Demoras en la tramitación, prescripciones y juzgados vacantes, algunos de los puntos sobre los cuales la Corte pide soluciones. Jueces, fiscales y abogados analizan acciones concretas para lograr mayor celeridad en los procesos

Que la Justicia atraviesa un preocupante colapso no es novedad sino, más bien, una cuestión que aqueja al sistema desde tiempos históricos. El mayor foco está puesto quizá sobre la justicia penal por la magnitud de casos que allí se dirimen. Así, luego de que días atrás la Corte Suprema de Justicia de la Nación avanzara sorpresivamente solicitando la creación de tres comisiones que se encargarán de elaborar propuestas para acelerar los juicios penales, se reabrió el debate por parte de los actores judiciales sobre las necesidades reales de un sistema que vive al borde del colapso.

En este plano de acción, el máximo tribunal señaló la importancia de comenzar por resolver la problemática penal, que son aquellas demandas que comprometen al ciudadano en particular. En este sentido, desde la Corte sostuvieron la necesidad de coordinar múltiples factores que incluyen la designación de jueces, el diseño de un mapa judicial, el mejoramiento del sistema informático, las reformas procesales penales apropiadas, entre otras tareas que involucran a los tres poderes del Estado.

Así, el tribunal supremo estableció que las comisiones –integradas por jueces penales de todas las instancias– deberán enviar sus propuestas dentro del plazo de los 90 días, enfocando su trabajo sobre reformas internas en el Poder Judicial, elaboración de manuales de gestión, transparencia en los procesos, reformas legislativas procesales, mejora del sistema de excarcelaciones y situación de los detenidos.

Los datos del sistema hablan de la necesidad de avanzar con una reforma urgente: en lo que refiere a la justicia penal, alrededor del 85% de los casos nunca llega a una solución, los plazos de resolución son excesivamente prolongados –incluso para los delitos sencillos–, situación que se ve reflejada en que sólo el 5% de los expedientes ingresados llega a juicio.

A esto se suma el evidente desborde de causas que colapsa a los fueros: a nivel federal ingresan 350 causas al año; los seis tribunales orales federales tienen un total de 2.387 causas en trámite. Según los datos aportados por diferentes ONG, se estima que las causas vinculadas con los delitos de corrupción demoran un promedio de 14 años en resolverse. Sumado a esto, un total de 249 juzgados vacantes colaboran al evidente colapso del sistema.

“Hemos visto el estallido de una demanda de justicia que es sobrellevada por parte de un puñado de magistrados que se desdoblan y viajan por todo el país ejerciendo subrogancias dadas las innumerables vacantes en distintos tribunales y juzgados”, explica el juez en lo penal económico Claudio Gutiérrez de la Cárcova, quien hace hincapié no sólo en la necesidad de completar el mapa de los juzgados sino que también en la creación de nuevos tribunales para poder atender el cúmulo de causas.

En consonancia con esto, la jueza en lo penal económico Karina Perilli explica  que “el tema de las vacantes preocupa y ocupa a los magistrados, dado que los jueces de cámara de tribunales orales nos trasladamos de un lugar a otro en distintas jurisdicciones para cumplir con nuestra ineludible responsabilidad. Para agilizar los tiempos del proceso necesitamos, sin dudas, más jueces”.

Propuestas concretas

Lo cierto es que la reforma del sistema procesal penal y los caminos para salir de la saturación en la que se encuentra inmerso el Poder Judicial son temas que se vienen debatiendo desde todos los tiempos en el Poder Judicial. Juicio por jurados, reforma del Código Procesal Penal, oralización de los procesos son los ejes de las propuestas sobre las que hacen hincapié los operadores de la Justicia.

Así es que se busca principalmente una reforma del Código Procesal Penal que apunte a la redefinición en el rol de los jueces y los fiscales y que, por sobre todas las cosas, no vulnere los derechos y garantías de las personas sometidas a un proceso judicial, sean imputadas o víctimas.

Una de las iniciativas que se viene debatiendo desde hace tiempo y que es impulsada por la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, es pasar definitivamente a un sistema acusatorio. En este plano el fiscal Javier De Luca explica que “en el ámbito de la justicia penal existen proyectos de códigos procesales y leyes de implementación de tribunales y fiscalías que cambiarían radicalmente el funcionamiento actual que está burocratizado. Los ejes de la reforma deberían girar en torno a un sistema acusatorio con equipos de fiscales a cargo de la prueba de una imputación y jueces de garantía controladores y no directores de esa actividad”.

Por su parte, Marcelo Colombo, a cargo de la Procuraduría para el Combate de la Trata de Personas explicó que es necesario “erradicar la figura del juez instructor, quitar los excesivos formalismos de la instrucción e instancias de apelación que demoran muchas veces los juicios innecesariamente”.

Colombo va más allá al advertir que es necesario que “para el caso de los detenidos sin condena es necesario que los juicios por flagrancia se hagan en menos de un mes, como se ve en muchas experiencias de otras provincias”.

Lo cierto es que hace tiempo circulan en el Congreso nacional varios proyectos de reforma procesal penal, elaborados por equipos de juristas, magistrados de diferentes instancias y demás profesionales que hicieron foco en el sistema acusatorio. “Considero que habría que dar un intenso debate sobre el tema. Intercambiar ideas en función de la experiencia de 21 años de reforma procesal penal federal y llegar a un consenso para una reforma integral, acompañada del presupuesto necesario”.

Completar el proceso de oralidad

En este plan de propuestas la oralidad se encuadra también como uno de los ejes principales si de optimización de los tiempos se trata. En este plano el investigador del Laboratorio de Políticas Públicas, Álvaro Herrero, sostuvo que “una diferencia central entre los procesos escritos con sistema inquisitivo y los nuevos procesos orales con sistema acusatorio radica en que en estos últimos todos los esfuerzos deben estar puestos en generar audiencias. Para esto se deben asegurar los espacios físicos, fechas suficientes para la realización de audiencias”.

Por su parte, Perilli abre la posibilidad de que en la etapa del debate oral y público se avance con la implementación de tribunales unipersonales para determinados delitos y “establecer una escala penal siempre respetando el debido doble conforme. De ese modo, evitar la necesidad del tribunal colegiado, es decir, la presencia de tres jueces, lo que agilizaría el proceso”.

Otro de los ejes sobre los que propone trabajar Herrero apunta a producir audiencias de manera constante, trabajando jornada completa. Asimismo, De Luca avanza sobre la posible sanción de los actores procesales que “realicen planteos dilatorios y a los magistrados que los toleren, reducción de la actividad recursiva, y separación tajante para jueces entre la actividad judicial, la administrativa y la presupuestaria”. A esta idea se suma el ex juez de cámara en lo penal, José Massoni, quien propone sanciones de sencilla aplicación –con remoción latente– para los jueces y fiscales que no cumplan con los plazos.

En sintonía con la necesidad de fortalecer e instalar los sistemas orales, el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Carlos Gonella, agregó la importancia de que se conformen equipos de fiscales para trabajar en los casos complejos y “romper con la lógica del fiscal sólo frente al staff de abogados”. Asimismo, para dotar de mayor celeridad al sistema el fiscal apunta a la posibilidad de “elevar a juicio sin que esté firme el auto de procesamiento; prohibir el planteamiento de incidencias ya resueltas; si queda actividad recursiva pendiente, nada impide celebrar igualmente el debate”.

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