Las autoridades de Nueva York deben llevar a cabo una investigación exhaustiva de la Policía de la Ciudad de Nueva York por haber violado el derecho de libertad religiosa a través de medidas de vigilancia que tuvieron como objeto a “comunidades de interés” musulmanas, señaló hoy Human Rights Watch. El 24 de febrero de 2012, la Fiscalía General del Estado de Nueva York anunció que no investigaría los operativos policiales de vigilancia de barrios musulmanes debido a “obstáculos jurídicos y de investigación” que no fueron aclarados.
Un informe de 60 páginas preparado por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, que fue obtenido por la agencia Associated Press, describe las actividades de vigilancia de miembros de la comunidad musulmana de Long Island y de Newark, New Jersey, llevadas a cabo durante 2007. En estas actividades, policías vestidos de civil pertenecientes a la Unidad Demográfica se infiltraron y tomaron fotografías en decenas de zonas identificadas como “áreas posiblemente peligrosas”, que incluían mezquitas, organizaciones de estudiantes musulmanes y comercios que son propiedad de musulmanes o frecuentados por miembros de esta comunidad. Con esta información, el departamento de policía creó diversas bases de datos que identifican lugares donde viven musulmanes, o donde acuden estos para rezar, comprar víveres o usar el Internet. El informe reconoce que algunas de las medidas de inteligencia excedieron la jurisdicción del departamento de policía, y no hace referencia a pruebas de terrorismo u otras actividades delictivas que podrían haber justificado el operativo.
“Miembros de la Policía de Nueva York se infiltraron en mezquitas y organizaciones estudiantiles musulmanas sin que hubiera ninguna razón evidente para suponer que se había violado la ley”, afirmó Alison Parker, directora del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “Investigar a comunidades por motivos exclusivamente religiosos es una medida con efectos profundamente negativos para los derechos humanos”.
En declaraciones durante su programa semanal de radio, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, defendió la actuación del departamento de policía y calificó a todos los aspectos del operativo como “lícitos”, “adecuados” y “constitucionales”. Afirmó que la policía debe investigar “indicios o amenazas con independencia de dónde provengan”, pero en ninguno de los documentos revelados por los medios de comunicación se advierte algún tipo de actividad delictiva evidente, expresó Human Rights Watch. Un legislador de New Jersey se refirió al operativo como “una expedición con sesgo racista”.
El alcalde de Newark, Cory Booker, instó a que se realice una investigación independiente del programa de vigilancia, y señaló al respecto: “Debemos estar atentos para proteger a nuestros ciudadanos del delito y el terrorismo, pero vigilar a un amplio sector de una comunidad religiosa sin una causa o provocación legítima es una medida que claramente sobrepasa los límites”. El alcalde agregó que el Departamento de Policía de Nueva York había informado a su departamento de policía que ingresaría en Newark como parte de una investigación sobre terrorismo, pero no que se trataba de “una investigación indiscriminada de personas basada únicamente en su religión”.
Associated Press informó además que durante 2006 y 2007 la Policía de la Ciudad de Nueva York vigiló a estudiantes universitarios musulmanes en la región noreste de Estados Unidos, incluidas Syracuse University, Yale University y University of Pennsylvania. Los rectores de distintas universidades han repudiado en forma pública los operativos de la Policía de la Ciudad de Nueva York.
En un informe, se indica que el 21 de abril de 2008 un policía de incógnito participó junto con un grupo de 18 estudiantes musulmanes del City College of New York en una excursión de paseo en balsa en aguas bravas (rafting) en la región norte del estado de Nueva York. En su informe, el policía indicó el nombre de los líderes de la Asociación Estudiantil Musulmana que habían participado. Según la agencia Associated Press, el informe policial indicaba: “Además de las actividades programadas (rafting), el grupo rezaba al menos cuatro veces por día, y gran parte de las conversaciones eran sobre el islam y otras cuestiones religiosas”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Estados Unidos en 1992, protege el derecho a la libertad religiosa, de expresión y de asociación, así como el derecho a la privacidad. Los gobiernos están obligados a respetar y asegurar a todas las personas en su territorio los derechos reconocidos en el PIDCP, sin hacer distinción por motivos de ningún tipo, como religión o cualquier otra condición. Para ello, deben adoptar medidas que puedan asegurar la efectividad de tales derechos, como la investigación de presuntas violaciones. La responsabilidad por la aplicación del PIDCP se extiende a las autoridades locales y de los estados, así como a funcionarios federales.
En enero, Bloomberg y otros funcionarios de la ciudad ofrecieron una disculpa por haber proyectado unapelícula ofensiva para la comunidad musulmana en el programa de capacitación policial, pero no adoptaron medidas pertinentes contra los responsables.
“Los funcionarios públicos y las autoridades encargadas de aplicar la ley tienen el deber de proteger a todos los ciudadanos, independientemente de cuál sea su religión”, aseveró Parker. “Ya es tiempo de que los funcionarios de Nueva York reconozcan que la estrategia más efectiva para garantizar la seguridad de la ciudad es reforzar, y no socavar, la confianza de las comunidades que son minoría. Ordenar una investigación exhaustiva y transparente del programa de vigilancia sería un paso fundamental para restablecer esta confianza”.
