Argentina continúa logrando avances significativos en los juicios contra militares y policías por desapariciones forzadas, asesinatos y hechos de tortura ocurridos durante el período de “terrorismo de estado” entre 1976 y 1983, si bien hubo demoras procesales.

En 2009, Argentina adoptó una ley que regula, entre otras materias, la asignación de frecuencias, la programación de medios audiovisuales y la propiedad de los mismos. El impacto de la ley aprobada en el ejercicio de la libertad de expresión dependerá de su implementación, que está a cargo de una autoridad de aplicación creada por la norma. En 2011 aún se estaban tratando diversos proyectos de ley para ampliar el acceso a la información.

Entre los graves problemas de derechos humanos que persisten en la actualidad pueden mencionarse las condiciones carcelarias deplorables, torturas y restricciones arbitrarias a los derechos reproductivos de las mujeres.

Juicios por los abusos del pasado

En 2003, se reabrieron varios casos importantes de violaciones de derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar (1976-1983), luego de que el Congreso anulara la ley de “Punto Final” de 1986, que provocó la interrupción de los juicios de esta naturaleza, y la ley de “Obediencia Debida” de 1987, que otorgó inmunidad en estos casos a todos los miembros de las fuerzas armadas, excepto a aquellos con cargos de mando.  En 2005, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía, que fue originalmente decidida por un juez en 2001 en una causa en la que intervinieron el CELS y las Abuelas de Plaza de Mayo. Desde 2005, la justicia federal ha declarado la nulidad de los indultos concedidos en 1989 y 1990 por el entonces Presidente Carlos Menem, que beneficiaron a ex oficiales que habían sido condenados o estaban siendo juzgados por violaciones de derechos humanos.

Hasta octubre de 2011, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), había 379 casos de asesinatos, desapariciones y torturas (en los cuales intervenía el CELS) que estaban siendo investigados o juzgados por la justicia. De un total de 1.774 presuntos responsables, 749 habían sido acusados por estos delitos y 210 habían recibido una condena.

Estos juicios han sufrido demoras en la instancia de apelación, y las causas suelen tardar más de dos años en llegar a los tribunales de alzada luego de la sentencia en primera instancia. Al momento de la redacción de este informe, la Corte Suprema de Justicia había dejado en firme las condenas dictadas en tan sólo cuatro de los casos que se reactivaron tras la anulación de las leyes de amnistía.

En marzo de 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N. º 1 condenó a un general del Ejército a la pena de prisión perpetua y aplicó penas de 20 a 25 años de cárcel a otros tres agentes por el homicidio, tortura y privación ilegítima de la libertad de personas que fueron detenidas durante la década de 1970 en un centro clandestino en la ciudad de Buenos Aires, conocido como Automotores Orletti. Se trató de la primera condena dictada en Argentina contra partícipes del Plan Cóndor, ideado por los mandos militares de la región para coordinar el secuestro, el interrogatorio y la desaparición de opositores políticos. Más de 30 uruguayos secuestrados en Argentina en 1976 estuvieron detenidos en Automotores Orletti, y algunos de ellos fueron posteriormente trasladados a Uruguay. Los demás desaparecieron.

La seguridad de los testigos en los juicios de derechos humanos continúa siendo una cuestión preocupante. Jorge Julio López, un hombre de 79 años que había sido víctima de torturas, desapareció de su vivienda en septiembre de 2006, el día anterior a la fecha en que debía declarar en una de las últimas audiencias de una causa por violaciones de derechos humanos. Su paradero se desconoce hasta el día de hoy.

Libertad de expresión y acceso a la información

En octubre de 2009, el Congreso aprobó una ley de reglamentación de medios de radio y televisión que busca fomentar la diversidad de opinión y limita la posibilidad de que las empresas posean porcentajes significativos del espectro de frecuencias de radiodifusión. La nueva ley contiene definiciones imprecisas sobre qué tipo de “faltas” podrían dar lugar a sanciones —como la revocación de licencias de difusión— y crea un nuevo órgano de regulación encargado de la interpretación y aplicación de sus disposiciones. La ley ha sido impugnada a través de numerosos recursos judiciales. En octubre de 2010, la Corte Suprema confirmó una medida que suspende la aplicación de un artículo de la ley que exige a las empresas vender aquellos medios que excedan los nuevos límites legales de propiedad de medios en el plazo de un año.

La Corte Suprema ha reivindicado el derecho de los medios gráficos a no ser discriminados en la asignación de publicidad oficial. En marzo de 2011, confirmó en forma unánime una decisión de un tribunal administrativo que hizo lugar a un recurso presentado por la editorial Perfil contra el gobierno, ante la negativa de este a asignar publicidad oficial a las revistasNoticias y Fortuna, y al periódico Perfil, debido a su postura editorial. La Corte Suprema había emitido un pronunciamiento similar en 2007 contra el gobierno de la provincia de Neuquén, en el marco de una demanda interpuesta por el periódico Río Negro.

En septiembre de 2011, un juez libró un exhorto en el cual instó a los principales periódicos de Argentina a que proporcionaran los datos de contacto de periodistas y editores que publicaron noticias sobre la economía argentina desde 2006, a fin de interrogarlos sobre sus fuentes. Las estadísticas oficiales sobre inflación han sido cuestionadas ampliamente durante los últimos años, y numerosos periódicos recurren a los datos sobre inflación de consultoras privadas, una de las cuales fue acusada por el Secretario de Comercio de fraude, una conducta tipificada en la ley penal argentina. Ello ha amenazado la libertad de los medios de publicar libremente información de interés público.

