En la antesala de la Séptima Marcha de la Gorra que se realizará hoy, el filósofo dialogó con LA MAÑANA y se refirió al reglamento provincial como “un retroceso de la vida democrática”, cuyas víctimas “viven en un permanente estado de excepción”.
– ¿Qué opinión tiene del Código de Faltas vigente en Córdoba?
– Estamos frente a un hecho inédito que no existe en el resto del país, que tiene una trama que, para ser benignos, está al borde de la inconstitucionalidad; que habilita con una discrecionalidad absoluta y bajo un poder que es casi extrahumano a quien está en condiciones de utilizarlo para simplemente decidir bajo figuras absolutamente arbitrarias quien está o no infringiendo la ley.
Lo que esto genera es un tipo de dominio absolutamente nefasto por parte del policía, territorio que debiera estar atravesado por derechos constitucionales, por una convivencia democrática. Y sin embargo coloca al policía en una condición que lo vuelve discrecional, casi impune, y que le permite hacer lo que se le antoja.
Por supuesto que esto también supone la criminalización en la mayor parte de los casos de los jóvenes; y si son pobres doblemente. Implica introducir la lógica del miedo en la vida cotidiana, la impunidad con la que se suele moverse mucha de la policía, en este caso en Córdoba.
La realidad es que nos hace retroceder como sociedad democrática, como espacio de convivencia republicana, que sigue operando bajo la lógica de policías que son autoreferenciales. Cada uno sigue su propia ley, solo que en este caso tienen un código que los ampara.
– ¿Cree que es una herramienta contra la inseguridad?
– Queda claro que el aumento de las penas, la lógica persecutoria, la criminalización de los jóvenes o de la pobreza, lejos de disminuir los delitos o la inseguridad, terminan provocando una sensación de más impunidad, que se mezcla de mala manera con un problema no resuelto que se sigue planteando. Y es que en nuestra ciudad hay índices problemáticos de inseguridad.
Creo que la Policía esta más preocupada por sus propios intereses, sus propias formas de reproducir poder que por garantizar que baje la tasa de delincuencia o mejoren las condiciones de seguridad.
Hoy se realizará la Séptima Marcha de la Gorra, pidiendo la derogación del Código de Faltas Provincial. La concentración será en Colón y La Cañada a partir
de las 18.
Entonces me parece que les sirve más para hacer una carrera dentro de la fuerza, porque incluso hay competencia entre la policía para ver quien detiene más, quien utiliza más el Código, y es una lógica de la sospecha generalizada, que es un terreno problemático.
– Y las víctimas terminan siendo siempre las mismas…
– Las víctimas viven en un estado de excepción. Están siempre “transgrediendo” porque el código es suficientemente amplio para que una sospecha vaga se convierta inmediatamente en una acción punitiva. Eso es algo que no existe en el interior de una sociedad de derecho, toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Está en el soporte, en la base de nuestra estructura constitucional jurídica.
Entonces transformar en este caso a un joven en culpable simplemente porque estaba en el lugar en el que se supone no debía estar, o un tipo de gestualidad que se supone no debería tener, y que todo eso sea pasible de una interpretación arbitraria, de una policía que, sabemos, cada vez menos representa una visión amplia y democrática de la vida social, sino que por lo general responde a formas discrecionales en el uso de un poder muy complejo. Dejar que esa policía sea la que determine si una persona está en actitud de “merodeador”, y que sea pasible de una sanción que lo lleva a un calabozo en condiciones infrahumanas y puede pasar ahí un mes, me parece que es instaurar el régimen de excepción en la esfera pública.
– Pero hay un sector social y político que lo avala…
– Es la muestra exponencial del discurso sobre inseguridad, que es un tema de los medios de comunicación de masas, que operan sobre la lógica del miedo. Generan reacciones de la propia sociedad que apuntalan estas actitudes.
La idea de que “se combata la inseguridad” con esta arbitrariedad, creo que está muy arraigada en ciertos sectores de la sociedad. Muchas veces la policía responde a esa lógica del discurso punitivo, de la espectacularidad mediática del uso del castigo.
Muchas veces los sectores políticos son rehenes de una opinión pública de la que dependen, y en otros casos son simplemente responsables y cómplices de un dispositivo ideológico de castigo, de criminalización de la pobreza. En el mejor de los casos actúan en función de proteger su propio negocio político, en el peor de los casos son consecuentes a una ideología. Por eso creo que la responsabilidad de quienes son representantes democráticos del pueblo es impedir que ese tipo de código siga siendo un instrumento discrecional de una fuerza tan compleja y complicada como es la policía.
– La protagonista de estas detenciones es una policía muy cuestionada…
– Creo que se ha hecho mucho en la Argentina en la defensa de los espacios públicos y de los derechos, pero siguen habiendo zonas complicadas, bolsones de impunidad, sigue habiendo algo muy complicado que es el papel y la responsabilidad de muchas estructuras policiales en la construcción misma de la delincuencia. Lo que hace la policía de esa manera es elegir sus blancos, a aquellos que no colaboran con ellos, incluso en sus acciones delincuenciales, lo hemos visto en la provincia de Buenos Aires, con jóvenes que se han negado a ser cómplices de cierta policía, han pagado con su vida esa actitud.
