La agrupación Justicia Legítima le pidió ayer al ministro de Justicia, Julio Alak, que la acompañe en darle impulso al debate parlamentario de un proyecto de reforma procesal para los juicios penales que no sólo está redactado, sino que fue presentado hace tiempo por el diputado Oscar Albrieu. La propuesta prevé un sistema acusatorio (donde los que investigan son los fiscales), con juicios que no duren más de dos años y donde lo sustancial se dirima en forma oral, sin papeles. El planteo encierra, en parte, una reacción ante la decisión que esta semana anunció la Corte Suprema de crear tres comisiones integradas por jueces para que hagan un diagnóstico y sugieran reformas para acelerar las causas penales. Justicia Legítima sostuvo en un comunicado que el hecho de que sean los jueces los que se ocupen del asunto “no solucionará ninguno de los problemas estructurales” de los que son parte, que el tema ha sido largamente debatido y que el ámbito de discusión ahora debería ser el Congreso, donde irán en los próximos días.
Ya es historia vieja y conocida que los juicios penales han llegado a durar un promedio de 14 años, en los casos de corrupción, mientras que otros de gran trascendencia institucional hasta han pasado la barrera de las dos décadas, como el de la detención ilegal de Walter Bulacio, que empezó recién ahora. Después de haber invalidado la mayor parte de la reforma judicial promovida por el Poder Ejecutivo, la Corte anunció esta semana que sus integrantes habían firmado una acordada que plantea el objetivo de generar una reforma desde el mismo Poder Judicial. Señalaban la conveniencia de empezar por los juicios penales y ordenaban conformar tres comisiones para que en un plazo de noventa días eleven propuestas, incluso legislativas. El problema del laberinto de las causas penales no es novedad para nadie, pero como lo que se discute es un modelo que replantea la distribución de tareas (y de poder) en los expedientes, siempre encuentra algún escollo.
Justicia Legítima reaccionó ante la idea de la Corte de generar un nuevo debate y concentrarlo en los jueces, para que sean ellos los que diseñen incluso una reforma legislativa, por considerar que ya se discutió mucho y que el proyecto de reforma del Código Procesal Penal que tiene estado parlamentario cuenta –aseguran– con gran consenso y aportes de las organizaciones de derechos humanos y del ámbito del derecho, e incluso de una comisión que trabajó años atrás en el propio Ministerio de Justicia. La comisión directiva de Justicia Legítima intentó persuadir a Alak y al secretario de Justicia, Julián Alvarez, de que no hay nada más que discutir. José Massoni, ex camarista y ex titular de la Oficina Anticorrupción, lo sintetizó así: “El Código actual es el de la corporación judicial, el que proponemos es del de la democratización de la Justicia”.
En el encuentro, en el ministerio, estaban entre otros la jueza María Laura Garrigós de Rébori, el fiscal Javier De Luca, el fiscal Félix Crous, el titular de la unidad de derechos humanos de la Procuración, Jorge Auat, la defensora Florencia Hegglin, el secretario de la Procuración Lisandro Pellegrini, y había representantes del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) –que tuvo gran participación en la elaboración del proyecto de Albrieu–, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de Abuelas de Plaza de Mayo. Alak insistió mucho en preguntar si el proyecto que piden aprobar tiene consenso. “Es el que acepta la doctrina mayoritaria. ¿Cómo van los jueces a modificar los problemas que generan, y que son culturales?”, señaló De Luca a Página/12. “Los que más se oponen son los jueces federales, porque quieren conservar un modelo inquisitivo donde concentran el poder”, añadió Garrigós. Después de escuchar un buen rato, el ministro de Justicia se dio por convencido. Pidió, de todos modos, que se organice algún encuentro para actualizar mínimamente el debate.
En el sistema actual, la investigación está concentrada y es manejada por los jueces que pueden o no delegarla en los fiscales. Es decir, investiga el mismo actor que dicta la sentencia. Los jueces controlan y manejan los tiempos. La etapa de instrucción de un caso puede llevar tanto tiempo como la de juicio oral y, más allá de que el Código ponga plazos, nadie los respeta. La mayor parte del proceso es escrita, hay pocas audiencias donde se vean las caras las partes y los jueces. Hay lugar para chicanas de los abogados y toda clase de planteos dilatorios.
El sistema “acusatorio”, que ya está arraigado en buena parte de la región, es el que propone el Código Procesal que presentó Albrieu (Frente para la Victoria). Propone papeles claros: el fiscal investiga, el juez supervisa el proceso y dicta la sentencia; el texto prevé que los fiscales puedan elegir qué se investiga y qué no con un criterio de “oportunidad” que priorice las causas con chances de avanzar y que tengan relevancia; también les da más participación a las víctimas y brinda la opción de impulsar la acción si el fiscal desistió de hacerlo; para delitos menores se prevén resoluciones alternativas y mecanismos de mediación penal; se intenta “oralizar” la mayor parte del trámite de la causa, lo cual se supone que tiene que ayudar a agilizar los tiempos. El proyecto tal como está redactado prevé una duración máxima de dos años para todo el procedimiento, y una específica de seis meses para el tramo de investigación “preparatoria”, aunque también contempla prórrogas. En uno de sus tramos finales abre la puerta para la implementación del juicio por jurados, previsto en la Constitución.
El comunicado de Justicia Legítima dice que modificar las “leyes de procedimientos” es “una herramienta trascendental para modificar las prácticas y la cultura del trabajo judicial” y que “ya ha sido suficientemente debatida y desarrollada a través de proyectos”. El documento hace hincapié en que el proyecto de Albrieu se hizo con participación de vastos sectores y organizaciones, y del propio Ministerio de Justicia. “La acordada de la Corte” que plantea una discusión de cero y en comisiones de jueces es –sostienen– “una manifestación más del espíritu corporativo y endogámico de las decisiones que se toman al interior de los poderes judiciales (…) existe una pretensión clara de instalar en la sociedad que los operadores del sistema judicial son los únicos aptos para producir estos cambios”.
Por lo pronto, la semana que viene harán una visita al Congreso para pedir que los diputados desempolven el proyecto de Código Procesal Penal y sólo le pongan el moño que le falta e impulsen su aprobación. Después, implementarlo, llevará otros tantos años. En el bloque kirchnerista esperan algún guiño desde la Presidencia.
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