Entrevista a Alberto Binder. Abogado, docente de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires y otros centros de estudio del país y el exterior. Experto en sistemas judiciales y ciencias penales además de analista de politicas públicas. Fue coautor del plan de reforma policial bonaerense en 1998 y autor de numerosos libros sobre el tema.
El miércoles pasado, cuando el criminólogo Alberto Binder llegó a Rosario para disertar en un seminario sobre delitos económicos, la prensa de la ciudad se ocupaba, entre otros temas, de un chico que fue quemado vivo en un búnker de La Florida, de la indagatoria por enriquecimiento ilícito a un ex jefe de la Unidad Regional II y del robo al domicilio de Ana Viglione, la secretaria de Delitos Complejos de la provincia. Cautivos en una coyuntura de criminalidad exacerbada en la que no abunda trabajo de campo para su cabal comprensión, Binder procuró hacer pie en el convulsionado escenario local, donde se produce un histórico pico de asesinatos y donde acaba de ser blanco de un atentado el gobernador Antonio Bonfatti.
«En este proceso donde las autoridades civiles van intentando tomar lentamente el control del sistema de seguridad y el mundo policial vamos descubriendo capas de un subsuelo cada vez más profundo. Los 40 o 50 años de autonomía policial han ido construyendo un sistema de ramificaciones extensas. Aquí empieza una dialéctica donde se adopta una medida, como rebote descubrimos que el problema era más complejo, volvemos entonces a intentar otra medida y así se sigue en un campo no explorado. Uno entonces puede explicar los sobresaltos como impericia, como desacierto, como falta de voluntad profunda. Lo cierto es que estamos en un aprendizaje permanente y de tipo doloroso», comentó el penalista.
— Impera una idea de que más allá de que exista una vocación de cambio a veces no se cuenta con la experiencia o la idoneidad que el proyecto requiere.
— Tengo la experiencia personal de la intervención en la provincia de Buenos Aires, en 1998, tras el caso Cabezas. Teníamos ciertas hipótesis de cómo era el mundo policial pero cuando nos sumergíamos en él descubríamos unas características desconocidas, de complejidad enorme. Las jefaturas y las redes formales que uno creía que había en la policía no existían. Uno pensaba, por ejemplo, que los líderes policiales mandaban, que el jefe de policía era importante. Y lo comprobable era que había redes de policías o tribus policiales moviéndose con autonomía. Y que el jefe de policía, en un sistema feudalizado, era una figura sin mucho poder, colocado para hablar con los civiles, pero que no mandaba. Lo que busco decir es que cómo es y cómo se comporta la policía lo vamos descubriendo en los hechos, y que para actuar hay que acomodarse pragmáticamente, como en un campo minado en el que uno va detectando los riesgos a medida que avanza sobre el terreno, para ir asegurando posiciones. La característica del campo obliga a un movimiento pausado, con avances y retrocesos.
— El anuncio de reforma policial en Santa Fe genera desde miradas escépticas sobre su hondura hasta planteos que avisan que los cambios, si tienen éxito, tardarán en verse.
— Hay distintas metodologías en una reforma policial. La provincia de Santa Fe tiene un modelo, con el que concuerdo, de avance progresivo. Se pueden tomar medidas muy radicales y ocupar espacios rápidamente. O ir como aquí con propósito firme, pero paso a paso. Ambos tienen virtudes y defectos. Y se producen crisis. Se está jugando en la provincia un ajedrez de reposicionamientos. Hay tres sectores que han definido el sistema de seguridad en los últimos años: el sector político, el sector policial y el sector organizado de la delincuencia. Estos tres actores han tenido un perdurable pacto de convivencia. Esto se rompió, por suerte. Como derivación hoy los tres sectores están jugando un ajedrez y cada uno se está reacomodando. El punto es que este juego recién empezó. El sector político tomó la decisión de no jugar al pacto. Eso es valioso y hay que sostenerlo. No se está jugando al pacto. ¿Cómo va a terminar esto? Lo veremos. Hay que poner mucho foco periodístico en esto.
— ¿Por qué?
