Contesta traslado

Sres. Ministros:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en respuesta al traslado del acuerdo oficial N° 4150, de fecha 4 del corriente.

I. Introducción

Como primera expresión, les aclaro que no pretendo poner en acto una imprecación de vuestro velado reproche, de dudosa inspiración y con la mira puesta en lograr –desde su óptica– una particular defensa de sí mismos. Nada de eso, estimados colegas.

Sepan que, aunque por lo general las reprensiones suelen irritar a los censurados, la que ustedes me han hecho está lejos de envolverse en esa generalidad y eludiré de buena gana una réplica airada.

Antes bien, encaminaré las explicaciones que me han exigido, hacia un distrito que procura, desde el inicio, ser fértil. Pretendo dar a entender ideas que –aunque puede discreparse con ellas– serán escritas con sinceridad y respeto y se vinculan con la publicidad y transparencia de los actos del Superior Tribunal de Justicia.

A pesar de que considero que sería más ventajoso que estas explicaciones fueran el producto de la reflexión conjunta de todos los integrantes del Cuerpo, agradezco a mis colegas que, al menos en solitario, me den la oportunidad de referirme a problemas que acucian al Superior Tribunal de Justicia.

Además de eso, me disculpo con Uds. cuatro si alguno consideró mis expresiones como inconvenientes o inesperadas. Les aseguro que las declaraciones pude haberlas manifestado con vehemencia, pero no estuvieron encaminadas a ofender a nadie.

En cuanto a la consideración de los ministros, de que mis expresiones “… son negativas en el plano ético-profesional”: la repudio.

Hace años, Borges anotó: “Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones”.

Acaso el traslado que Uds. dispusieron en el sorprendente Acuerdo referido, no sea más que el producto de una distracción. Nótese que Uds. jamás cuestionaron que los hechos a los que he referido en ellas, fueran equivocados ni que, siquiera, rozaran la falacia.

II. Nulidad

En primer lugar, debo aclarar, por si acaso Uds. no lo advirtieron, que la Ley I-231 de Ética y Transparencia en la Función Pública, en su artículo 18 establece el deber de excusación en los siguientes términos: “Los funcionarios alcanzados por la ley, sin perjuicio de lo que establezcan otras normas, deberán excusarse de intervenir en todo asunto en que por su actuación se puedan originar presunciones de interpretación y decisión parcial o concurrencia de violencia moral”.

De manera que este deber ha sido infringido por los ministros Royer y Pasutti, al suscribir la Acordada que reprocha las declaraciones en las que yo confuté –proponiendo las razones, pruebas y fundamentos– conductas suyas, objetivamente repudiables, a las que me referiré más adelante. Como es de público y notorio, los nombrados, han declarado abiertamente, para que se haga evidente a todos, que mantienen conmigo una enemistad manifiesta, que les vedaba participar del Acuerdo y expedirse en el sentido que lo hicieron.

Mal podrían alegar desconocer el artículo citado, ya que la propia Ley I-231 establece el deber de conocer las normas, del siguiente modo: “Todo funcionario público debe conocer las disposiciones legales y reglamentarias sobre incompatibilidad, acumulación de cargos, prohibiciones por razón de parentesco y cualquier otro régimen especial que le sea aplicable y asegurarse de cumplir con las acciones necesarias para determinar si está o no comprendido en alguna de las prohibiciones establecidas en ellos”.

De allí, que impugno la validez de la acordada que contesto, por estar emanada de un tribunal cuya integración está viciada y torna nulo el acto. Solicito así se resuelva.

III. Inmunidad de opinión. Falta de competencia

Mis colegas pretenden exigirme explicaciones por manifestaciones realizadas a la prensa en mi condición de ministro del Superior Tribunal de Justicia. Sin embargo, esta pretensión contraviene el artículo 249 de la Constitución del Chubut, que dispone que son inviolables por las opiniones que manifiesten los ministros en el desempeño de sus cargos.