Desde septiembre de 2010, tras recibir la aprobación  en el Senado, se encuentra paralizado en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para impulsar el acceso del público a información en poder de organismos del Estado.

Condiciones en centros de detención

Persisten graves problemas en los centro de detención, que incluyen sobrepoblación, condiciones edilicias inadecuadas, abusos por parte de guardias penitenciarios y violencia entre internos. Luego de una visita efectuada en junio de 2010 a la provincia de Buenos Aires, el Relator Especial para los derechos de las personas privadas de libertad de la Organización de los Estados Americanos informó que, según cifras oficiales, 4.040 internos (sobre una población carcelaria de 30.132 en la provincia) permanecían detenidos en celdas en dependencias policiales, las cuales no cuentan con condiciones necesarias para detenciones de largo plazo. El Relator Especial señaló como preocupante la aplicación abusiva de la prisión preventiva, las torturas y los malos tratos por parte de guardias policiales, las condiciones sanitarias deficitarias y la atención médica deficiente en estos establecimientos.

Según el CELS, en febrero de 2011 la situación apenas había mejorado. Pese a una leve reducción en la cantidad de personas que permanecían en prisión preventiva y en celdas en dependencias policiales, las condiciones continuaban siendo deplorables y el hacinamiento y la violencia en las cárceles se habían agravado. El CELS señala que durante 2010 las condiciones abusivas en las cárceles provocaron 124 muertes.

Tortura

La tortura y el maltrato son problemas comunes. Las autoridades gubernamentales y el poder legislativo han adoptado algunas medidas para contrarrestar los abusos contra personas detenidas. En diciembre de 2010, el Ministerio Público de la Defensa creó un a Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Hechos de Tortura y otras formas de Violencia Institucional, que se trata de una base de datos sobre tortura que procura registrar, documentar y dar seguimiento a las denuncias de tortura, “otras formas de violencia institucional” y condiciones inhumanas de detención. En septiembre de 2011, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una ley que crea un sistema nacional de prevención de la tortura, en cuyo diseño participaron numerosas organizaciones de la sociedad civil. El proyecto espera recibir el voto definitivo del Senado para ser sancionado. Argentina es parte del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que fue ratificado por el país en septiembre de 2004.

Justicia transnacional

Hasta hoy, ninguna persona ha sido condenada por el atentado en la Asociación Mutual Israelita Argentina ocurrido en Buenos Aires en 1994, en el cual perdieron la vida 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Las investigaciones y los juicios penales se han visto obstaculizados como resultado de corrupción judicial y encubrimientos políticos en el ámbito interno, y por la falta de cooperación de Irán, país al cual se atribuyen los atentados, con el sistema judicial argentino. En 2006, la justicia federal de Argentina emitió una orden internacional de captura contra el ex Presidente iraní Ali Akbar Hashemi-Rafsanjani y otros seis funcionarios de ese país, pero no hubo respuesta a los pedidos de extradición. Desde que asumió en 2007, la Presidenta Fernández de Kirchner ha pedido justicia en varias oportunidades durante su discurso anual ante las Naciones Unidas, al igual que lo había hecho anteriormente su marido, el ex Presidente Néstor Kirchner, quien falleció en 2010. En septiembre de 2011, expresó ante la ONU que aceptaría una propuesta del gobierno iraní para iniciar un diálogo sobre la causa, pero solamente si esto permitía obtener resultados concretos.

Derechos reproductivos

Salvo excepciones limitadas, el aborto es ilegal en el país, y las mujeres y niñas enfrentan numerosos obstáculos al acceso a productos y servicios de salud reproductiva, como anticoncepción, procedimientos voluntarios de esterilización y aborto después de una violación. Entre los obstáculos más comunes se incluyen las prolongadas demoras en la prestación de servicios, derivaciones innecesarias a otros centros de salud, la exigencia (ilegal) de autorización del esposo, la falta de recursos económicos y, en algunos casos, la denegación arbitraria de atención. A su vez, el control gubernamental de la atención de la salud reproductiva y las prácticas de rendición de cuentas son sumamente deficientes. Como resultado de estos obstáculos, a menudo mujeres y niñas deben afrontar embarazos no deseados o con riesgo para su salud. Cada año se producen aproximadamente medio millón de abortos ilegales, y el aborto inseguro ha sido una de las causas principales de mortalidad materna durante décadas. Varias propuestas de despenalización del aborto esperaban ser tratadas por la Cámara de Diputados a la fecha de la elaboración de este documento.

Actores internacionales clave

En diciembre de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió el caso de Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico, fundador y director de la revista Noticias, respectivamente, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2001, la Corte Suprema había ordenado a los dos periodistas y a la editorial Perfil (propietaria de Noticias) a pagar US$ 60.000 al ex Presidente Carlos Menem por una serie de artículos publicados en 1995 sobre una relación extramatrimonial que este habría mantenido con una ex maestra, sobre la base de que tales artículos violaban su derecho a la privacidad. Esta fue la primera vez que la Corte se pronunció respecto de un reclamo indemnizatorio por invasión de la privacidad en un asunto de interés público.

Argentina ha mantenido una intervención positiva en temas de derechos humanos en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en otros ámbitos internacionales. En el Consejo, Argentina ha expresado reiteradamente su voto a favor del juzgamiento de quienes cometen violaciones de derechos humanos. En 2011, por ejemplo, copatrocinó las sesiones especiales sobre Libia y Costa de Marfil y se pronunció a favor de todas las resoluciones que se sometieron a voto sobre la situación de derechos humanos en países específicos.