«La Justicia es un reflejo de una sociedad que desgraciadamente tiene pautas violentas», afirmó ayer la presidenta de la Asociación de Magistrados de Tucumán, Liliana Vitar, tras la reunión que mantuvieron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur.
Aunque se trató de una reunión protocolar de presentación, la declaración de emergencia en seguridad que declararon el lunes los miembros del fuero penal, no pasó desapercibida. El crimen del prosecretario Manuel Uro durante un allanamiento marcará una punto de inflexión en el modo de realizar los operativos, afirmaron fiscales y jueces penales.
Gandur les informó que los miembros de la Corte decidieron emitir una acordada por la que todas las medidas que realizan funcionarios del fuero penal, de familia y de documentos y locaciones, deberán ser hechas con auxilio de la fuerza pública.
«En la reunión que se hizo en el fuero penal, hablamos entre otros puntos de elaborar un protocolo de procedimientos, que también deberá incluir a los fueros de familia y documentos, quienes realizan desalojos o medidas de remate», dijo Vitar.
La camarista agregó que el crimen de Uro planteó una profunda reflexión de cómo trabajan los operadores de justicia y que son necesarios cambios para dar seguridad en los procedimientos.
Ayer a la mañana, una nota circulaba por los distintos despachos de los tribunales penales, en avenida Sarmiento y Laprida. Se trataba del pedido que los funcionarios y empleados realizarán a la Corte, y que fue firmado por casi la totalidad de las personas que trabajan en el edificio.
El secretario de la Asociación de Magistrados, Hernán Molina, comentó que durante la reunión mantenida en la Sala de Acuerdos, Gandur se comprometió a dotar de 16 cámaras para vigilar los tribunales penales. «Seremos los miembros del fuero los que decidiremos dónde se van a colocar», agregó.
Vitar adelantó que entre las medidas que se consignaron en la nota que presentarán a los miembros de la Corte, figura la necesidad de colocar detectores de metales en los ingresos al edificio, como existe en los otros poderes del Estado.
«Gandur también nos dijo que solicitó la dotación de mayor personal policial en avenida Sarmiento para que realice un recorrido por la zona de las salas de juicio oral y en las distintas bocas de entrada. En los pasillos se suscitan muchos conflictos y a veces no hay policías. También se da la situación de amenazas del personal de mostrador, que es quien recibe a las personas que tienen sus conflictos», afirmó la camarista.
