Desde la Defensoría de Pobres y Ausentes preparan una presentación para que el Estado provincial se haga cargo del error judicial. Alegaron el estado de abandono de María Viera, quien fuera despojada de su vínculo familiar por una sentencia apócrifa.
Desde la Defensoría de Pobres y Ausentes Nº2 preparan una acción judicial a raíz de la situación psicológica y familiar de María del Carmen Viera, quien permaneció durante 13 años reclusa en el Penal Nº3 del Instituto Pelletier luego de ser condenada en el año 2000 por matar a su hijo recién nacido y cuya inocencia se comprobó en abril de este año. Nora Maciel, titular de la Defensoría, manifestó a época que durante el tiempo que estuvo presa Viera tuvo que dejar en una situación de precariedad e indefensión a sus hijos y que por verse afectados los derechos humanos, se canalizó el tema por medio del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia. “Ella toma contacto con los hijos, que permanecieron en una situación de precariedad. El papá fallece mientras que ella permanecía en la cárcel, ahora hace una semana pierde a la mamá; así que ella viene recibiendo uno tras otro los golpes de la vida. Los chicos están en Mercedes, trabajando de cuentapropistas, son todos jóvenes. La mayor tiene 22 años”, contó Maciel. La titular de la Defensoría explicó que Viera había sido condenada a cadena perpetua por el Tribunal Criminal de Paso de los Libres, y por una revisión de la causa, los miembros del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Alejandro Chaín, Guillermo Semhan y Carlos Rubín, determinaron que las pruebas fueron infundadas y mediante un diagnóstico “temerario” por parte de los forenses. “El fiscal de la causa no tenía elementos y aún así el tribunal dictó la cadena perpetua. La situación de ella fue adaptarse lo mejor posible a esta situación de encierro y sale adelante capacitándose lo que hoy le permite desenvolverse en varias actividades”, sostuvo
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