MADRID (Es Global). Desde los primeros atisbos de privatización de las prisiones, en la Inglaterra del siglo XVI, hasta la consolidación del fenómeno en los Estados Unidos de los 80, media un largo hiato. Pero el negocio se ha afianzado firmemente y con la clara intención de quedarse. Dejar los centros de detención en manos privadas ha sido la hipotética solución que las autoridades estaounidenses han encontrado para aliviar el exceso de ocupación carcelaria, para internar en centros de detención a los emigrantes que tratan de rebasar el Río Grande o para reducir la carga fiscal que supone para las agencias públicas mantener a la mayor población reclusa del mundo.
Así, mediante la encarcelación privada, las autoridades han querido encontrar de un plumazo un remedio a cuatro desafíos que condensan algunas de las sensibilidades más genuinas del país: el ingente tamaño de la población reclusa, la presión migratoria (la mitad de los inmigrantes detenidos en el país están en centros privados), los desencuentros fiscales y el mantenimiento del ideal de la libre empresa. ¿La panacea?
Para las compañías del sector, indudablemente sí; grandes operadoras privadas de cárceles como Corrections Corporation of America y GEO Group cosechan conjuntamente ingresos de alrededor de 3.000 millones de dólares anuales (unos 2.200 millones de euros). Ese dinero no viene sólo del fértil negocio en Estados Unidos, sino también de la internacionalización de sus servicios.
La lista de críticas a la privatización carcelaria es larga y grave. La búsqueda del lucro lleva a reducir al máximo los costes, a un peor mantenimiento y a plantillas insuficientes y mal pagadas, lo que afecta a la calidad de los centros de detención. A su vez, no está claro que la actividad de estas empresas suponga un verdadero ahorro para las autoridades que contratan sus servicios; incluso se han conocido casos de centros privados que rechazan a internos cuyo mantenimiento les va a salir especialmente caro.
A su vez, las operadoras privadas obtienen mayores beneficios cuanto más grande sea la población reclusa, lo que les ha llevado a influir en la legislación estadounidense para que un mayor número de delitos sean castigados con la cárcel.
Ninguno de estos reparos ha detenido la expansión internacional del modelo. Las supuestas ventajas de privatizar las prisiones han convencido a muchos países de la necesidad de poner algunos centros en manos de empresas.
Las principales beneficiarias son las compañías estadounidenses que exportan sus servicios a países como Australia, el Reino Unido, Nueva Zelanda o Suráfrica, los otros grandes mercados del sector. Así, hasta el 14% de los ingresos de GEO Group provinieron el año pasado de sus negocios en estos cuatro países, donde cuenta con un total de 7.000 camas a través de sus subsidiarias y de joint ventures con empresas locales.
Australia posee la mayor proporción de reclusos en centros privados (19%), seguida de Escocia (17%), Inglaterra y Gales (13%), Nueva Zelanda (11%), Estados Unidos (8%) y Suráfrica (3%), según un reciente informe. Sin embargo, el modelo no sólo se ha exportado a esos países, sino que está presente, aunque en menor medida, en todos los continentes.
