Los defensores de oficio deben garantizar que aquellos ciudadanos que perciben al mes menos de $ 18.000 tengan una defensa justa ante la Justicia. Sin embargo, el sistema es un caos y la saturación evidente.
El exceso de trabajo de los defensores de oficio de todo el país es de tal magnitud que, cada uno de ellos, debe atender un promedio de 1.162 casos que afectan a personas de escasos recursos económicos. Es decir, deben estudiar un promedio de cuatro casos por día.
«Es un disparate que esa cantidad de defensores de oficio atiendan tantos casos por año», admitió a El País la directora Nacional de Defensa Pública del Poder Judicial, Beatriz Aristimuño.
El presidente de la Asociación de Defensores de Oficio, Luis Ferrari, dijo recientemente en el Parlamento que tenía a cargo los expedientes de 250 presos y 2.500 causas de personas libres. «Es obvio que es imposible dar una defensa de calidad con esos números», advirtió.
Por su parte, Aristimuño señaló que, en algunas defensorías del país, los profesionales deben llevar los expedientes a sus casas para poder afrontar la elevada carga de trabajo.
«En algunos lugares del interior del país, por el volumen de trabajo y población, se precisa duplicar la cantidad de defensores. En el caso de la defensoría civil de Montevideo habría que aumentar la cantidad de defensores al doble o aún más», manifestó.
«El área de defensoría civil en Montevideo, desgraciadamente, no da abasto. Solo tiene un director y dos defensores de oficio. Lo que es imposible de atender porque ellos siguen casos civiles y administrativos», insistió.
Según Aristimuño, para que la defensoría civil montevideana funcione en forma correcta se necesitarían, por lo menos, otros cuatro abogados más.
En cambio, la defensoría de oficio en lo penal está mejor cubierta que lo civil, explicó.
Según Ferrari, en el interior del país faltan defensores de oficio en todos los departamentos y en el caso de Montevideo habría que analizar por materia. «En materia penal y si se aprueba el nuevo Código, obviamente van a faltar defensores», advirtió.
Ante los parlamentarios, Ferrari dijo que los números hablan por sí solos: 215 defensores de oficio atienden a 250.000 personas en un año.
Señaló que frente al fortalecimiento de la Defensa Pública a nivel internacional «tenemos que asistir a un triste debilitamiento» de la Defensa Pública en el Uruguay.
Según las estadísticas de la agremiación, cada defensor público debe atender un promedio de casi cuatro expedientes diarios en caso de que trabajara los 365 días del año.
Aristimuño, quien se desempeña en la Defensoría Pública hace 32 años, dijo que las cifras de atenciones que maneja el sindicato de defensores de oficio no son descabelladas.
«Hay un disparate» de trabajo en las defensorías de todo el país, dijo.
Coincidió con Ferrari en cuanto a que, en algunos casos, la calidad de las atenciones de los defensores de oficio «es probable que se resienta».
Puso como ejemplo las visitas de los presos a las cárceles que los abogados defensores no pueden efectuar con asiduidad porque, cuando están de turno (15 días), deben enfrentar hasta ocho horas continuas de audiencias y cuando no lo están, deben seguir con otras instancias del proceso judicial.
Pero no sólo los defensores civiles están desbordados de expedientes. La defensoría de familia, que atiende casos de violencia doméstica, utiliza un call center para fijar las citas por la elevada demanda de defensores. Atiende entre 250 y 350 personas por día.
Problema.
Aristimuño dijo que la presentación de recursos no se demora porque en las defensorías civiles hay cuatro procuradores con título de abogados que actúan como defensores de oficios. Estos procuradores hacen el trabajo de un defensor de oficio pese a que no cobran sueldos como tal: atienden las consultas y concurren a las audiencias en los juzgados de conciliación o civiles.
Estos procuradores se encargan de tramitar, por ejemplo, pensiones por incapacidades ante el Banco de Previsión Social (BPS). En ocasiones, este tipo de beneficios se suspende por algún motivo y los discapacitados de escasos recursos deben apelar a defensores de oficio para presentar un recurso administrativo, dijo Aristimuño.
Las cifras
2.500
Son las causas anuales de personas libres que atiende el presidente de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay.
1.162
Es el promedio de expedientes por año que tramitan cada uno de los 215 defensores de oficio, según datos de la agremiación.
Reclaman equiparación salarial con los magistrados y los fiscales
El viernes 13, en su concurrencia al Parlamento, directivos de la Asociación de Defensores de Oficio reclamaron una equiparación salarial con los jueces y fiscales.
El presidente de la agremiación, Luis Ferrari, recordó que en Uruguay esto se logró en la década del noventa, momento en el que se dictó una ley donde los defensores quedaron equiparados a los jueces. Desde 1990 a la fecha, agregó, «se ha ido burlando» esa equiparación a través de diversos mecanismos al punto que hoy los defensores de oficio cobran salarios que equivalen en un 60% aproximadamente de lo que perciben fiscales y magistrados. «Esta situación hace que nuestra defensa pública se vea cada vez más debilitada», advirtió. Agregó que esa situación llevó a que defensores optaran por concursar al Ministerio Público. «Esto debilita nuestros cuadros, nos debilita institucionalmente y nos genera una crisis de vocación», indicó.
Ferrari señaló que en el presupuesto actual también se les dio a los jueces una partida de incompatibilidad absoluta, que implicó un 33% de aumento salarial. «Sin embargo, a la defensa pública no le tocó, pese a que tiene la misma incompatibilidad que los jueces. Todo esto hace que nos veamos bastante desalentados en lo que refiere a nuestro salario», dijo.
El dirigente gremial reiteró que, actualmente, el salario de los defensores de oficio está «muy mermado» con respecto al de un juez y fiscal y, por eso, reclaman un aumento salarial de $ 3.000 para cada defensor de oficio.
