La Justicia de Garantías de Bahía Blanca concedió un hábeas corpus a una decena de «trapitos» que desde hace varios años cuidan coches en pleno centro de la ciudad. Semanas atrás, esas personas habían sido desalojadas de los alrededores de la plaza Rivadavia por personal de la Prefectura que desde hace más de un mes patrulla diversos sectores del micro y macrocentro bahienses para prevenir delitos. Los habían amenazado con llevarlos detenidos si no cesaban en la tarea que realizan día y noche, frente a edificios públicos como la municipalidad, los tribunales y numerosos comercios.
El recurso, inédito para la ciudad, había sido solicitado por un grupo de cuidacoches y fue patrocinado por la Defensoría General Departamental bahiense. La jefa de la repartición, Graciela Cortázar, fundamentó su presentación en el artículo 19 de la Constitución Nacional y calificó la actitud de los efectivos de la fuerza de seguridad como «ilegítima, ilegal y arbitraria». Al aceptar el planteo, la jueza de Garantías Gilda Stemphelet ordenó a Prefectura «se abstenga de interferir con la actividad» que desarrollan los denominados «trapitos». Entre los vehículos que colaboran a estacionar, cuidar y lavar, se encuentran los de varios jueces, funcionarios municipales y empresarios.
El desalojo comenzó a mediados de setiembre, a los pocos días que el centro bahiense comenzó a poblarse de duplas de efectivos de Prefectura. Los envió el Gobierno nacional para colaborar con la policía bonaerense en la seguridad de la ciudad, golpeada por una ola delictiva. «Les decían que eran indeseados por la gente y no los querían ahí», reveló Cortazar. Agregó que cuando les preguntaban por qué los amenazaban con detenerlos, «los efectivos no podían responderles porque no estaban realizando ninguna actividad ilegal». En principio, el amedrentamiento surtió efecto porque los cuidacoches desaparecieron del sector durante algunos días, por temor a que la amenaza se concretara. Al retornar, volvieron a ser acosados y seis de ellos recurrieron a la defensoría, donde se redactó el pedido de hábeas corpus colectivo preventivo que ayer avaló la Justicia. «Al ser colectivo, pedimos que el cese de esta amenaza arbitraria, se extienda a todas las personas que realizan esta actividad», agregó la defensora.
Según Stemphelet, «no existió motivo alguno valedero ni justificado para desalojar del lugar a esas personas». En su resolución, la jueza dejó explícito que esta decisión «de ningún modo impide actuar a la fuerza» en caso de que se observe la comisión de algún delito o contravención en la vía pública. Desde la municipalidad bahiense admitieron que el jefe de calle de la Prefectura los consultó sobre si la actividad de los cuidacoches estaba regulada. Al recibir una respuesta negativa, los efectivos procedieron con el desalojo verbal y extraoficialmente dijeron que contaban con el aval municipal, lo que fue negado por las autoridades bahienses.
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