El gobernador Antonio Bonfatti fue claro al anunciar que después de las elecciones del domingo próximo, comenzará a convocar a los partidos políticos con representación parlamentaria para determinar si el 2014 es o no el año de la reforma constitucional en Santa Fe. De todos modos, las consultas nunca se detienen, y sobre todo los intercambios con catedráticos, investigadores y especialistas en Derecho Constitucional y Derecho Constitucional Comparado de todo tipo. En ese marco, días atrás estuvo en Santa Fe y Rosario dando charlas y en contacto con funcionario del gobierno provincial, el doctor Lucas Arrimada, profesor e investigador de Derecho Constitucional de la UBA. Junto al director de la Reforma Política y Constitucional del Ministerio de Gobierno de Santa Fe, Oscar Balndo, hablaron con Rosario/12 sobre la necesidad y la oportunidad de la reforma.

Arrimada aclaró de entrada que el análsis político fino sobre la oportunidad de modificar el texto constitucional provincial de 1962, «se los dejo a los santafesinos». Y agregó que su análisis «está anclado mucho más en el texto constitucional que en el contexto político. Lógicamente, puedo tener una lectura sobre eso pero eso lo dejo para los santafesinos, para los ciudadanos y para los dirigentes. A mí me interesa analizar, por ejemplo, cuánta compatibilidad hay entre la Constitución de Santa Fe y la Constitución Nacional reformada en 1994». Y añadió que «desde mi punto de vista hay dos agendas principales, una vinculada a temas estructurales como la relación entre el Estado y la Iglesia que es el artículo 3º de la Constitución santafesina, y eso debe estar en la línea del concepto de derechos humanos en cuanto a la igualdad religiosa».

-¿Qué dice la Constitución de Santa Fe sobre la religión oficial?

-Bueno, muchos no conocen que ese artículo 3º de la Constitución de la provincia dice que el Estado es católico, es más, puntualmente señala: ‘La religión de la provincia es la Católica, Apostólica, Romana’- intervino Blando.

Para Arrimada otro aspecto a tener en cuenta «es el del diseño territorial por departamentos, que eso también formaría parte de la agenda de reformas estructurales de la Constitución. Es un sistema que está más anclado en las formas del siglo XIX que en la actualidad o el constitucionalismo moderno. Esa una poco sería la faz no sólo de la modernización constitucional sino también de las estructuras del Estado, sobre todo del Estado democrático», explicó.

A su turno Blando recordó que el proyecto de reforma constitucional que presentó el Frente Progresista y que tuvo estado parlamentario, «planteaba la posibilidad de analizar la elección de los senadores no por departamentos sino por los cinco nodos, otorgando para cada uno dos senadores para la mayoría y uno para la minoría. Eso daría un número total de 15 senadores contra los 19 que hay hoy, pero sobre todo sería más equilibrado y representativo a la hora de distribuir los cargos».

-Se descartaría entonces la chance de la unicameralidad como en algún momento se planteó…

-Personalmente no soy enemigo de la unicameralidad, pero no la apoyo en el sentido de que se lleve adelante por el mero hecho de un recorte de gasto político, como muchos argumentaron en otras provincias. Eso me parece que no conduce a nada. Yo digo que podría darse quizás la unicameralidad con el mismo número de miembros que tiene la Asamblea Legislativa actual de Santa Fe, que es de 69 -dijo Arrimada.

Para el constitucionalista investigador de la Universidad de Buenos Aires, también hay otra agenda «que es la que pasa por actualizar todas las instituciones de la provincia, adecuadas a lo que contempla el texto Constitucional reformado en 1994 a nivel nacional. En ese marco se encuentra el Consejo de la Magistratura, el Defensor del Pueblo, que son instituciones presentes en Santa Fe pero que no tienen aún rango constitucional. Constitucionalizar estos institutos permiten una discusión más seria, porque llevaría a estas formaciones a un rango con más espíritu de permanencia, que en definitiva es lo que contempla toda Constitución. Esto marca que lo que se vaya a poner en el nuevo texto constitucional debe estar ampliamente discutido y acordado, para que de estabilidad en el largo plazo», afirmó.

Para Blando también «se podría pensar en una justicia electoral independiente, hoy en Santa Fe la Corte Suprema es la que tiene toda la autoridad en las cuestiones electorales». Y explicó que «ya hubo proyectos en Santa Fe que contemplaban una justicia electoral independiente y permanente. Como por ejemplo lo es la Cámara Nacional Electoral, con cargos concursados e idóneos en la materia. Acá, actualmente el Tribunal Electoral se conforma con el presidente de la Corte santafesina y con dos jueces que se sortean. Con lo cual, no hay una especialización sobre el tema electoral en sí, más allá de las garantías que también puede otorgar la independencia de un órgano de estas características».

Para Arrimada, y con respecto a nuevos derechos, hay que tener en cuenta los derechos del consumidor. «No sólo una nueva Constitución puede incorporarlos si no los contempla, sino que puede ampliarlos. Porque eso es lo que implica también el federalismo para cada una de las provincias que pueden decidir sobre la ampliación de estos derechos y mejorar su protección. Lo que no pueden es ser recortados por el principio de progresividad, es decir la protección no puede ser recortada o disminuida». Y agregó que «el desafío de una nueva Constitución es crear un proceso por el cual la gente de toda la provincia participe en el proceso de la inclusión de derechos. Que se opine sobre los derechos que la sociedad siente como vulnerados u olvidados. En ese sentido se pueden crear instancias participativas antes de una Constituyente, durante ese asamblea reformista y también después».

-¿Qué debería pasar con la relección del gobernador? -se lo consultó a Arrimada.

-Particularmente creo que desde el punto de vista institucional, es nociva la reelección indefinida, como lo tienen la mayoría de las provincias argentinas, con excepción de Mendoza y Santa Fe. Pero todo depende de la voluntad de las fuerzas políticas de cada territorio. Me parece que una reelección, no es nociva pero dependerá de si el gobernador quiere no presentarse. En el caso de Santa Fe, si prometió no presentarse es una cuestión más del tipo política personal. Pero institucionalmente no sería algo considerado como nocivo. La posibilidad de dos mandatos seguidos otorgaría un escenario más proclive a las políticas públicas de largo plazo, eso también hay que contemplarlo.

-¿Sería mejor limitar el mandato de los legisladores provinciales?

-Bueno, ahí aparece uno de los principales problemas que es: Cómo esperar de los principales interesados algún tipo de reforma que excluya un pensamiento basado en el interés personal o sumamente político. Es un problema de teoría política, por ejemplo sería lo mismo que preguntarse cómo hace un sistema presidencialista para morigerar las cuestiones nocivas de ese propio presidencialismo. Es realmente complicado- concluyó

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