Así lo resolvió la Sala IV del máximo tribunal penal, que le ordenó al Tribunal Oral N°18 que dicte un nuevo pronunciamiento. La solicitud de la defensa particular contó con la adhesión de la fiscal García Netto y de la Procuraduría contra la Violencia Institucional.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un recurso presentado por la defensa particular de un detenido con serios problemas de salud al que en primera instancia el Tribunal Oral en lo Criminal N°18 le había negado el beneficio de la prisión domiciliaria. En consecuencia, el máximo tribunal penal resolvió reenviar la solicitud tribunal para que se dicte un nuevo pronunciamiento.
Las abogadas defensoras María del Valle Luna y Karina Pamela Cantero solicitaron la prisión domiciliaria teniendo en cuenta el deterioro de las funciones motrices que hacen que su defendido deba trasladarse en silla de ruedas a raíz de una herida de arma de fuego que requirió neurocirugía.
En ese sentido, argumentaron que “el tratamiento recibido en el penal por su defendido es de carácter meramente preventivo, no está destinado a la recuperación favorable de sus lesiones, y por lo tanto no es adecuado a sus dolencias”.
Asimismo, las defensoras alegaron que la resolución que había denegado el arresto domiciliario carecía de fundamentación suficiente, ya que no se efectuó el informe psicológico.
En la audiencia ante la Sala IV, la fiscal Irma Adriana García Netto hizo hincapié en los últimos informes incorporados a la causa y manifestó que «dadas las circunstancias actuales del imputado», no se oponía a la concesión solicitada. La fiscal fue asistida por el coordinador del área de Encierro de esa Procuraduría contra la Violencia Institucional, Roberto Cipriano García.
El peticionante es un detenido que requiere de auxilio de terceras personas para llevar a cabo las acciones básicas que hacen a la vida cotidiana. No puede por sus propios medios llevar adelante sus necesidades fisiológicas, higienizarse, vestirse ni alimentarse.
Decisión dividida
Al momento de resolver, la sala IV de Casación, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos, votó en forma dividida. Gemignani rechazó el recurso basándose en un informe del Cuerpo Médico Forense que sostiene que el estado de salud del detenido no reviste un grado tal de gravedad que impida su correcto tratamiento dentro del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde permanece alojado.
En tanto, Borinsky expresó que corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa, anular la resolución recurrida, y reenviarla al tribunal para que se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.
El juez manifestó que tuvo en cuenta que “la representante del Ministerio Público Fiscal compartía lo expuesto por la defensa particular».
Por otra parte, Hornos se manifestó a favor de la concesión de la prisión domiciliaria teniendo en cuenta las normas fundamentales que surgen de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad.
Hornos agregó que “las afecciones de salud que presenta el detenido resultan incompatibles con su alojamiento en una unidad carcelaria en tanto que de las constancias de la causa surge que su estado se vio agravado en virtud de que su lugar de detención no resulta apto para llevar a cabo el tratamiento adecuado».
El magistrado hizo hincapié en la declaración del Director General de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, quien destacó que el detenido se ve imposibilitado de moverse o desplazarse en el interior de su habitación debido a que ello puede resultar peligroso, circunstancias, entre otras, por las cuales solicitó que se le haga lugar al pedido de detención domiciliaria.
Hornos también expresó su conformidad con lo solicitado por la fiscal Irma Adriana García Netto de otorgar el arresto domiciliario. Sin embargo, el magistrado señala que habiendo conocido el sentido de los votos de sus colegas, y con el objeto de conformar una mayoría válida y acordar una solución al caso, adhirió a la propuesta efectuada por Borinsky, que consiste en ordenar al tribunal que dicte una nueva resolución.
