NEUQUÉN (AN).- La semana que viene se aprobarán las tres leyes complementarias de la reforma procesal penal en la Legislatura, con lo que se habilita la puesta en vigencia, desde el 14 de enero, del nuevo código procesal que cambia el fuero penal.
El tratamiento deberá hacerse sobre tablas porque quedan sólo dos sesiones del período actual. Un segundo plenario de las comisiones política y económica dio despacho ayer por mayoría a tres leyes orgánicas: del ministerio de la Defensa, Fiscal y del fuero Penal del Poder Judicial.
Asistió al plenario la coordinadora de la comisión interpoderes que ofició de nexo entre los tres poderes, Carla Pandolfi.
Las tres leyes se aprobaron sólo con un cambio que propuso el diputado Raúl Podestá (FG) para acotar la discrecionalidad que tenía el Fiscal del Tribunal Superior de Justicia para intervenir en todas las causas. Se le impidió que lo hiciera en aquellas en las que esté involucrado un funcionario público.
Cuando se debatió la del ministerio de la Defensa se puso en tela de juicio si estaba garantizada la gratuidad del servicio. Raúl Dobrusín (Upie) dijo que se planteó la reestructuración donde quedó la posibilidad de fijar honorarios. Pandolfi dijo que ahora es así y se determina quién puede pagarlo y quien no, y que los fondos recaudados vuelven al Poder Judicial.
También se debatió si los defensores deben equipararse a los jueces con el proyecto de Daniel Baum de que sí lo hagan los fiscales.
Por el nuevo sistema de control en la legislatura que demora el ingreso, el defensor del TSJ Ricardo Cancela llegó a la comisión cuando se había votado la ley de la Defensa.
Dobrusín observó que en el presupuesto judicial se requirieron $20 millones más para sueldos,
Podestá también planteó la necesidad de establecer un método de informes sobre el sistema carcelario que «es medieval». José Russo adujo que se le informa al juez de Ejecución penal.
Beatriz Kreitman (CC Ari) se quejó porque no se enteró de la reunión del jueves porque ella tenía aportes escritos. Carla Pandolfi mostró una lista de mail institucionales y se atribuyó el envío de las convocatorias a todos los legisladores. Alejandro Vidal (UCR) también se quejó también porque el informe final de ese encuentro previo lo recibió ayer.
Raúl Godoy (FIT) insistió en su voto negativo contra lo que calificó como «justicia clasista» y contra «los jueces que son una casta».
Cuando se debatió la ley orgánica del fuero penal se puso en discusión cómo se integran los tribunales de impugnación y el colegio de jueces. Podestá insistió en normatizar los reemplazos y que sean por sorteo para evitar discrecionalidad. Se indicó que existen dificultades porque en el interior hay 4 colegios y un tribunal.
Dobrusín insistió en que se creó el Tribunal de Impugnación para satisfacer demanda de camaristas (13) cuando en La Pampa sólo hay 5 integrantes.
