En su primer vuelo a Santa Cruz tras la enfermedad que la obligó a cumplir con estrictas prescripciones médicas, entre ellas la prohibición de volar en helicóptero y avión, la presidenta Cristina Fernández volvió a utilizar las redes sociales –su cuenta oficial de Twitter– para expresar sus emociones y opiniones políticas. La definición más fuerte estuvo vinculada a la sucesión de acuartelamientos policiales y sus vinculaciones con los saqueos. Tras destacar los dichos recientes del arzobispo santafesino, José María Arancedo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina, quien había señalado que la policía «no podía dejar huérfana a la ciudadanía», la mandataria fue más allá y responsabilizó a efectivos de las fuerzas provinciales de instigar e inducir a cometer robos. «Tampoco puede organizar a la delincuencia para robar a gente y comercios, instalando miedo y terror. ¿Con qué fin? Los hechos se explican por sí solos, y los personajes políticos que aparecieron, también», advirtió la jefa de Estado.
La serie de tuits de la presidenta, como en los mejores tiempos, avanzó luego con detalles de la investigación que está llevando adelante el ministerio público en la provincia de Entre Ríos. La labor de los fiscales, tanto en esa provincia como en todos los distritos que sufrieron sublevaciones policiales y saqueos, es imprescindible para la acción de la justicia. Ante delitos de acción pública, como fueron los episodios de los últimos diez días, son los fiscales quienes deben iniciar las denuncias e impulsar procedimientos, detenciones, allanamientos. La mandataria contó –como informó Tiempo Argentino en su edición del viernes– que los fiscales entrerrianos Fabio Zabaleta y Germán Dri habían ordenado el allanamiento del domicilio de la madre de un suboficial de la policía local. En la vivienda, ubicada en Concordia, se hallaron electrodomésticos y herramientas bastante costosas.
En su comentario a través de las redes sociales, la jefa de Estado citó los hechos –que tuvieron una amplia difusión en Entre Ríos– a partir de una nota del portal de noticias Minuto Uno. «Encontraron varios lavarropas automáticos, una hidrolavadora, una aspiradora, un motor eléctrico y varias herramientas posiblemente sustraídas de locales comerciales de la avenida Tavella. El cable informa que el sargento Valdez, nombre del policía, es uno de los que en la noche del domingo de los robos ingresó a Jefatura Departamental y sujetó por la espalda al comisario Nelson Vega, subjefe de esa Repartición, y golpeado por otros efectivos», divulgó Cristina a través del Twitter. La presidenta dijo que ese episodio demostraba que el contenido de su discurso pronunciado el martes, en el Museo del Bicentenario, había sido correcto. En aquella ocasión, con motivo del 30º aniversario de la democracia, Cristina aseguró que las protestas policiales y los saqueos no se habían multiplicado «por contagio», sino que habían sido «planificados y ejecutados con precisión quirúrgica».
Ayer, mientras volaba hacia El Calafate junto a sus hijos Máximo y Florencia, la mandataria dijo que el allanamiento en Concordia «confirmaba definitivamente» lo que ella había expresado en el acto del 10 de diciembre. Además, la jefa de Estado pidió que todos los fiscales con jurisdicción en zonas que hayan sufrido saqueos y acuartelamientos actúen con la misma diligencia que Zabaleta y Dri. El mismo pedido de celeridad transmitió a los jueces y miembros del Poder Judicial. «Necesitamos muchos fiscales más como Zabaleta y Dri de Entre Ríos, también jueces que actúen y juzguen rápidamente», subrayó. Anoche, en declaraciones radiales, el diputado Eduardo «Wado» De Pedro sumó su voz a la sospecha de que detrás de la saga de levantamientos de uniformados hay sectores políticos y económicos que «quieren generar desestabilizaciones». «No es casual que todos los 10 de diciembre haya saqueos porque no hay situaciones objetivas que digan que tenga que pasar siempre eso. Tenemos a un sector de poder que está acostumbrado a mandar mensajes al gobierno cuando no hace lo que quieren ellos. Y desde que asumió Cristina están pasando mensajes», evaluó.
