Del delirio privatizador que caracteriza a gobiernos panistas y priistas no se ha escapado ni siquiera el sistema penitenciario nacional. Además de ser “ilegales” e “inconstitucionales”, la construcción y el control de cárceles por parte de la iniciativa privada han demostrado su fracaso en otros países, dice a ProcesoMartín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Desde luego, lo anterior no detiene los apetitos empresariales de los Slim, los Vázquez Raña, los Aspe o de los Hank…
MÉXICO, D.F. (Proceso).- “La privatización de las cárceles, que se les están otorgando de manera muy confidencial a los empresarios, es totalmente ilegal porque violenta no solamente la Constitución, sino también los tratados internacionales en la materia firmados por México”, asegura categórico Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
Entrevistado en su cubículo de ese centro académico, el especialista agrega:
“El artículo 18 constitucional estipula claramente que el Estado debe hacerse cargo de las prisiones y de toda la cuestión penitenciaria. Sin embargo, estamos viendo que el Estado evade esa responsabilidad al entregar a la iniciativa privada el control de algunas prisiones. Está negando y violentando la Constitución.
“La misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que no deben privatizarse las prisiones, cuyo objetivo final debe ser reeducar y reintegrar al reo a la vida social, meta muy contrapuesta a la de la empresa privada, interesada solamente en convertir a los reos en un negocio rentable”.
–¿Qué documentos o convenios de la ONU marcan este lineamiento?
–En 1977, las Naciones Unidas expidieron las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, donde quedó marcado ese camino de la reinserción social e incluso se acordó corroborar su cumplimiento. En ningún punto se le dio cabida a la empresa privada, precisamente por sus fines de lucro. Desde entonces se adoptaron estas reglas mínimas, que fueron firmadas y ratificadas por México.
“Todavía en una reunión de 2002 realizada por la ONU, se emitió el Informe del Grupo de Trabajo sobre la Administración de Justicia, donde se censuró a algunos gobiernos de América y Europa por incumplir los acuerdos pactados al permitir el funcionamiento de cárceles privadas y de esta manera reducir las obligaciones asignadas al Estado”.
Para afianzar sus argumentos, Barrón Cruz busca entre sus archivos puestos en el escritorio, los libreros y la computadora. Encuentra algunas conclusiones de especialistas del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud), entre ellas la del encargado de este organismo, Elías Carranza, quien hizo la siguiente consideración: “Sería un grave error tratar de resolver la situación de horror que se vive en los centros de América Latina privatizándolos”.
Barrón Cruz deja sus archivos, se dirige al reportero y declara enfático:
“Como puede darse cuenta, los peritos de la ONU coinciden en que la privatización no resuelve los problemas, sino todo lo contrario, los agravan más; las cárceles privadas tienden a ser más violentas que las públicas, la rehabilitación no se cumple, se violan los derechos humanos, aumentan los suicidios y el tráfico interno de estupefacientes sigue dándose.
“Así lo demuestra la experiencia en otros países, como Estados Unidos y Chile ¡Está comprobadísimo! ¡Demostrado hasta la saciedad! Y pese a ello, en México se empezaron a abrir las cárceles a la iniciativa privada a partir de la pasada administración de Felipe Calderón, proceso que continúa en el actual sexenio.”
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1927, ya en circulación)