De modo que no es lícito que sean interrogados sobre ellas, como ahora Uds. lo hacen. Así fue sentenciado en autos caratulados “Dres. Daniel Caneo, Fernando Royer y José Luis Pasutti s/Solicitud de Juicio Político c/Dr. Alejandro Javier Panizzi” (Expte. 043-CISA-2013), dictada por la Legislatura de la Provincia del Chubut hace escasos tres meses.

Las manifestaciones tomadas en cuenta por los reclamantes, se refieren principalmente a temas exclusivamente relacionados con la independencia del Poder Judicial.

También aludí a reuniones furtivas de Pasutti y Royer con funcionarios del poder político que bregaron con ahínco para obtener mi destitución que los ministros habían propiciado. Sin éxito, claro.

Mi investidura y mi ideología me obligan a rehusar presiones. Y aunque eso me ha cobrado alguna incomodidad, ésta siempre sería insignificante cotejada con la que le infligiría a mi conciencia el hecho de dejarme conquistar por ellas.

Por inofensiva que parezca vuestra protesta, intuyo que no deja de implantar una sutil, encubierta o sorda –y, desde luego, inaceptable– presión al ejercicio de la magistratura independiente y a la libertad de expresión de quienes la ejercen. Cualquiera que sienta algún respeto por la judicatura independiente debe repudiarla.

IV. Las cosas por su nombre

Como todos sabemos, sucedieron hechos graves que me impiden sustraerme de su referencia. Mis colegas de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia promovieron, en connivencia con el poder político, un juicio ante la Legislatura de la Provincia del Chubut que culminó con el rechazo de los cargos formulados por los denunciantes, que fueron desbaratados por la razón.

Debemos profesar la verdad y ajustar a la realidad la crisis puesta de manifiesto ante la sociedad durante ese proceso, porque de otro modo los hechos seguirán siendo injustificables. Es decir, hay que cambiar las malas prácticas que quedaron al desnudo.

Culpar a los demás de nuestras desdichas me parece una indignidad o un desacierto, en el mejor de los casos. De otro modo, la acusación puede provenir de alguien que padezca el trastorno de quien siente una excesiva e inmerecida complacencia en la consideración de sí mismo. O que espera ser reconocido como superior sin mostrar logros proporcionados y atribuye los fracasos a causas externas.

Uds. consignaron como “fundamento” en su Acuerdo Plenario que el Superior Tribunal de Justicia ha dictado normas que regulan “… el deber ser de sus miembros cuando poseen opiniones críticas o disidentes y establecido un estándar de comportamiento mínimo deseable…”. De lo que se sigue que expresar opiniones críticas o disidentes es un comportamiento indeseable.

Los ministros de la Sala Civil expresaron el vivo deseo de que yo sufra daño y me criticaron en muchas ocasiones, fuera del ámbito de la sala de Acuerdos y frente a los medios de comunicación masiva. ¿Porqué, entonces, nada dijo el Superior Tribunal de Justicia, en cada una de esas ocasiones?

En lugar, mis colegas censuran una crítica que hice, enderezada a defender la independencia del Poder Judicial y lo publican en el diario antes, incluso, de correrme traslado de dicha censura. Algo no está bien.

Que se me pida explicaciones por decir la verdad me parece propio de comportamientos arrogantes y soberbios e intolerantes a las críticas.

Como sabemos, hace más de un año mis declaraciones públicas y propuestas de cambio acerca de licencias, viáticos, ausencias, etc. han provocado divisiones, subdivisiones y feroces controversias entre jueces del Superior Tribunal de Justicia.

Personalmente, creo que el modo en que se encaminó ese conflicto generó una oportunidad formidable para que comience un proceso de cambio. Un progreso de modernización y de rendición de cuentas de los actos de gobierno del Poder Judicial, al propio tiempo de ratificar la necesidad de preservar su independencia (de los otros poderes y cualquier otro factor de poder). Especialmente, en estos tiempos, en que se pone en crisis la eficacia, la eficiencia y la fiabilidad de los jueces.