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Las autoridades de Nueva York deben llevar a cabo una investigación exhaustiva de la Policía de la Ciudad de Nueva York por haber violado el derecho de libertad religiosa a través de medidas de vigilancia que tuvieron como objeto a “comunidades de interés” musulmanas, señaló hoy Human Rights Watch. El 24 de febrero de 2012, la Fiscalía General del Estado de Nueva York anunció que no investigaría los operativos policiales de vigilancia de barrios musulmanes debido a “obstáculos jurídicos y de investigación” que no fueron aclarados.
Un informe de 60 páginas preparado por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, que fue obtenido por la agencia Associated Press, describe las actividades de vigilancia de miembros de la comunidad musulmana de Long Island y de Newark, New Jersey, llevadas a cabo durante 2007. En estas actividades, policías vestidos de civil pertenecientes a la Unidad Demográfica se infiltraron y tomaron fotografías en decenas de zonas identificadas como “áreas posiblemente peligrosas”, que incluían mezquitas, organizaciones de estudiantes musulmanes y comercios que son propiedad de musulmanes o frecuentados por miembros de esta comunidad. Con esta información, el departamento de policía creó diversas bases de datos que identifican lugares donde viven musulmanes, o donde acuden estos para rezar, comprar víveres o usar el Internet. El informe reconoce que algunas de las medidas de inteligencia excedieron la jurisdicción del departamento de policía, y no hace referencia a pruebas de terrorismo u otras actividades delictivas que podrían haber justificado el operativo.
“Miembros de la Policía de Nueva York se infiltraron en mezquitas y organizaciones estudiantiles musulmanas sin que hubiera ninguna razón evidente para suponer que se había violado la ley”, afirmó Alison Parker, directora del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “Investigar a comunidades por motivos exclusivamente religiosos es una medida con efectos profundamente negativos para los derechos humanos”.
En declaraciones durante su programa semanal de radio, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, defendió la actuación del departamento de policía y calificó a todos los aspectos del operativo como “lícitos”, “adecuados” y “constitucionales”. Afirmó que la policía debe investigar “indicios o amenazas con independencia de dónde provengan”, pero en ninguno de los documentos revelados por los medios de comunicación se advierte algún tipo de actividad delictiva evidente, expresó Human Rights Watch. Un legislador de New Jersey se refirió al operativo como “una expedición con sesgo racista”.
El alcalde de Newark, Cory Booker, instó a que se realice una investigación independiente del programa de vigilancia, y señaló al respecto: “Debemos estar atentos para proteger a nuestros ciudadanos del delito y el terrorismo, pero vigilar a un amplio sector de una comunidad religiosa sin una causa o provocación legítima es una medida que claramente sobrepasa los límites”. El alcalde agregó que el Departamento de Policía de Nueva York había informado a su departamento de policía que ingresaría en Newark como parte de una investigación sobre terrorismo, pero no que se trataba de “una investigación indiscriminada de personas basada únicamente en su religión”.
Associated Press informó además que durante 2006 y 2007 la Policía de la Ciudad de Nueva York vigiló a estudiantes universitarios musulmanes en la región noreste de Estados Unidos, incluidas Syracuse University, Yale University y University of Pennsylvania. Los rectores de distintas universidades han repudiado en forma pública los operativos de la Policía de la Ciudad de Nueva York.
En un informe, se indica que el 21 de abril de 2008 un policía de incógnito participó junto con un grupo de 18 estudiantes musulmanes del City College of New York en una excursión de paseo en balsa en aguas bravas (rafting) en la región norte del estado de Nueva York. En su informe, el policía indicó el nombre de los líderes de la Asociación Estudiantil Musulmana que habían participado. Según la agencia Associated Press, el informe policial indicaba: “Además de las actividades programadas (rafting), el grupo rezaba al menos cuatro veces por día, y gran parte de las conversaciones eran sobre el islam y otras cuestiones religiosas”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Estados Unidos en 1992, protege el derecho a la libertad religiosa, de expresión y de asociación, así como el derecho a la privacidad. Los gobiernos están obligados a respetar y asegurar a todas las personas en su territorio los derechos reconocidos en el PIDCP, sin hacer distinción por motivos de ningún tipo, como religión o cualquier otra condición. Para ello, deben adoptar medidas que puedan asegurar la efectividad de tales derechos, como la investigación de presuntas violaciones. La responsabilidad por la aplicación del PIDCP se extiende a las autoridades locales y de los estados, así como a funcionarios federales.
En enero, Bloomberg y otros funcionarios de la ciudad ofrecieron una disculpa por haber proyectado unapelícula ofensiva para la comunidad musulmana en el programa de capacitación policial, pero no adoptaron medidas pertinentes contra los responsables.
“Los funcionarios públicos y las autoridades encargadas de aplicar la ley tienen el deber de proteger a todos los ciudadanos, independientemente de cuál sea su religión”, aseveró Parker. “Ya es tiempo de que los funcionarios de Nueva York reconozcan que la estrategia más efectiva para garantizar la seguridad de la ciudad es reforzar, y no socavar, la confianza de las comunidades que son minoría. Ordenar una investigación exhaustiva y transparente del programa de vigilancia sería un paso fundamental para restablecer esta confianza”.