La hipótesis de que las policías provinciales se implicaron como instituciones en la creación de zonas liberadas no está probada aún. Esa alternativa es materia de investigación. Lo que sí está probado, por lo menos en el caso de Entre Ríos, es que artículos robados aparecieron en las viviendas de agentes de tránsito, del Servicio Penitenciario y de la policía provincial establecida en Concordia. «En otros allanamientos continúan apareciendo vinculaciones de agentes de la fuerza de seguridad y empleados públicos con los saqueos a comercios. Se encontraron artículos robados en viviendas de agentes de tránsito y del Servicio Penitenciario», dijo Zabaleta. “Hay policías que son indiciados como que pudieron estar en los saqueos o recibieron artículos», coincidió Dri, el otro fiscal que interviene en la investigación de los hechos sucedidos en Concordia. Los miembros del ministerio público contaron que están revisando grabaciones de los canales de TV locales para identificar nombres.
En el Ejecutivo, al igual que en la Procuración General de la Nación, reconocen que si los gravísimos hechos que sucedieron en los últimos diez días a lo largo del país no son castigados por la justicia, se estaría enviando un mensaje muy negativo a la sociedad. Incluso podría acarrear riesgos para la gobernabilidad. «
Salta
El jefe de la Policía de Salta, Marcelo Lami, acordó el fin de la protesta policial mediante el compromiso de que, por única vez, no habrá sanciones para quienes adhirieron a las medidas de fuerza, encaradas por cuestiones salariales.
«Quiero agradecer a la policía de la provincia, que desde el lunes entendió que debía estar en su puesto de trabajo y por eso Salta sólo vivió momentos de tensión menores», expresó Lami, quien insistió: «La policía siempre estuvo presente.»
El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, aseguró que el 90% de la fuerza estaba cumpliendo funciones de manera normal.
La Pampa
El sector policial que el miércoles a la madrugada se acuarteló en Santa Rosa resolvió en las últimas horas levantar la medida tras aceptar la propuesta del gobierno provincial de un aumento del 19 por ciento en el salario de bolsillo y del ítem «dedicación exclusiva».
Pasada la medianoche, los policías que habían tomado la sede de Jefatura de la Policía de La Pampa tras una movilización en reclamo de doce puntos, resolvieron levantar el autoacuartelamiento que se extendió por un día, y motivó la llegada de gendarmes enviados por el gobierno nacional para garantizar la seguridad.
los fiscales de acuerdo
Los fiscales y procuradores generales de todas las provincias argentinas acordaron ayer en la ciudad de Córdoba, articular el trabajo de prevención de nuevos hechos delictivos que alteren el orden público y la paz social, además de darle máxima celeridad a la investigación de los acontecimientos ocurridos en los últimos días.
Lo hicieron al término del acto de inauguración de un laboratorio de investigación criminal que completa la Primera Red Nacional de Investigación Forense, del que participó el ministro de Justicia, Julio Alak.
La «Declaración de Córdoba», que lleva las firmas del fiscal general de San Juan y presidente del Consejo Federal de Política Criminal, Eduardo Quatropani, y del fiscal general de Jujuy y titular del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, Alejandro Ficoseco, expresa la decisión de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal de todas las provincias del país de «fortalecer las estructuras de los ministerios públicos fiscales para realizar la más estricta y eficiente investigación de los hechos (saqueos, alteraciones del orden público, etc.) ocurridos en sus respectivas jurisdicciones, para garantizar la aplicación de las sanciones correspondientes». A la vez, «articular con el Poder Ejecutivo de cada provincia políticas de persecución penal para dar a la sociedad una clara señal de la vocación del Estado de castigar todo tipo de hecho delictivo como los sucedidos en los últimos días».
Por último, el Consejo Federal de Política Criminal y el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, propone «coordinar, con la intervención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la actuación de los Ministerios Públicos Fiscales de cada provincia para establecer una respuesta uniforme a las acciones que reconozcan una misma naturaleza».
Además de Alak, participaron del encuentro los procuradores generales de Buenos Aires, María del Carmen Falbo; de La Pampa, Mario Bongianino; de Salta, Pablo Viñals; de Córdoba, María Cáceres; de Santa Fe, Agustín Basso, y de San Luis, Fernando Estrada.
Domínguez
«No hay derecho que quienes tienen la tarea de llevar tranquilidad ciudadana, la alteren. Las fuerzas de seguridad tienen la responsabilidad de garantizar la paz social.” (Julián Domínguez)