Cada vez son mayores los decibles de las voces que reclaman cuenta del funcionamiento de los tribunales. Estos reclamos no sólo alcanzan a las sentencias de los jueces sino que incluyen aspectos administrativos y hasta de ejecución presupuestaria.

Pero los cambios estructurales en el funcionamiento de los tribunales son arduos y sus operadores deben librar batallas de las más variadas coloraciones. Además de no contar con una visión estratégica, el Poder Judicial no suele verse a sí mismo como tal (como uno de los poderes republicanos). A ello se suma la característica de que sus miembros no somos políticos profesionales, sino jueces.

Jueces a los que los ciudadanos tienen desconfianza.

Creo sinceramente que esos factores son los que pueden hacer que el Poder Judicial recobre la legitimidad que le confiere la Constitución de la República.

Por eso, no tenemos que olvidar lo que sucedió. Al contrario de la actitud que asumió el Cuerpo, hay que tenerlo muy en cuenta y sacar provecho de ello.

V. Ofrezco explicaciones

Descuento, por el texto de la Acordada que Uds. admiten que no he faltado a la verdad, sino que cuestionan el sentido de mis palabras.

Lo primero que debo aclarar es que desconozco el verdadero motivo del pedido de explicaciones que me han hecho. Ignoro si se hizo porque me referí en forma crítica a la actitud de los ministros que –sin someterlo a consideración del pleno, celebraron el pedido de inspección de narices judiciales–, a las que califiqué como servil y obsecuente. O, en lugar, se me requieren porque aludí a la escasa consideración pública que se tiene del gobernador (como es conocido y repetido por todos en el seno de la sociedad chubutense). Si se tratara de esto último opino que es una muestra más de reverente sometimiento.

Me induce a sospecharlo, el hecho de que Uds. emitieron una Acordada de repudio a mis declaraciones y la publicaron en los medios, dejando en claro, de modo que no haya confusión en ello, que no piensan como yo cuando critiqué al gobernador.

Por razones de brevedad, me atendré a los tramos de las declaraciones que considero pudieron disgustarlos, ya que no quiero aburrirlos hablando excesivamente. Ni a mí, escuchando lo que ya sé que dije. Con ello bastará para que las explicaciones que me exigen surtan efecto.

Explico.

El gobernador Martín Buzzi obligó por decreto a todos los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo a someterse a una rinoscopia o análisis de sangre “para determinar el nivel de adicciones”. Afirmó también que quien no se lo haga deberá dejar su cargo.

Pero fue más allá. El Gobernador hizo una consideración terrible, dijo: “Quien se droga se vincula con la ilegalidad. Entonces, un funcionario que consume interactúa y tiene lazos con este ambiente. Hay que dar el ejemplo desde la política y decir claramente de qué lado estamos”.

Además pidió que se amplíe la medida a los poderes Legislativo y Judicial. Aseguró que los funcionarios que se nieguen a hacerlo “tendrán que tomar otro camino”.

Con ello puso en duda la probidad de los jueces y que éstos se vinculan con la ilegalidad, e interactúan y tienen lazos con el ambiente del narcotráfico.

El mandatario dijo que el decreto “responde a la pelea que estamos dando contra el narcotráfico. Si bien el consumo no está penado, los funcionarios tenemos la obligación de marcar una postura. En esto hay que poner la cara, pero también la nariz y la sangre…”.

Lejos de poner en ejecución una encendida defensa de la probidad de los miembros del Poder Judicial, al menos dos ministros del Superior Tribunal de Justicia han expresado (de un modo en demasía condescendiente) su complacencia con la exploración de nuestras cavidades nasales, propiciada por el Gobernador. Dicho en términos corrientes, es como si hubieran dicho: aplaudimos la medida y nuestras cavidades nasales estarán primeras en la fila de sometidos al control de consumo de drogas.

Opino que ese aplauso incondicional se asemeja más a una actitud servil y obsecuente al Gobernador, que a un acto de defensa de la independencia del Poder Judicial y de la honorabilidad de sus miembros. Y, sí, me da vergüenza.

