En una reunión encabezada por el Gobernador Antonio Bonfatti que se llevó a cabo hoy en la casa de Gobierno de Santa Fe, y de la que participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis; todos los ministros de la Corte Suprema, el procurador Jorge Barraguirre y el fiscal general a cargo del Ministerio Público de la Acusación, Julio De Olazábal, se definió que el 10 de febrero de 2014 comienza a regir el nuevo sistema procesal penal, en toda la provincia y para todos los delitos.
“Estamos satisfechos porque a partir del diálogo entre poderes y entre actores clave hemos avanzado en una definición que no es sólo la de una fecha sino la de un día histórico en la provincia. Ahora caminamos sin dudas hacia ese horizonte y le damos certidumbre a todos quienes intervienen y forman parte del sistema de justicia penal”, afirmó el gobernador Antonio Bonfatti.
En este marco, el Poder Ejecutivo provincial convocará también al titular del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, Gabriel Ganón.
«Esto demuestra que en Santa Fe el diálogo sigue siendo una herramienta importante y eficaz para arribar a acuerdos y lograr resultados», agregó el mandatario.
Tras un meticuloso proceso de implementación del nuevo sistema, que se encuentra en su etapa final, el Poder Ejecutivo debe determinar cuándo están dadas las condiciones para que entre en vigencia plenamente el modelo acusatorio basado en audiencias orales. Durante la reunión, todas las partes –que han tenido responsabilidades imprescindibles en esta compleja transformación- evaluaron lo que han venido realizando hasta ahora en materia normativa, de infraestructura, de capacitación, entre otros ejes, así como las tareas pendientes. En ese sentido, acordaron que la fecha de inicio sea el lunes 10 de febrero de 2014.
Desde el Poder Ejecutivo se había entendido que las condiciones estaban dadas para el comienzo durante el último trimestre de este año, no obstante lo cual se consideró oportuno recabar la opinión de actores con responsabilidades fundamentales en el nuevo sistema. En ese marco es que se llevó a cabo la reunión de hoy y por diversas razones, fundamentalmente de tipo organizacional, todos coincidieron en que culminada la próxima feria judicial de verano el momento más adecuado para que se ponga en vigencia en su totalidad será el 10 de febrero de 2014.
En virtud de ello, el gobernador dictará un decreto con los términos centrales del acuerdo al que se arribó en el encuentro, normativa donde constará la mencionada fecha como el momento en que entra en vigencia definitivamente el nuevo Código Procesal Penal.
Después de repasar todo lo efectuado hasta el presente, el gobierno y estos dos actores centrales de la nueva justicia penal coincidieron en que las tareas elementales necesarias para el inicio del nuevo sistema se encuentran cumplidas, así como también en relación al avance de la implementación. Las partes también expresaron su compromiso de trabajo para hacer los últimos ajustes rumbo a este día fundacional en materia de enjuiciamiento penal.
El cambio será histórico porque a partir del 10 de febrero todos los delitos comenzarán a investigarse y juzgarse en consonancia con los postulados de la Constitución Nacional. Se pone fin además a la etapa de implementación progresiva y por materias: comienzan a jugar los nuevos actores (fiscales y defensores) que habían sido seleccionados, quienes litigarán ante los tribunales.
Un proceso de cambio histórico
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es organismo de implementación del nuevo proceso penal y por eso desde 2007 ha ejecutado y coordinado múltiples acciones para su puesta en marcha, entre los que se destaca la creación desde cero del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público provincial de la Defensa Penal.
En septiembre de 2009 fueron aprobadas las leyes orgánicas que crean estas instituciones clave, junto con la ley de Transición y la de Organización de los Tribunales Penales y Gestión Judicial. Luego fue necesario seleccionar a las autoridades de la Fiscalía y la Defensa, así como darles apoyo logístico y administrativo. Por concursos públicos han sido elegidas las autoridades provinciales, las regionales y los fiscales y defensores titulares y adjuntos, que recibieron el correspondiente acuerdo legislativo.
El Poder ejecutivo ha dotado al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de las sedes en las cabeceras regionales de las ciudades de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto, como así también en localidades de importancia estratégica, como el caso de Vera, habiendo adquirido el mobiliario necesario para su funcionamiento,
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también ha impulsado modificaciones legislativas para la puesta en funcionamiento del nuevo código; promovió acuerdos institucionales, como por ejemplo entre el Ministerio de Seguridad y la Fiscalía, para la investigación criminal y científica; creó los Centros de Asistencia Judicial (CAJ) con sus oficinas de Asistencia a las Víctimas y de Mediación Penal para apuntalar los aspectos pertinentes del nuevo sistema, instituciones que están en franco crecimiento, dado que ya hay cinco de ellos funcionando en la provincia (Rosario, Santa Fe, Tostado, Vera y Reconquista); diseñó e implementó el programa de Gestión y Control de Reglas de Conducta en el ámbito de la Dirección de Control y Asistencia Pos Penitenciaria; asumió la protección de testigos en el marco del decreto Nº 889/2010 debido a que todavía la legislatura no ha dictado la ley pertinente.
También desde la cartera de Justicia y Derechos Humanos se ha realizado intensa capacitación para los operadores del sistema, se trabajó en la refuncionalización de espacios del Poder Judicial para montar las salas de audiencia y las oficinas de gestión judicial, se conformó un Comité de Gestión de Conclusión de Causas para desarrollar los lineamientos del sistema residual, entre otras tareas.
Por último, también se encuentra en proceso la informatización de las nuevas instituciones de la justicia penal.
