La Justicia tucumana ordenó la detención de nueve policías provinciales a los que se acusa como autores mediatos de una serie de delitos cometidos durante la ola de ataques a comercios y viviendas ocurridos cuando esa fuerza abandonó el servicio para reclamar aumentos de salario. Las detenciones se produjeron entre el viernes a la noche y ayer en distintos domicilios de San Miguel de Tucumán. Los uniformados fueron trasladados a Tribunales, donde comenzaron a prestar declaración indagatoria ante los fiscales Diego López Avila y Adriana Giannoni. Si bien no trascendieron los nombres, se sabe que al menos uno tiene el rango de comisario. Los fiscales entrerrianos Fabio Zabaletta y Germán Dri, en tanto, encontraron en la casa de un policía un electrodoméstico que habría sido robado durante los saqueos ocurridos en esa provincia.
Los hechos en Tucumán ocurrieron entre lunes y martes, cuando las calles se convirtieron en tierra de nadie producto de una medida de fuerza iniciada para reclamar mejoras salariales, objetivo que finalmente consiguieron cuando el gobierno, luego de intensas negociaciones, les otorgó un aumento del 35 por ciento. El acuerdo elevó a 8700 pesos el sueldo inicial de un agente, el menor rango de la fuerza, pero generó una fuerte fractura entre los uniformados y la sociedad, en tanto el gobernador José Alperovich dijo que fue víctima de “una extorsión”.
La sublevación de los policías tucumanos comenzó al domingo a la noche en el edificio de la subjefatura, donde funciona el estratégico sistema del 911. Mientras los policías permanecían autoacuartelados, distintas bandas se dedicaron a saquear comercios, supermercados, distribuidoras y hasta casas de familia en la capital tucumana y en las localidades de Famaillá y Yerba Buena. El caso generalizado derivó en que los vecinos se armaran y levantaran barricadas en las calles para protegerse de los ataques. Los saqueos e incidentes se prolongaron hasta el martes, cuando los policías lograron finalmente su objetivo.
El gobierno provincial, a través del fiscal de Estado Jorge Posse Ponessa, presentó en los tribunales penales una denuncia por sedición contra policías debido a la modalidad de protesta adoptada. A partir de ese momento diferentes fiscales comenzaron a trabajar para lograr identificar a los saqueadores y determinar la responsabilidad de los policías en esos ataques. Luego de tensas jornadas que provocaron la muerte de cuatro personas y casi un centenar de heridos, además de pérdidas millonarias por los ataques a comercios y viviendas, el gobernador Alperovich aceptó la renuncia del jefe de policía Jorge Racedo y designó en su reemplazo a Dante Bustamante.
En las primeras horas de ayer, representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron la detención de nueve efectivos, que finalmente ordenó la jueza de Instrucción Mirta Lenis de Vera, según trascendió en medios provinciales. El gobernador Alperovich, por su parte, informó que hay medio centenar de detenidos por los saqueos y que se hicieron más de cien allanamientos para buscar la mercadería robada. “Estamos tratando de perseguir a todos los responsables y queremos que paguen por lo que hicieron”, sostuvo el gobernador. La figura de autoría mediata implica que alguien colabora o instiga con su accionar para que se cometan determinados delitos como robos, lesiones y hasta homicidios.
En Entre Ríos, durante un allanamiento realizado ayer por la mañana, los fiscales Zabaletta y Dri encontraron un equipo de aire acondicionado portátil en la casa de un policía de apellido Rodríguez. Su vivienda había sido señalada por testigos como uno de los lugares en donde se habrían descargado productos robados durante los saqueos.
El fiscal Dri relató a la agencia Télam que “se realizaron varios allanamientos en casas de funcionarios públicos” y en ese marco llegaron a la “de un policía donde se encontró un artículo” que pudo haber sido robado. Explicó que los integrantes de la vivienda allanada no pudieron justificar la compra de ese electrodoméstico y que fue el hermano del policía quien dijo haber comprado el equipo de aire a un chico en la calle, en la esquina de su casa, por 200 pesos. El viernes a la noche se habían realizado otros allanamientos durante los cuales se secuestró, entre otras cosas, un colectivo con varios elementos robados en su interior. Dri explicó que muchos funcionarios policiales fueron denunciados por testigos anónimos y que la fiscalía se encuentra trabajando sobre pruebas gráficas y audiovisuales para intentar avanzar sobre pistas que surgen de las denuncias. El jueves, los fiscales habían detectado una serie de artículos robados en una vivienda perteneciente a un familiar de un sargento.
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