Yo, por mi parte, expresé mi repudio y, además, critiqué con dureza esa actitud que opino fue obsecuente. Porque lo que el Gobernador hizo, pone en tela de juicio, como he dicho, la probidad de los jueces. Esos ministros, en lugar de defender la integridad moral de los miembros del Poder Judicial, aplaudieron exageradamente la intromisión gubernamental.

Más tarde, los cuatro ministros que ahora pretenden increparme, se sometieron al examen de narices, pero no por motu proprio, sino a instancias del Gobernador. Y eso, en verdad me avergüenza. Nadie cuestiona nuestras adicciones, lo que se objeta es el modo en que gastamos el dinero público y el servicio de justicia que prestamos. Colegas, mejor será que antes de nuestras narices revisemos otro tipo de cosas. Tal como dice el título del Diario de Madryn, cuyo ejemplar acompañaron Uds. al traslado: antes de hacerse una rinoscopia, mejor sería que digan en qué gastan los viáticos.

¿Esto es lo que les parece negativo en el plano ético profesional?

El periodista Carlos Di Filippo me interrogó acerca del juicio político al que fui sometido por la falsa denuncia de mis colegas y las prácticas repudiables en las que incurren los ministros de la sala Civil.

En efecto, reconocí ante la prensa que las relaciones entre los magistrados del Superior Tribunal de Justicia son pésimas y que los promotores del juicio político no renunciaron. Agregué que, tanto Pasutti como Royer, tendrían que haber renunciado por una cuestión de dignidad. Más abajo amplío estos fundamentos.

No hay ninguna objeción moral que puedan Uds. hacer a esa opinión (mayoritaria, por cierto) y, conjeturalmente, cualquiera que hagan, será repudiada por mí.

También dije que los actos que denuncié ante la prensa siguen sucediendo. No se implementaron controles sobre los gastos funcionales de los Ministros ni se autolimitaron las licencias ni los viáticos.

Desde mi reincorporación fueron pocas las veces que se lo vio a Royer en el Tribunal. A la semana siguiente de mi absolución, Royer se tomó licencia y Pasutti se fue a un congreso a Córdoba durante toda una semana. Luego ambos volvieron a tomar licencia nuevamente, en apenas tres meses. Nunca me explicaron ni socializaron la información de porqué Pasutti viaja, con viáticos, recurrentemente a la zona cordillerana.

No puedo llevar la cuenta de las veces que se ausentaron del Tribunal.

Repito que antes de hacerse una rinoscopia lo mejor sería que digan en qué gastan los viáticos, todo sigue igual y no tuvimos la capacidad de generar un espacio y debatir sobre lo que nos pasó, por lo que la política del Superior Tribunal de Justicia fue decir que aquí no pasó nada.

¿Está mal que lo diga?, ¿No es verdad, acaso?

Con relación a las declaraciones del presidente del Superior Tribunal de Justicia sobre que el tribunal puede funcionar con cinco miembros, también declaré que fue una de las primeras cosas que el propio Rebagliati Russell me dijo cuando me reincorporé, luego del juicio político: en mi ausencia, los cuatro ministros habían acordado plantear que el número de ministros quedara en cinco.

Ese mismo día Royer y Pasutti se reunieron furtivamente con el ex jefe de gabinete de ministros, Carlos Eliceche. Cuando fueron sorprendidos por la prensa frente a la casa de gobierno, mintieron que fueron para pedir que se cubriera la vacante de Caneo cuando la decisión de plantear que quedara en cinco, como quedó dicho, ya estaba tomada. Lo hicieron furtivamente porque no dieron cuenta de ella al resto de los ministros. Ni antes, ni después de la reunión. ¿Estas acciones deben evaluarse como algo positivo o son, como considero, algo realmente negativo desde el plano ético-profesional?

(Ver: http://www.defensachubut.gov.ar/prensa/?q=node/10057)

Antes de la primera reunión de acuerdo plenario, solicité a mis colegas de Sala, los doctores Pfleger y Rebagliati Russell que pidieran cuentas de la reunión secreta de los ministros civiles con Eliceche, para no tener que ser yo quien arrojara una piedra de discordia. Pero ellos hicieron caso omiso y nada se dijo sobre el asunto. Como tampoco se dijo nada en los sucesivos acuerdos. Nunca se dice nada.

