(Nueva York) – Los hombres y mujeres de edad avanzada son el grupo de más rápido crecimiento en las cárceles de Estados Unidos, y los funcionarios penitenciarios se enfrentan a la tarea de brindarles alojamiento y atención médica adecuados, señaló Human Rights Watch en un informe difundido el día de hoy. Los presos de edad avanzada, debido a que experimentan una mayor prevalencia de enfermedades y discapacidades, generan costos médicos entre tres y nueve veces superiores a los de otros internos más jóvenes.

El informe de 104 páginas, denominado “Old Behind Bars: The Aging Prison Population in the United States” (“Ancianos tras las rejas: La población carcelaria de edad avanzada en Estados Unidos”, contiene nuevos datos recabados por Human Rights Watch a partir de diversas fuentes federales y de los estados que documentan un aumento drástico en la cantidad de presos estadounidenses que alcanzan una edad avanzada.

Human Rights Watch comprobó que la cantidad de presos sentenciados a nivel federal y de los estados que tienen 65 años o más aumentó 94 veces más que la tasa de la población carcelaria general entre 2007 y 2010. El número de prisioneros sentenciados de 55 años o más creció siete veces más que la tasa de la población carcelaria general entre 1995 y 2010.

“Las cárceles no fueron diseñadas para funcionar como establecimientos geriátricos”, afirmó Jamie Fellner, asesora sénior del programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch y autora del informe. “Sin embargo, los funcionarios penitenciarios de Estados Unidos actualmente administran cárceles que hacen a la vez de hogares para adultos mayores”.

La imposición de penas de prisión prolongadas implica que muchas de las personas que actualmente cumplen condenas  serán extremadamente ancianas cuando salgan de prisión, si esto efectivamente sucede. Human Rights Watch comprobó que prácticamente una de cada diez personas detenidas en el ámbito de los estados (el 9.6 por ciento) cumple una cadena perpetua. Otro 11.2 por ciento ha recibido condenas de más de 20 años.

Human Rights Watch visitó nueve estados y veinte prisiones donde entrevistó a funcionarios penitenciarios, especialistas del ámbito correccional y gerontológico, e internos. Human Rights Watch comprobó que los funcionarios procuraban, no sin dificultad, responder a las necesidades y vulnerabilidades de los presos de mayor edad. Sin embargo, su tarea se ve obstaculizada por restricciones presupuestales, diseños arquitectónicos que no tuvieron en cuenta las limitaciones que son comunes en la edad avanzada, instalaciones y personal médico insuficientes, ausencia de planificación, falta de apoyo de funcionarios electos y las presiones propias del trabajo cotidiano.

Si bien cumplir una pena de prisión es difícil para cualquier persona, resulta especialmente arduo para el creciente número de presos de edad avanzada que se encuentran en un estado físico frágil, presentan limitaciones motrices, auditivas y de visión, sufren enfermedades crónicas, incapacitantes y terminales, o ven desmejorada su capacidad cognitiva, expresó Human Rights Watch.
Los establecimientos penitenciarios, así como sus reglamentos y costumbres, fueron creados teniendo en cuenta a presos más jóvenes, y pueden causar padecimientos más profundos a quienes tienen edad avanzada. Caminar un largo trayecto hasta los comedores, treparse a la parte superior de una litera o permanecer de pie durante los conteos puede ser una tarea casi imposible para algunos presos que ya son mayores. Los problemas con incontinencia y demencia también conllevan sus propias dificultades. En las cárceles con una alta proporción de presos mayores que fueron visitadas para el informe, Human Rights Watch comprobó que el personal ha tenido que adaptar su conducta a las necesidades de las personas que envejecen tanto física como intelectualmente.
“El personal penitenciario que trabaja con personas de edad avanzada sabe que no tiene sentido gritarle a un interno que no entiende lo que le están diciendo”, afirmó Fellner. “Un sargento me dijo que el personal ‘es un poco más flexible’ cuando se trata de hacer cumplir el reglamento con los presos más ancianos”.
Los hallazgos de Human Rights Watch indican que la cantidad de presos de edad avanzada continuará aumentando, a menos que se modifiquen las políticas estrictas de “mano dura”, como aquellas que establecen penas mínimas, el aumento de las sentencias a cadena perpetua y restricciones a las posibilidades de libertad condicional. Muchos presos mayores continuarán en prisión aun cuando ya son demasiado ancianos y débiles como para poner en riesgo la seguridad pública si fueran liberados, indicó Human Rights Watch.

“Mantener en prisión a hombres y mujeres cuya capacidad física e intelectual se ha visto reducida a causa de la edad difícilmente puede contribuir a garantizar la justicia y la seguridad pública”, señaló Fellner.

Entre sus recomendaciones, Human Rights Watch insta a funcionarios federales y de los estados a adoptar las siguientes medidas:

• Revisar las políticas sobre imposición de condenas y liberación a fin de determinar qué aspectos podrían ser modificados para frenar el incremento de la población carcelaria de edad avanzada sin poner en riesgo la seguridad pública;

• Formular planes integrales de vivienda, atención médica y otros programas para la población actual y prevista de presos mayores; y

• Modificar los reglamentos carcelarios que imponen condiciones innecesariamente rigurosas a los internos más ancianos.