Acá en el barrio también tenemos una triple frontera”, cuenta Juan, un vecino de la Villa 21-24. Juan se refiere al punto en el cual se cruzan las jurisdicciones de Gendarmería, Prefectura y la llamada policía de prevención. Todo es bastante confuso: cualquier llamado al 911 desde el interior de la 21-24 se deriva automáticamente a la seccional 32ª de la Policía Federal, que está en la avenida Caseros, que a su vez redirecciona el pedido a la Prefectura, porque el Operativo Cinturón Sur establece que en Parque Patricios el refuerzo a la Federal lo haga Prefectura, que está especializada en cuidar los ríos, especialmente los limítrofes, pero como los asuntos de la 21-24 los lleva Gendarmería, estos pedidos son enviados, a su vez, a la fuerza que se ocupa de las fronteras terrestres de la Argentina. Si no entendió mucho hasta acá, la cosa es más complicada: también por el barrio, en Zavaleta y Pedro Chutro, a pocas cuadras hay una sede de la Metropolitanta que no comparte información ni operaciones con las tres fuerzas anteriormente mencionadas. En el primer año, año y medio del Operativo Cinturón Sur, los gendarmes se paseaban en cuatriciclos o de a dos por los pasillos de la villa y eso puso un poco de intranquilidad entre los transas. Los transas son una categoría difusa que incluye a los que venden drogas. El peso de los transas es grande. La certeza de quién maneja las redes complejas del delito del narco no las tiene nadie. Al menos en el barrio.
La Villa 21-24, técnicamente está en Barracas. Allí viven 50.000 personas.
Algunos investigadores sociales se esfuerzan por diferenciar los que van, los que no van, los que desertan. También se esmeran en pensar en quién tiene un trabajo digno y quién vive “el submundo” de la droga. Es complicado hacer disección cuando nadie tiene gas, salvo de garrafa, que es caro y peligroso. Nadie tiene electricidad, o, mejor dicho, se tienen que colgar. Nadie tiene cloacas. Nadie tiene títulos de propiedad. Sin embargo, los pibes van a la escuela. Hay varias escuelas de Barracas cuyos maestros están comprometidos socialmente. La escuela República de Haití, por ejemplo, en la primaria, tiene mayormente pibes de la villa.
Las chicas de la 21-24 van a tener sus hijos al hospital Penna. El Penna tiene camilleros, enfermeros, médicos y toda clase de gente comprometida con los pacientes. Tiene pésimo presupuesto y los turnos son a los premios, pero hacen lo que pueden. En avenida Cruz y Zavaleta está el Cesac 35 (Centro de Atención Primaria), que deriva al Penna. Muchos vecinos de la 21-24 se quejan de que cuando marcan el 107 el SAME no les da pelota, pero en el Penna hay un patrullero de la Metropolitana que acompaña a la ambulancia. Y los curas de la villa refuerzan los llamados y tienen organizado un sistema de ayudantes para indicar por qué pasillo se llega a la casilla desde donde se hizo el llamado. El que se ganó un lugar en el corazón de los villeros es el cura Pepe Di Paola, que hace un tiempo se fue del barrio “corrido por los narcos”. Armó capilla, comedor, centro de formación educativa y recreativa. Sobre todo, armó redes de contención para los pibes adictos. Todos lo quieren a Pepe. Como en muchas villas, a Pepe lo respaldó Jorge Bergoglio, ahora Papa Francisco.
La gente de la 21-24 se lleva un peso a la casa por hacer trabajos dignos, si digno es deslomarse doble turno y en negro. Los pibes juegan a la pelota en todos lados, se ríen, las pibas se ponen vaqueros ajustados, se pintan. Todos ponen cumbia fuerte, se dan una mano para hacer un hormigón o poner unas chapas.
¿A quién le conviene que se hable de que en la villa crece la presencia del narco? Este cronista no tiene la respuesta. O, mejor dicho, la única respuesta posible la tienen que dar los propios vecinos.
En estos días, La Garganta Poderosa, esa magnífica revista que es la voz y los ojos de varias villas y que nació en plena 21-24, está plasmando una forma de comité de vecinos para cuidar la seguridad, que en buena medida es poner el ojo sobre lo que hacen o no hacen las agencias de seguridad y policiales en la zona.
Nada más tentador que hablar de las bandas mixtas que se alojan en barrios pobres. Nada más estúpido que pensar la cultura villera desde la seguridad. ¿Alguien está dispuesto a mandar en cana a los dealers de los barrios privados. Porque en los barrios privados, no son transas, son dealers.

Lejano Buenos Aires. Según datos del Censo de Población del Indec de 2010, el Área Metropolitana de Buenos Aires ocupa una superficie total de 2.590 kilómetros cuadrados y reúne 12,8 millones de habitantes, lo cual representa una concentración cercana al 32% de la población total del país; asimismo produce alrededor del 40% del PBI nacional. El 23% de la población del AMBA reside en la ciudad de Buenos Aires (2,9 millones de habitantes) y el 77% lo hace en el Conurbano Bonaerense (9,9 millones de habitantes). Casi el 10% de los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires reside en villas o asentamientos precarios. El 65% de los hogares que habitan en villas o asentamientos precarios residen en el Conurbano Bonaerense, el otro 35% está en la Capital.
Esto es, alrededor de 1.280.000 personas tienen diversos problemas de vivienda. Suelen ser personas que tienen trabajos de subsistencia, muchos vinculados al cartoneo, en general una actividad con poco apoyo del Estado, y el apoyo está asociado a los multimillonarios contratos de recolección y destino final de residuos. Es gente que tiene trabajos poco calificados o mal pagos y/o en negro. Pero no sólo eso: la gran cantidad de pobladores de países vecinos o de provincias arrasadas por el monocultivo ayuda a que en las villas se construya para arriba (segundos y terceros pisos con cimientos precarios) y que el alquiler de una casilla resulte caro. Todo esto, por supuesto, sin títulos de propiedad; es decir, con autorregulación de los propios vecinos que tienen sus propias normas, ya que para las autoridades municipales se trata de Núcleos Habitacionales Transitorios. Cabe la salvedad de que en estos años se llevaron a cabo algunas exitosas urbanizaciones dentro de las mismas villas, con participación activa de los vecinos. El porcentaje es bajo en la provincia de Buenos Aires mientras que en la Capital es más alto.
En todo el AMBA hay pibes que consumen drogas. En los barrios pobres y las villas las drogas son de peor calidad. En todos los barrios hay cocinas de paco y vendedores de droga. En las villas también. En todos los juzgados, en todas las fiscalías –incluyendo las especializadas en drogas–, en todas las agencias de seguridad –incluyendo las áreas de lucha contra el narcotráfico–, se registran nichos de corrupción y se sabe que hay redes de recaudación de dinero ilegal originado en negocios diversos, que van desde cobrarle un dinero a un narco por dibujarle el expediente hasta los grupos mixtos que tienen policías o fiscales o jueces que negocian con los narcos.
Que nadie busque el camino perverso de creer que urbanizar las villas sirve para disminuir el narco. Una sociedad justa es la que permite que las personas sean iguales ante las leyes. Eso, para este 10% de los habitantes del AMBA, es apenas una formulación teórica.
Tener fuerzas de seguridad competentes, organizadas y sometidas a los controles necesarios es otra historia. Y merece debates serios. Hacia fines de 2009, en el Congreso de la Nación, personalidades y dirigentes de distintas expresiones firmaron un Acuerdo por la Seguridad Democrática. Parece imprescindible retomar ese camino.

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