También dije que el Superior Tribunal de Justicia no se puede funcionar con cinco magistrados sin cambiar la ley, “la Sala Civil podría funcionar con dos ministros pero la penal no porque aquellos jueces que juzgan luego deben votar y no podrían funcionar con dos magistrados porque si hay un empate no habría un tercero para definir”.

Es verdad que expresé que examinarnos las cavidades de las fosas nasales me parece una estupidez, ya que nadie ha cuestionado nada concerniente a las adicciones.

Aclaro algo. Yo dije que (como es de público y notorio) al gobernador se le cuestiona su inoperancia no la adicción a los drogas, de modo que mejor sería que se hiciera un análisis de aptitud, no de nariz.

No dije que yo lo cuestionara, declaré textualmente “digamos las cosas como son y sin hipocresías” y que es repudiable que se ponga en tela de juicio que los jueces puedan ser consumidores de cocaína y que sería más saludable trasparentar el modo en que gastamos el dinero de los gastos funcionales.

Cuando el periodista me preguntó si yo era un opositor del Gobierno de Martín Buzzi, respondí categóricamente: “No, un opositor, no. Yo soy un opositor de quien atenta contra la independencia del Poder Judicial ¿Cómo un gobernador va a insinuar que los jueces deben hacerse una análisis de rinoscopía?… Si el gobernador quiere extender y acentuar los exámenes de transparencia y escrupulosidad… para evitar la corrupción… ahí le doy la derecha”. Lo contrario implica un avasallamiento de la independencia del Poder Judicial.

Además, aclaré que yo no estaba enojado con Buzzi, sino con mis colegas que le “hacían el caldo gordo”.

Colegas, les pido también a Uds. que no seamos hipócritas.

VI. Exijo explicaciones

Las expresiones por las que ustedes se han preocupado se enmarcan en una actitud que no sólo es recta y conforme a la moral, sino que es coherente y consecuente con mis posiciones anteriores, conocidas por todos.

Lo que podría causar perplejidad –aunque no me la causa, porque el propósito de quienes suscribieron el acuerdo de referencia es muy claro y no ofrece dificultad para interpretarlo– es que Uds. me pidan explicaciones para “verificar la actitud ética de las expresiones aludidas”, cuando fueron los mismos que se opusieron a mi propuesta de implementar un plan para incrementar los principio de transparencia, escrupulosidad y autolimitación en el manejo que hace del dinero el Superior Tribunal de Justicia, de modo que sea ampliamente abierto a los ciudadanos.

Aprovecho también esta oportunidad que se me brinda, para dos cosas. La primera, poner en el tapete algunos asuntos que debieron estarlo hace tiempo y permanecen sigilosamente reservados y ocultos. La segunda, ofrecer reciprocidad a mis colegas y pedir expresamente explicaciones acerca de tales asuntos.

Sobre la base de los valores a los que ya aludí (propios, exclusivos y también falibles, pero siempre respetables), entreveo en el traslado que contesto, menos una crítica constructiva que el reflejo de cierto ofuscamiento. Idea que se intensifica, si se evoca que idéntica actitud que ustedes me objetan, ha sido puesta en acto por Uds. mismos. Esto formaliza toda una impertinencia, cuyo olvido podemos consumar sin riesgo para el servicio de justicia.

VII. Distintos parámetros para evaluar similares conductas

El pleno del Superior Tribunal de Justicia emitió formalmente una crítica de mis declaraciones y la difundió a los medios, pese a que los ministros se jactan en el Acuerdo de referencia de que el Cuerpo ha prohijado la resolución de las cuestiones internas por medio de su propia acción administrativa. Falacia que queda al descubierto con la difusión de la crítica del colega ausente.