— Porque la transparencia de los conflictos ayuda al sector político que no quiere pactar, a la vez que esclarece a la población. Yo creo que estos episodios críticos, como el ataque a balazos a la casa del gobernador, son un tanteo, en el sentido de decir «veamos qué pasa si jugamos fuerte». No sabemos si es un sector de la policía, un sector de la criminalidad o un acuerdo entre ambos, que es lo más esperable. El tanteo es como preguntar: «¿Qué pasa si le declaramos la guerra a la clase política? ¿Hay chances para mantener el viejo pacto o no?» Y a partir de estos actos atisbar cómo reacciona la sociedad santafesina: si responde «bueno, pactemos», o plantea «sigamos adelante».
— Hay una situación inédita en Rosario: en tres años casi se duplicó la tasa de homicidios dolosos. ¿Cuán singular le parece el problema en relación a otras ciudades?
— Lo que aparece acá se está dando en todo el país. Córdoba acaba de estallar con un episodio gravísimo de narcocriminalidad en los máximos niveles policiales. Buenos Aires es muy complejo y gravísimo. Lo que está pasando en Rosario se está dando y se va a dar en todo el país. Aquí se adelantó. Lo que demuestra la situación local es la incapacidad para hacer una acción concertada, entre gobierno nacional y provincial, y los sistemas judiciales de ambas jurisdicciones.
— ¿A qué cree que se debe eso?
— A que no hay una historia de hacerlo, a que el gobierno federal recién empieza a reformular algunas instituciones pero no tuvo nunca una política de drogas clara, a que no se tomó conciencia de que este fenómeno trasciende cualquier episodio de coyuntura, al chiquitaje político. Lo imprescindible es armar una mesa de trabajo conjunto en el tema narcotráfico entre gobierno provincial y nacional. Es necesario un acuerdo político muy grande. Sé que algo está empezando a insinuarse. Pero falta. Va mucho más allá de trabajar a partir de los episodios del día a día. Entretanto seguimos con el Puerto de Rosario sin control, con las rutas sin control, la Justicia Federal sin un plan. No hay mucho misterio, ahora falta concretar. Advierto en el nivel local, en los intendentes, gran desesperación por esta falta de respuesta frente a fenómenos que escalan en gravedad.
— En Santa Fe se advierte una escalada de hechos delictivos críticos en los que la policía estuvo comprometida por la corrupción en sus niveles superiores y no por episodios puntuales. ¿Cómo enfrentar esto en el ánimo colectivo, es decir, cierta idea donde lo predominante es el escepticismo?
— Lo primero es ser realistas y decir que el desafío es muy difícil. No hay ningún país que esto lo haya resuelto fácilmente. Circula mucho dinero que corrompe, el Estado se vuelve tonto y mezquino con peleas chiquitas frente a algo que tiene una dinámica de expansión muy grande. La experiencia internacional es de grandes esfuerzos más que de grandes triunfos. Estos fenómenos los tenemos en México, en Colombia, en Estados Unidos. En Argentina estamos todavía en un momento manejable del fenómeno.
— ¿Por qué le parece?
— Porque el fenómeno no ha calado en dinámicas de ramificación tales como que uno encuentre que 200 intendentes forman parte de carteles operando de modo organizado. Todavía la economía de la droga no ha arraigado de modo irreversible en los sectores populares marginales. Porque no tenemos pandillas juveniles como sistema y las bandas violentas que se advierten no son sofisticadas. Porque tenemos un sistema federal que pone al Estado en muchos lugares. Porque hay militancia barrial fuerte y eso es una herramienta de intervención muy valiosa en los territorios conflictivos. Son muchos elementos que muestran que tenemos un fenómeno que se puede dominar. La locura sería despilfarrar este tiempo que todavía tenemos. De hecho en los últimos cinco años en que el problema creció hubo una irresponsable falta de reacción. Es la primacía de la política pequeña frente a una situación de la cual no sé quién gana. Hay que hacer una mesa sistemática entre fuerzas federales, ministerios de Seguridad de ambos niveles, policía provincial, fiscales federales y fiscales provinciales. Deben sentarse a una mesa cada 15 días para coordinar acciones y diseñar un plan para Santa Fe. No hay mucho misterio en esto.
