El Proyecto de Reforma integral de la Ley de Drogas 23.737, de María Rachid, la Mesa Nacional por la Igualdad y la Agrupacion Agricultores Cannabicos Argentinos (AACA) tiene estado parlamentario! En el día de hoy fué levantado y presentado por la Diputada Nacional Araceli Ferreyra (FPV)!!
Estado Parlamentario del Proyecto de Ley sobre Reforma integral de la ley de drogas 23.737, Legalización y regulación de cannabis.
El proyecto elaborado por la Diputada de la CABA María Rachid (FPV-Movimiento Evita), la Mesa Nacional por la Igualdad y la Agrupación Agricultores Cannábicos Argentinos (AACA), en el día de hoy obtuvo estado parlamentario mediante la firma de la Diputada Nacional Araceli Ferreyra (FPV-Corrientes), bajo Nº de Expediente 7904-D-2013.
En sintonía con la 4ta. Marcha Nacional por el Cannabis a realizarse mañana sábado 7 de diciembre, el proyecto contempla una reforma integral de la actual «Ley de Drogas» Nº 23.737, que además de despenalizar la tenencia de sustancias prohibidas y el autocultivo de marihuana, reforma otras figuras penales a fin de evitar la constante violencia institucional y el abuso del que suelen ser víctimas los/as usuarios/as.
La presentación busca reinstalar el estancado debate sobre la modificación de la legislación en materia de drogas prohibidas, que continúa siendo una deuda pendiente de la democracia argentina, y se ubica en el contexto del debate legislativo iniciado en el Congreso Nacional el año pasado, donde la legisladora María Rachid presentó el proyecto de Ley junto a la Mesa y AACA. El mismo fue representado este año con algunos nuevos aportes, ofreciendo una perspectiva integral y novedosa en la materia, y señalando los fracasos de la absurda política represiva y prohibicionista en la materia, los cuales se pueden cuantificar lamentablemente en víctimas de violencia, prisionizados/as y muertos/as que se pueden adjudicar a esta «guerra» que nos fue impuesta.
En primer lugar, el proyecto se distingue de otros que se discutieron recientemente en el Congreso, en cuanto al trato diferenciado que da al cannabis. De tal forma, más allá de la despenalización de la tenencia o del autocultivo, propone a su vez la legalización y regulación del cannabis en todos sus usos altamente reconocidos (recreativo, medicinal e industrial), retirando a dicha sustancia del listado de sustancias prohibidas. Este aspecto de la propuesta acompaña los avances que en el mismo sentido se obtuvieron en Uruguay, Washington y Colorado, pretendiendo instalar un debate serio al respecto a fin de evaluar cuales son las alternativas de regulación que más beneficios traiga a los/as consumidores, autocultivadores/as y clubes sociales de cultivo de nuestro país.
Debate y propuesta que a su vez pretenden beneficiar al conjunto de nuestra población, mediante la separación de mercados, campañas de información desprovistas de prejuicios, estrategias sociosanitarias de reducción de daños y prevención de adicciones, y arrebato de los espurios ingresos que el narcotráfico actualmente monopoliza para ser utilizados en tales campañas y proyectos basados en una nueva legislación respetuosa de los derechos humanos.
El proyecto que legaliza el cannabis, deja abierta la oportunidad de regulación de dicha sustancia, considerando que no pudiéndose regular lo prohibido, el primer paso debe ser la legalización seguida consecuentemente de una regulación complementaria (como ser el caso del alcohol y el tabaco por ejemplo, que son ambas sustancias legales pero reguladas). Por lo cual, entiende que la legalización y la regulación, no son términos antagónicos sino más bien complementarios y sucesivos, apartándose de una falsa dicotomía que no ayuda al proceso.
A su vez, una de las principales preocupaciones consideradas para elaborar el proyecto, fue la redacción de una norma clara al respecto de la despenalización de la tenencia de sustancias prohibidas, que impida la actual inversión de la carga de la prueba mediante la cual los/as usuarios/as constantemente deben probar su inocencia y/o «consumo personal» ante los estrados judiciales. Inversión y conducta ésta que fue declarada inconstitucional en sucesivas oportunidades por nuestra CSJN en fallos Bazterrica y Arriola.
