La gran cantidad de presos fugados en tan poco tiempo ponen de relieve los problemas de las cárceles argentinas.
Foto: http://www.spf.gov.ar/
Por Guido Laham
Los 90 presos fugados en solo 3 meses, el escandaloso escape de 13 detenidos de alta peligrosidad del penal de Ezeiza, la renuncia de Victor Hortel y la vuelta de Alejandro Marambio a la dirección del Sistema Penitenciario Federal, son los temas que en el último tiempo sirvieron para mostrar el momento crítico que viven hoy las cárceles argentinas. Sin embargo, las fugas ocupan un lugar pequeño en las explicaciones que dan los especialistas acerca de qué es lo peor que sucede en los lugares de detención y alojamiento.
“La fuga es una cuestión connatural a la persona que se encuentra privada de la libertad. La búsqueda de la libertad es permanente, sobre todo cuando los internos están sometidos a las condiciones de las cárceles en Argentina. El primer derecho del preso es fugarse. De todos modos si las condiciones de alojamiento fueran distintas a las que tenemos, este instinto natural podría verse mitigado de algún modo. Si hubiera condiciones dignas de alojamiento, los intentos de fugas serían menores”, dice el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Necochea y presidente de la Asociación Pensamiento Penal, Mario Juliano. Y agrega: “que tanta cantidad de personas logre escapar es muy sospechoso. Hay antecedentes que permiten pensar en niveles más complejos de complicidad que meramente la persona que se distrae o mira para otro lado”.
Si a la hora de escapar el preso utiliza la violencia (reducción de personal) o la fuerza (hacer un túnel, limar barrotes, etc.) la condena puede ir desde un mes a un año de prisión. De lo contrario, no hay pena.
Para Claudia Cesaroni, abogada criminóloga integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), en casi todos los casos de fugas hay corrupción, que puede ser monetaria o una decisión política de generar un hecho a través de esa fuga, pedir mejores condiciones de trabajo, por ejemplo. “Hace poco en Rio Negro se fugaron varios presos de una cárcel provincial, en un momento en que el personal penitenciario estaba haciendo una especie de retiro de colaboración. Esa es una manera de mostrar ‘si nosotros no trabajamos como corresponde, los presos se fugan’. Y eso genera una demanda en la sociedad y un temor, entonces se consigue mejor salario, más personal, cambios en las cúpulas, etc.”, explica Cesaroni.
¿Cuál es el principal problema que atraviesan las cárceles argentinas?
> “Las condiciones de alojamiento. Hay superpoblación, hay hacinamiento, hay malos tratos. La cárcel hoy en Argentina dista mucho del ideal constitucional. Estamos en las antípodas del ideal de la constitución”, afirma el juez Mario Juliano.
> “Hay muchos sistemas penitenciarios. Hay uno que es el Federal y cada provincia tiene el suyo, por lo tanto los problemas son diversos. Por ejemplo, en el ámbito del Sistemas Penitenciario Federal, no hay situaciones de hacinamiento, que es un problema que si se da en el provincial. Otro problema, que es común a todo el país es la alta cantidad de personas que están procesadas, que no deberían estar presas porque son inocentes hasta tanto se haga un juicio y se demuestre que son culpables. Y también la práctica de los malos tratos y la tortura, que es una práctica que todavía no se ha podido desterrar de las instituciones policiales y penitenciarias”, explica Claudia Cesaroni.
> “El análisis da para largo pero la sobrepoblación y el autogobierno de los Servicios Penitenciarios es el principal problema. De hecho (Víctor) Hortel quiso gobernarlos y lo eyectaron”, dice Gabriel Ganón, abogado, profesor de criminología en la Universidad Nacional de Rosario y Defensor General de Santa Fe.
> Hay que diferenciar entre el Servicio Penitenciario Federal y los provinciales. Los provinciales adolecen de viejas estructuras edilicias obsoletas, escasa capacitación del personal, casi nula inversión en tecnología, personal insuficiente, etc. El Federal, desde la reasunción de Alejandro Marambio ha mejorado y ajustado sus procesos de seguridad interna más electrónica, capacitación de personal, etc.”, opina Gabriel Iezzi, abogado penalista de empresas y ex docente de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires y la Escuela Superior de Policía Federal.
