomó del pelo y la arrastró hasta azotarla contra el piso. Los papeles volaban en la oficina y, desde el piso, Peña veía cómo Gómez se le iba encima. Entonces tuvo un “flash”: tomó el arma que tenía en la cartera –y que el propio Gómez le había dado unos días antes para su protección–, le apuntó, el hombre se le rió, alcanzó a ver que iba hacia ella con furia. “Cerré los ojos y disparé”, dijo al borde del llanto.
Luego vinieron los alegatos. De cara al jurado, con palabras simples y sin los tecnicismos típicos, el fiscal y el defensor hicieron sus argumentaciones. Entonces los miembros del jurado pasaron a deliberar. Las reglas impuestas establecían que siete votos eran suficientes para un veredicto de inocencia, pero se requerían 10 para decretar la culpabilidad de la acusada. Poco más de una hora duraron las deliberaciones hasta que llegó el acuerdo: culpable.

Desde adentro
Tensas fueron las discusiones en la sala de deliberaciones. Doce personas de distintas extracciones, diversas franjas etarias y grupos sociales debían intercambiar posturas y argumentar su voto de inocencia o culpabilidad para Tamara Peña. “Había quienes no aceptaban posturas distintas a las propias y cargaban contra las voces disidentes”, reconoció a EL DIARIO una persona que participó de las deliberaciones. “La mayoría sostuvo la misma postura de principio a fin, pero hubo variaciones forzadas para llegar a un acuerdo”, acotó el jurado, que admitió haber sido tratado despectivamente cuando intentó incluir en el análisis la perspectiva de género. El jurado se lamentó de “la liviandad con que las personas, a veces, pueden acusar y condenar a alguien, sin considerar atenuantes ni mirar el hecho en contexto” y agregó: “Creo que como sociedad tenemos mucho que evolucionar antes de implementar algo así”.

Debate e historia
“No es momento para tener un juicio por jurados”. Las palabras de Carmen Argibay aportan otro enfoque al debate. La ministra de la Corte Suprema consideró que “si cuesta mucho que los testigos se presenten a declarar, cuánto más va a costar traer a los jurados, que es una carga pública” y agregó: “Lo más grave para mí es la falta de educación”. El juicio por jurados se aplica en Córdoba desde 2005, pero en un esquema mixto, llamado escabinado, constituido por jurados letrados y algunos de extracción popular.
En Entre Ríos hubo algunos intentos de instaurar este sistema: en 1996 se creó una comisión para analizar el tema, pero la idea no prosperó; ocho años después, en 2004, ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto para instrumentar este sistema, que tampoco fue debatido y terminó perdiendo estado parlamentario; tampoco en la Convención Constituyente de 2008 fue un tema preponderante. Tras la jornada de ayer, el penalista Miguel Cullen destacó que el tema “se difunda entre la ciudadanía” y agregó: “Con este evento pretendíamos comenzar a debatir la democratización de la justicia, que no es otra que la participación ciudadana en la función de administrar justicia”, sentenció.

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