Uds. me acusan de lo mismo que han hecho: refirieron en su extravagante Acordada que los miembros del Superior Tribunal de Justicia, “… cuando poseen opiniones críticas o disidentes y establecido un estándar de comportamiento mínimo deseable, sin perjuicio de las normas específicas al respecto”. Sin embargo Uds. han formulado una opinión ostensiblemente crítica de mis declaraciones y divulgan esa crítica sin ambages. ¿Debo considerar que Uds. creen contar con el derecho de opinión que pretenden cercenarme?

Por un lado sostienen: que Panizzi exprese críticas contra nosotros es negativo. Por el otro, nosotros proferimos críticas contra él y las difundimos por los medios y eso es positivo.

Cada una de estas dos proposiciones, de las cuales una afirma lo que la otra niega, no puede ser a un mismo tiempo verdadera y falsa, son contradictorias.

Esto por no mencionar, las durísimas invectivas de las que fui objeto de parte de dos de los paradójicos Ministros de la Sala Civil. Expresiones que fueron difundidas de las más variadas formas (entrevistas, comunicados de prensa de la Sala Civil y hasta una denuncia falsa ante la Legislatura).

Es decir, difundieron opiniones que exceden la crítica por medios periodísticos y otros espacios, pero se rehusaron a hablar de la frustrada denuncia que cometieron los ministros de la Sala Civil y de sus consecuencias institucionales, en el ámbito donde ellos sostienen que exclusivamente debía hacerse, en los acuerdos del Superior Tribunal de Justicia.

VIII. Examen ético

Quiero señalar algunas actitudes que verdaderamente son negativas en el plano ético-profesional:

Los denunciantes no renunciaron a sus cargos luego de la falsa denuncia (que contenía gravísimo e inexcusable desconocimiento del derecho), siguieron ausentándose excesivamente, y no resignaron las vacaciones acumuladas durante años.

No se generó un espacio de reflexión, sino que los ministros actuaron como si nada hubiera sucedido, no pidieron disculpas ni a mí, ni a mi familia, ni a la sociedad, luego del papelón al que sometieron públicamente al Poder Judicial de la Provincia en el juicio político instado en la Legislatura.

No existió la más mínima reacción de los demás ministros cuando el Gobernador dijo que el Superior Tribunal de Justicia es un gallinero, ni cuando dijo que estaba “repodrido de los jueces”. Sólo yo respondí y fui denunciado por hacerlo.

No la hubo cuando el ministro de Gobierno y Justicia Javier Touriñán (vocero del Gobierno en el conflicto con los jueces) dijo con respecto a ellos: “Decirle hijos de puta es poco”, ante los periodistas en la Casa de Gobierno (ver: Diario Jornada del 03/10/2013), entre otros durísimos términos.

Tampoco fueron censuradas las reuniones clandestinas entre los ministros que me denunciaron y políticos que los respaldaron, como Carlos Eliceche y Blas Meza Evans.

Es decir, la defensa de la independencia del Poder Judicial de parte de quienes ahora tienen el tupé de pedirme explicaciones, brilla por su ausencia.

En cambio, a mí se me pide explicaciones por unas declaraciones que repudian una actitud servil y de alineamiento con el poder político.

Podrán agregar ustedes algún ejemplo más a esta retahíla de adversidades que, en estos tiempos, nos acucian en el Superior Tribunal de Justicia.

IX. Conductas incompatibles con el cargo de ministro

Además de todo lo dicho y de la actuación deslucida que hicieron los denunciantes en la audiencia celebrada en el marco de los autos caratulados “Dres. Daniel Caneo, Fernando Royer y José Luis Pasutti s/Solicitud de Juicio Político c/Dr. Alejandro Javier Panizzi” (Expte. 043-CISA-2013), quiero hacer algunas referencias puntuales a esa funesta denuncia.

Para poder defender la independencia del Poder Judicial es preciso que quienes gobernamos el Poder Judicial dirijamos la vista hacia lo que la sociedad reclama que debemos ver; prestar atención a lo que se diga con respecto a los problemas, cuya solución nos ha encomendado la Constitución y expresar con palabras muy claras nuestro pensamiento democrático.

