La rebelión policial que prendió en varias provincias durante los últimos días volvió a poner en agenda el debate sobre el derecho y la viabilidad de una fuerza pública armada por acceder a alguna forma legítima y legal que la represente en sus reclamos, y de fondo, la hora de aplicar una reforma estructural de la institución, tradicionalmente militarizada. El gobierno provincial desestima la posibilidad de otorgar derecho a la agremiación de sus uniformados. El ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, reveló que la coyuntura apuró la constitución de los comités mixtos de higiene y seguridad, con representantes que los policías elegirán de sus propias filas, por voto secreto. «En dos o tres meses, deberían estar funcionando y esa será una primera instancia de diálogo, inédita en el país», destacó. En Diputados aguarda desde mediados del año pasado un proyecto de ley que aborda esta cuestión y que perderá estado parlamentario cuando concluya el período de extraordinarias. Su autor, Eduardo Toniolli, quiere reflotarlo pero en el marco de «una reforma policial integral» que apunte a desarticular el histórico autogobierno de la institución, que hoy cuenta con unos 18.000 hombres en toda la provincia.

Lamberto explicó que en este debate abierto la posición oficial es la decisión contenida en el Plan de Seguridad Democrática presentado el año pasado, y que apunta a crear comités mixtos de seguridad e higiene en el trabajo de policías y agentes del Servicio Penitenciario. Esta medida ya tiene resolución del Ejecutivo, y en el decreto de esta semana con la que Antonio Bonfatti puso punto final a la rebelión también se instó a habilitar los registros de postulantes en cada una de las 19 unidades regionales que aún persisten. De esas nóminas la tropa elegirá por voto secreto y universal a sus representantes que integrarán los comités de seguridad e higiene. «Santa Fe es la primera provincia en prever esta instancia de diálogo en la que se discutirán las condiciones del trabajo policial y penitenciario, que delinea la representación válida de la fuerza y le da legitimidad a sus demandas. También servirá como una instancia para contener asuntos relacionados con lo salarial», dijo Lamberto a Rosario/12. «En dos o tres meses deberían estar implementados», agregó el ministro.

Desde otro punto de vista, el diputado Toniolli interpretó que los alzamientos policiales empezaron como reclamos válidos y que acabaron mostrando «vocación sediciosa, con saqueos disparados por esa misma lógica». Por eso, el autor del proyecto de ley de sindicalización policial y penitenciaria para Santa Fe propuso «discutir ahora sí de una vez por todas la necesidad de desarticular el autogobierno policial. La democracia tiene autoridades constituidas por voto popular y es la que tiene que conducir a la policía en todos sus distritos», indicó.

El legislador kirchnerista promovió un paquete de medidas que abordan la cuestión policial. El único que obtuvo aprobación ha sido la creación de un organismo de investigación policial por fuera de toda autoridad de la fuerza, y a las órdenes directas del Ministerio Público Fiscal de la provincia, hoy a cargo del fiscal general Julio De Olazábal. Lo que vulgarmente se le ha dado en llamar «la policía judicial». Otra iniciativa es la quita de la facultad que hoy se arroga la policía de interrogar a los detenidos y que esa acción tenga valor en el expediente como una declaración indagatoria. La última propuesta es la que apunta a conceder ciertas formas de sindicalización de policías y penitenciarios. Este proyecto, que no ha sido atendido aún por la agenda política pero que los sucesos de la semana pasada desempolvaron, apunta a modificar la ley 12.521 que establece las funciones y atribuciones del personal policial. En este sentido, propone habilitar la constitución de «organizaciones sindicales para la defensa de sus intereses profesionales, así como afiliarse a las mismas y participar activamente de ellas en los términos previstos en la legislación». Pero en el mismo gesto de apertura, el proyecto marca el límite particular del servicio esencial que detenta la fuerza de seguridad pública: «No podrán ejercer en ningún caso el derecho de huelga, ni acciones sustitutivas del mismo con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios». En la misma dirección, la iniciativa propone que «las licencias gremiales que se otorguen al personal policial se rijan por las disposiciones pertinentes vigentes para el personal de la administración pública provincial».

La idea persigue la necesidad que en los últimos días marcaron distintos protagonistas y observadores de la asonada policial: la falta de oficio político, de coordinación, y de representantes propios que demostró el colectivo de agentes y suboficiales para saber conducir la discusión de su reclamo salarial.

Toniolli aclaró que «lo primero sería discutir seriamente una reforma policial integral, que erradique el autogobierno de la fuerza, y no largar sólo con la agremiación porque eso solo alentaría la vocación corporativa de los sediciosos». El legislador se pronunció «conceptualmente de acuerdo con el derecho de sindicalización, pero con limitaciones a discutir y en el marco de una reforma que garantice una policía con mayor conducción política y mayor control social de la misma». En ese sentido, reiteró su objeción de que los policías sospechados de delitos sean investigados por colegas, como los de Asuntos Internos.

Toniolli propuso abrir este debate. «No era común que en política se planteara esto, es mejor tener ámbitos orgánicos de representación, con acceso a paritaria, y no propiciar conspiraciones. Podría darse la figura del defensor que tiene la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que canaliza los reclamos del personal. La cuestión central es romper el autogobierno», concluyó.

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