En 1999, cuando la detuvieron, MVC tenía 28 años y cuatro hijos con los que vivía en el fondo de la casa de sus padres, en la correntina localidad de Mercedes. Cuando parió por quinta vez, un hombre dijo que la vio enterrar al bebé recién nacido en el gallinero. Un juez y un fiscal instruyeron la causa y la elevaron a juicio. Los jueces de la Cámara en lo Criminal de Paso de los Libres la condenaron a 40 años de prisión. En abril de este año la sentencia fue declarada nula. Una nueva autopsia demostró que el bebé había nacido muerto.
Esa mañana de agosto, cuando despertó, a MVC le dolía el estómago. Pero se puso a fregar como todos los días. Cerca del mediodía pensó que tenía ganas de ir al baño pero se dio cuenta de que había roto bolsa. Se sentó en la cama y cuando vio salir al bebé, primero le tomó la cabeza y después le sujetó el cuerpo con ambas manos. Después llamó a su madre y la mujer la ayudó –como con sus otros hijos- le cortó el cordón y limpió al bebe. Era el quinto hijo que tenía en su casa.
Desde su primera declaración, la mujer intentó explicar que el chiquito nació muerto. Ante jueces, fiscales y defensores MVC no negó nada. “Yo le casé el cuellito (se toca la barbilla con la mano derecha) y ahí después le seguí casando el cuerpito y ahí cuando nació todo le casó mi mamá, ella le casó al bebé y le puso en la cama”, les dijo. Después les explicó que, cuando terminó de caer la placenta, vio que el bebé “tenía enredado el cordón” al cuello.
También les contó que después la abuela tomó al niño y lo bañó con agua tibia, le limpió el ombligo con alcohol y lo vistió. Pero como el recién nacido nunca lloró se dieron cuenta de que estaba muerto. A la tarde fueron al Hospital local porque ella estaba dolorida. Pero les dijeron que esperaran o volvieran más tarde porque los médicos no estaban. Entonces, le explicaron a la enfermera que tenían que volver a la casa tenían que enterrar al bebé. Así lo hicieron.
Esa tarde, cerca de las siete de la tarde, el comisario principal Rodolfo Victorio Fernández y el oficial auxiliar Antonio Pedro Correa llegaron a la casa y encontraron la tierra del gallinero removida. Excavaron y en una cajita de cartón, con la ropita puesta, encontraron al bebé: era un varón. Fueron porque un vecino, que le había hecho reiterados propuestas sexuales que ella rechazaba, la había denunciado. El testimonio del hombre que la vio darle sepultura al recién nacido la incriminó. Después se desató la redada judicial.
En la autopsia el médico policial Luis Fernando Perichón no descartó la “combinación de estrangulación con sofocación para evitar o atenuar el llanto”, pero el informe estaba incompleto. En el folio 40 del expediente el titular de la División Patología Legal informó que no podía realizar el “examen histopatológico de las vísceras del cadáver del bebé por carecer del instrumental necesario, y continuar con problemas de infraestructura en el laboratorio” por lo que no pudo “realizar el estudio microscópico” correspondiente.
Menos de un mes después del nacimiento, la jueza Silvia Speroni confirmó el procesamiento de MVC. La consideró autora del delito de homicidio calificado y ordenó que la llevaran al pabellón femenino de la UR III de Curuzú Cuatiá. La fiscal Ana Leonor Poletti de Requena pidió la elevación a juicio de la causa.
Las que la asistieron después del parto, su madre y tres amigas, nunca fueron llamadas a declarar. Bastó el testimonio del vecino sobre el entierro para que los jueces de la Cámara en lo Criminal de Paso de los Libre, encabezada por Emilio Rolando Di Tella consideraran que los hechos fueron probados. Bastó esto para que MVC pasara 13 años en la cárcel, la mayoría en el Instituto Pelletier, separada de sus otros hijos.
En abril de este año el Superior Tribunal de Justicia declaró nula esa sentencia por una nueva pericia forense que determinó que la mujer era inocente, y pudo recuperar su libertad. Ahora la Defensora de Pobres y Ausentes, Nora Maciel, intenta que el estado provincial la indemnice. “Estuvo presa por un error del estado y de la intervención policial que actuó en su momento, o sea hay funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, los cuales componen lo que sería el estado, la persona jurídica del estado, y también hay un elemento mas que complejiza esta causa pero no por ella le torna responsable al estado correntino: que es la actuación de los funcionarios de la Intervención Federal” explicó Maciel a los medios locales.
La titular de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (Consavig), Perla Prigoshin acompaña el reclamo. “Son 13 años de violencia institucional contra una mujer que perdió su vida, no pudo criar a sus otros hijos que quedaron solos y soportó la tortura de estar en una cárcel acusada de matar a su hijo”, dijo Prigoshin que lo considera un típico ejemplo de la contaminación patriarcal con la que suelen actuar los operadores judiciales.