Considera así que sin una norma clara al respecto que impida la discrecionalidad policial y judicial, se teme que se genere una despenalización nominal sin lograr cambios sensibles respecto a la actual situación de persecución penal que considera a los consumidores/as parte de la cadena de tráfico, criminalizándolos selectiva, exclusiva y mayoritariamente en comparación a la escasa cantidad de causas relacionadas con el narcotráfico.
De tal forma, el proyecto entiende que hay que desinvertir ésta carga probatoria, y que las agencias de seguridad y la justicia penal, con todas las atribuciones que le son propias (tareas de inteligencia, etc.) tienen el deber de obtener pruebas «complementarias y suficientes» que indiquen que la posesión de estupefacientes será destinada a la venta o a la comisión de otros delitos, no pudiendo las fuerzas de seguridad proceder a la demora, aprehensión o detención de una persona, ni abrirse causas penales por la mera tenencia.
Se considera así que la existencia de normas actuales o propuestas que contengan formulaciones abstractas como ser «por su escasa cantidad», o «demás circunstancias del hecho», permiten y permitirán una persecución y discrecionalidad policial incompatible con nuestra democracia, y alientan a que nuevas causas como el caso de Miguel Ángel Durrels (joven detenido en septiembre pasado por la supuesta tenencia de una escasa cantidad de marihuana que apareció muerto en una celda de la comisaría 1ra del Partido de Pilar) o Alexis Torrijo (joven de Santiago del Estero prisionizado y actualmente procesado por tenencia para su propio consumo), sigan poblando nuestras cárceles o sean víctimas.
Desde la sanción de la actual ley de drogas, 1989, 400.000 jóvenes han sido víctimas de este sistema perverso de persecución, extorsión y criminalización, mediante la figura de «tenencia» y su formulación vaga y ambigua; por lo cual, el proyecto brinda principal atención en ello.
Por otra parte, para promover la salud integral de consumidores/as de todas las sustancias –legales e ilegales- y de la sociedad en general, se incorporó al proyecto políticas de reducción de la vulnerabilidad de los/as usuarios/as y de los daños asociados al consumo. Esta perspectiva, si bien es novedosa en nuestro país, fue aplicada exitosamente en países de Europa y algunos de la región, ya que permite mejorar sensiblemente la calidad de vida de quienes consumen sustancias psicoactivas. Ello a su vez se complementa con la creación de un «Programa Nacional de Atención Integral para Usuarios y Usuarias de Sustancias Psicoactivas», de acuerdo a estándares nacionales e internacionales de calidad y respeto a los derechos humanos.
En relación a la presentación del proyecto, la Secretaria General de la Mesa Nacional por la Igualdad y legisladora, María Rachid, expresó: “Estamos orgullosos/as de que la diputada Ferreyra haya tomado este proyecto que esperamos sea tenido en cuenta sin más demoras para ser tratado en el Congreso Nacional. Consideramos que la legalización es un tema de derechos humanos porque tiene que ver con la libertad de decidir sobre el propio cuerpo y la vida de cada uno/a, pero también es una cuestión de salud pública porque no hay peor política de salud para prevenir los daños del abuso de drogas que la prohibición. Así lo han demostrado la ley vigente y las políticas de los países que promueven enérgicamente políticas prohibicionistas”. Y continuó: “Creemos que el debate en materia de drogas prohibidas lleva tantos años de demora en nuestro país y esta tan atrasado en comparación con países como Uruguay, que necesitamos urgente un debate y una reforma mucho más profunda que la planteada hasta el momento”.
A su vez, la Diputada Nacional Araceli Ferreyra expresó: «Es un orgullo firmar y acompañar el trabajo realizado conjuntamente con la Mesa Nacional por la Igualdad, AACA y la Diputada María Rachid, que ha culminado en la presentación de éste proyecto de ley que abarca una reforma integral de la actual legislación represiva en materia de drogas, estableciendo un nuevo paradigma basado en el respeto de los derechos humanos de los/as usuarios/as de drogas prohibidas. Este debate es un debate urgente y necesario en nuestra democracia, debido a que la actual política de drogas ha llevado a una persecución, discriminación y criminalización histórica a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, siendo la excusa necesaria de las agencias de seguridad para extorsionar y apremiar a nuestros jóvenes en barrios, comisarías y prisiones. Seguiremos trabajando y presentando nuevas iniciativas complementarias a la presente, para que toda la legislación en la materia contemple éste nuevo paradigma y proteja a nuestra población de los abusos impuestos por el actual régimen prohibicionista y su guerra absurda».
