El jurista Alberto Binder dijo que el lavado de dinero «es una deuda de la democracia», criticó las disputas de orden político sobre jurisdicciones de lo provincial y lo federal, y reclamó «un nuevo modelo de política criminal, porque el crimen organizado es veloz y tiene mucho poder económico, y el estado hoy es lento y bobo». Por lo tanto, alertó, habrá que plantearse «si tenemos una democracia de ciudadanos o una democracia de mafias». Un diagnóstico preocupado en la jornada que el Ministerio de Seguridad organizó esta semana en el Colegio de Abogados, y que concitó a un puñado de especialistas que coincidieron en marcar la densa complejidad del delito de tomar capitales originados en actividades ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas o la venta de cereal en negro, entre otras, y canalizarlo por negocios formales que les dan apariencia de licitud.
El vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) abrió una mesa de debate sobre delitos económicos junto al ministro Raúl Lamberto y la secretaria de Delitos Complejos Ana Viglione, ante un auditorio en el que se contaban jueces y fiscales, abogados, policías y funcionarios de gobierno. El disparador de las reflexiones lo dio el carácter invisible que tiene el blanqueo de capitales ilícitos de cara a la sociedad, y la dificultad que tiene el Estado para enfrentarlo con eficacia, la falta de herramientas legales, y la corrupción que aletarga o neutraliza investigaciones. «Lo que hacen delincuentes sin revólver, pero con corbata», como dijo otro de los disertantes, Carlos María Folco, juez federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias de Ciudad de Buenos Aires.
«Es imprescindible que la sociedad comprenda que en los delitos económicos, de guante blanco, se comprometen dineros de todos, se vulneran derechos humanos porque detrás de esas maniobras hay un delito de origen en el que hay personas bajo explotación», señaló Margarita Zabalza, subsecretaria de Delitos Económicos de Santa Fe.
«Hace treinta años que el presidente del Inecip, David Baigún, advirtió al Banco Central que el lavado de dinero sería un gravísimo problema que iría in crescendo. Nadie tomó nota y hoy el problema nos desborda. El lavado es una gran de deuda de la democracia. La criminalidad compleja es rápida y planificada, y tiene gente con mucho dinero. No podemos oponerle instituciones bobas y lentas», afirmó Binder.
El foco de su crítica es el divorcio de la Nación y las provincias a la hora de abordar los delitos económicos. «Las provincias ven los asuntos federales como ajenos a su incumbencia, cuando lo federal ocurre en la calle todos los días. Hay que hacer un nuevo modelo de interrelación», planteó. Lo escuchaban algunos de esos actores que desde que fue detenido el comisario Hugo Tognoli, y tras la ofensiva contra la organización Los Monos polemizan con exponentes de la Justicia Federal y del gobierno central.
Binder se remontó al Convenio Policial Argentino para explicar porqué se presenta como natural que sea la Policía Federal la que hegemonice la lucha contra el narcotráfico. «Fue un acuerdo que relega a las policías provinciales a un rol secundario en narcotráfico, pero ese esquema implosionó con las crisis policiales de los ’90. Desde entonces, hay un desorden mayúsculo para enfrentar la criminalidad organizada. Llevamos quince años perdiendo el tiempo. Si no tenemos capacidad de trabar el flujo financiero de esas redes delictivas vamos a ir de fracaso en fracaso», advirtió.
Binder definió como «la fábrica de personas jurídicas» al cardumen de abogados y contadores que pergeñan sociedades «a rolete» y ante un estado que no lo previene. «Así, corrupción mediante, es más difícil detectar adonde llega el dinero de actividades ilícitas».
El experto citó como ejemplo de las torpezas del estado la forma en la que hoy en Argentina se puede contar con escuchas telefónicas para una investigación penal. «Un juez de instrucción debe pedir permiso a la Secretaría de Inteligencia (Side) y esperar. Las provincias y las fuerzas federales carecen de capacidad técnica para intervenir teléfonos, por culpa de una interpretación mal hecha de la ley de inteligencia nacional. Así es imposible articular acciones preventivas con lo que vayan indicando escuchas telefónicas».
A cuento de eso, la subsecretaria de la Procuración General de la Nación, Josefina Minatta, indicó que hoy la investigación de un delito económico, en promedio, tarda 13 años en llegar a su desenlace. «La pena para un fraude son 6 años de prisión, y la de lavado son 10 años; cuando una causa llega a juicio ya es un caso muerto», dijo. Y citó el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe, causa que durmió catorce años y que en mayo la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) hizo reabrir.
Binder consideró que hoy Santa Fe «es un campo de pruebas para visualizar el modo de inserción que pueda tener el narcotráfico en el futuro, porque es evidente que la inserción territorial del narcotráfico se ha intensificado». Frente a eso, «la discordia política entre Nación y provincia es una discusión muy menor frente a la magnitud del problema».
«Hipócritas»
La complicidad del sistema financiero también sobrevoló todos los paneles de la jornada. El subdirector de la maestría en Derecho Penal del Mercosur (UBA), Carlos Cruz, mencionó un informe de 2011 elaborado en Zurich sobre una base de datos de 37 millones de empresas a nivel global. «Establecieron que 43.000 empresas estaban relacionadas, y controladas por otras 147, la mayoría en actividades bancarias y financieras, que manejan más del 50 por ciento del giro de capitales a nivel internacional», expuso. El ministro Lamberto, por su parte, citó que «entre el 2 y el 5 por ciento del producto bruto mundial es dinero de lavado». Basta agregar que de las 500 empresas líderes de Argentina, 292 son de origen extranjero y explican más del 60% de la economía nacional. En ese marco, Binder acusó al sistema de practicar «un juego muy hipócrita, porque tiene las herramientas para prevenir y detectar capitales espurios, pero opera con paraísos fiscales y especula. Hay leyes que duermen en Diputados hace años para transparentar el sistema y no despiertan. Si hay un sector que en las últimas dos décadas quedó en la penumbra es el sistema financiero», apuntó.
Binder concluyó en que «hoy la estructura fiscal y judicial del estado es una maquinaria para agarrar giles. Y aunque el propio Karl Marx fuera juez de instrucción esto no cambiaría, porque el sistema es ineficaz y pareciera que lo es adrede».
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