Porque lo que más afecta a la independencia es, precisamente, aquello que hace que el juez se aparte del camino recto.

Los doctores Pasutti, Royer y Caneo pidieron mi remoción del cargo por ejercer actos inequívocos de defensa de la independencia del Poder Judicial y de los hombres y mujeres que lo integran. Esto demuestra que se trata de magistrados de malas costumbres y procedimientos, que no cuentan con la dignidad para gobernar uno de los poderes del estado.

La denuncia contra mí, entre otras cosas, incluye los siguientes cargos:

1) Los ministros Royer, Pasutti y Caneo pidieron mi destitución porque repudié los escraches a los jueces y Fiscales, en sus domicilios, promovidos por el intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro. Por eso sostuve: “es lícito sancionar a un juez dentro de ese marco, ahora ir a apretar a un juez o a un fiscal con un escrache en su domicilio y ante su familia, me parece una canallada lisa y llana”. Peor que eso, Pasutti declaró ante la Comisión Investigadora que debió pedirle perdón a Di Pierro (supuestamente, en mi nombre).

2) También se me acusó de reclamar independencia para el Poder Judicial ante la Legislatura y haber pedido la derogación de la ley de porcentualidad, que tantos problemas ha causado, como ya lo sabemos, hasta el día de hoy.

Es sorprendente, yo denuncié un desapego terrible a las reglas de juego republicano y ellos lo emplearon como un cargo de remoción. De paso diré que el doctor Royer me llamó para felicitarme por este discurso, desde donde no sé se encontraba de viaje.

Es decir, que los denunciantes presentaron un claro reclamo de independencia del Poder Judicial como un agravio a los legisladores.

3) Luego de promovida la denuncia de juicio político, por razón de ella, el Gobernador Martín Buzzi dijo que el Superior Tribunal de Justicia es un gallinero y que está “repodrido” del accionar del Poder Judicial. A lo que yo respondí que “no son modales públicos propios de la investidura de un gobernador; referirse de ese modo a los jueces y al Poder Judicial me parece absolutamente desafortunado, sobre todo en un acto donde se estaba entregando un vehículo; no tenía nada que ver”. (Diario Jornada, 11/05/2013).

Por esta declaración, sobre un asunto de interés público, amparada también por la inmunidad constitucional del artículo 249, los ministros de la Sala Civil ampliaron la denuncia, presentando esos dichos como una “ataque” al Gobernador. ¿Eso no es contrario a la ética?

Con sinceridad, díganme ¿no son todos estos actos tremendamente negativos en el plano ético-profesional? (no es una pregunta retórica, exijo una respuesta).

No debemos olvidar que los magistrados del Poder Judicial, debemos ubicar nuestra acción en aras del primer mandato de la Constitución Nacional que instaló el deber de “afianzar la justicia”. Las defensas que puedan oponerse a la libertad de expresión, no deben practicarse de tal modo que desnaturalicen los propósitos que las inspiran, constituyéndose en medios de presión sobre la necesaria convicción e independencia de los magistrados. Creo firmemente en ello.

En conclusión, desapruebo el señalamiento que me han hecho mis colegas, en punto a expresarme con libertad, no por insolente, sino por inexacto. Pero esencialmente, por inaceptable.

Para que quede claro: no les pido clemencia, les exijo explicaciones.

Si quisieran ampliación de estas explicaciones, con todo gusto quedo a disposición del Pleno.

Aunque parezca ocioso, esta respuesta debe difundirse del mismo modo que el documento que la da origen (incluirse en el acta del próximo Acuerdo y difundirse por la red que llamamos “alljuschubut”, tal como han hecho Uds. con su Acuerdo). Por lo tanto, exijo igualdad de trato y no discriminación.

De todas maneras, como Uds. dieron a difusión dicho Acuerdo, haré uso de mi derecho de hacer públicas estas líneas.

Me despido de ustedes con un cordial y respetuoso saludo.

Rawson, 9 de diciembre de este año.

Alejandro Javier Panizzi